La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) publicó el tercer informe del Índice Municipal de Rendición de Cuentas (IMRC) 2015, en el que 15 de 84 municipios obtuvieron porcentajes reprobatorios.

Con cero de calificación, Actopan, gobernado por el priísta Gregorio Hernández, encabeza la lista de ayuntamientos que entregaron informes trimestrales (junio-septiembre) deficientes.

El IMRC es publicado en el portal de internet de la ASEH en días posteriores a que da a conocer cuáles ayuntamientos entregaron su reporte trimestral. El índice se mide de cero a 100 por ciento, aprobando o desaprobando la información financiera emitida por los sujetos obligados, que es utilizada para elaborar la auditoría anual presentada cada año ente el Congreso local.

En la lista de omisos le siguen municipios gobernados por Acción Nacional; Tlanchinol, con una calificación de 1.19 por ciento, donde es edil Gabino Hernández Vite; así como Tenango de Doria, con 12.39 por ciento, administrado por Alejandro Barraco Flores.

Con 16.73 por ciento se encuentra San Bartolo Tutotepec, del perredista Sergio García Monter; Mineral del Monte, con 29.16; La Misión, 31.60; Tlanalapa, 38.33; Atitalaquia, 39.62; Tepeapulco, 40.15; Huejutla, 44.64; Cuautepec, 46.10; Zimapán, 51.60; Xochiatipan, 55.27; Tepetitlán, 55.63, y Emiliano Zapata, con 59.77 por ciento de calificación.

En contraparte, 29 municipios tuvieron un porcentaje de ciento por ciento, lo que representa que la información que presentaron cumple con los criterios establecidos por la ASEH.

Estas localidades son Alfajayucan, Almoloya, Atlapexco, Atotonilco de Tula, Cardonal, Chapantongo, Chapulhuacán, Eloxochitlán, Tepehuacán de Guerrero, Tepeji, Tetepango, Tizayuca, Tula, Villa de Tezontepec, Zacualtipán.

Asimismo, Zapotlán, Huasca de Ocampo, Huazalingo, Huichapan, Jacala, Juárez Hidalgo, Metztitlán, Mineral del Chico, Nicolás Flores, Nopala, Omitlán, San Agustín Metzquititlán, San Agustín Tlaxiaca y Lolotla.

El objetivo del IMRC, implementado un año por el órgano fiscalizador, es medir y evidenciar la información que entregan los sujetos obligados (alcaldes, encargados de dependencias paraestatales y organismos descentralizados) al órgano fiscalizador del estado.

Al obtener un porcentaje bajo, significa que la documentación entregada es deficiente.