General Cepeda, Coahulia.– El viento levanta una cortina de arena por entre las casas de este ejido sentenciado a morir. Hace año y medio, sin que ninguno de sus ciento cincuenta habitantes lo supiera, un empresario ordenó gestiones con el propósito de abrir un confinamiento de residuos peligrosos a pocos metros de distancia. La llanura detrás del caserío donde habrá de construirse se perdería en el horizonte a no ser por la cadena de montañas que se extienden hacia el sur como un ramal de la Sierra Madre Oriental. El largo muro natural no sólo sirve como referencia en la inmensidad del desierto, sino que ha contribuido por siglos a fraguar mantos subterráneos cuyos espejos de agua se encuentran a trece metros de profundidad. En una entidad que va secándose veloz, esas reservas constituyen un verdadero tesoro.
El ejido Noria de la Sabina ha permanecido inmutable a través del tiempo. José Santos Pérez lo recuerda sin cambios significativos en más de medio siglo. “Es el mismo paisaje de cuando era niño y salía a buscar animales”. Santos habla entornando los ojos que apuntan a las montañas, esforzándose por las imágenes del recuerdo en las que se descubre como la única pieza modificada. “Vivimos fregados, pero a gusto. Aquí hemos vivido toda la vida y no hay otro lugar al que quisiera irme. Véame: me hice viejo, tengo 62 años y esta es la tierra en la que me quiero morir”.
El hombre sostiene una bola de fibra de lechuguilla secada al sol, un enjambre con el que se harán hogazas de estropajo casi ingrávido. Necesita vender entre treinta y cuarenta y cinco kilos por semana para sobrevivir, es decir, unos 800 pesos. El agave de lechuguilla es una de las plantas emblemáticas de la región. En otras latitudes se le extrae el jugo para fermentarlo hasta lograr un aguardiente parecido al sotol, pero aquí la planta es la fuente del áspero hilo con el que también se producen cuerdas tan fuertes como el cable. Noria de la Sabina es parte de una docena de ejidos que rodean el área donde se prepara el confinamiento. Sus habitantes se nutren de tres mil hectáreas sembradas del agave, el alma principal de su economía.
La densidad de habitantes en Noria de la Sabina es tan pobre como el entorno erigido. Una docena de casas se esparcen sobre la tierra sin calles, con la misma arbitrariedad con la que se construyó el pequeño jardín de niños y las dos aulas de la única primaria, al lado de una capilla de adobe levantada sin más gracias que la del fervor. El resto de los ejidos son una réplica casi exacta, dispuestos a uno y otro lado de la carretera 40, la histórica ruta que conecta a Saltillo con Torreón. La desolación del paisaje es un contraste rotundo con lo que fue sesenta millones de años atrás, en el cretácico superior. General Cepeda y el resto de Coahuila guardaban mayor semejanza con las selvas asiáticas de hoy, y ostentaba una vida plagada de reptiles gigantes, cuyos fósiles la hicieron rica en reservas de gas y carbón.
El carbón engendró desde hace un siglo corporaciones que mantienen procesos de extracción brutales y que han costado la vida de miles de mineros. Es un sistema que ha violado todo derecho humano, pero al que ninguna autoridad ha querido frenar. La razón es la industria millonaria que se teje. La región, de unos 16 500 kilómetros cuadrados, aporta 95 por ciento del carbón nacional. Pero no sólo eso: también posee un par de cuencas, la de Burgos y Sabinas, ricas en gas esquisto, el hidrocarburo llamado a convertirse en el principal detonante de electricidad.
Es la razón por la que los yacimientos de gas provocan codicia. Descubiertos en la década de 1990, las cuencas constituyen la cuarta reserva mundial de gas conocida hasta hoy. Pero no es sino a partir de la reforma energética que se congregaron empresarios y políticos en torno al único negocio que les será posible: el de la venta de servicios y asesoría para las trasnacionales que llegarán a explotar el recurso. El depósito proyectado en General Cepeda se enmarca en esa lógica. La terminología técnica y jurídica refiere que allí habrá de enterrarse material corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, o aquellos que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad; además envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados.
La empresa que promueve el confinamiento se llama Sociedad Ecológica Mexicana del Norte S. A. de C. V. (SEMSA), cuyo presidente, Daniel Colvert, es un empresario al que los ejidatarios hallaron intereses personales y económicos con el exgobernador de Coahuila Rogelio Montemayor Seguy, a quien Ernesto Zedillo nombró director de Pemex en 1999. Él es uno de los altos ejecutivos de la paraestatal implicados en 2002 con el desvío de fondos a favor del candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida Ochoa, lo que se conoce como Pemexgate. Montemayor preside el clúster Minero-Petrolero de Coahuila, una asociación civil en la que participan el actual gobernador Rubén Moreira, diecisiete alcaldes y la Universidad Autónoma de Coahuila. El clúster pretende, entre otros, el desarrollo de alianzas estratégicas en torno a la industria que detonará la explotación de las cuencas. Un negocio, ha declarado el mismo Montemayor, que dejará una derrama de 40 000 millones de dólares en los próximos quince años.
El clúster prevé que Coahuila será una entidad latiente, con alrededor de cinco mil pozos en operación constante. Para que ello suceda, sin embargo, se necesitará fracturar la tierra con agua y compuestos químicos inyectados a gran presión. Lo que ello genere terminará almacenándose en confinamientos como el que se busca construir en las inmediaciones del ejido Noria de la Sabina, el lugar en el que campesinos tan pobres como José Santos Pérez constituyen el grueso de la oposición, sin más recurso que la moral.
CON DINERO BAILA LA LEY
En la primavera de 2011, un desconocido comenzó a rondar por las comunidades pegadas a la carretera 40, muy cerca de Noria de la Sabina. No pasó mucho tiempo antes de que se presentara como Javier Calderón. El hombre fue ganándose la confianza de los residentes y poco después organizaba con ellos carnes asadas, y les llevaba despensas y juguetes para sus hijos. En un inicio, Calderón dijo que era un particular interesado en las tierras colindantes. Después se sabría que era el representante legal de SEMSA, la empresa que se propone construir el confinamiento.
Mediante esa táctica, Calderón convenció a una parte de los ejidatarios del kilómetro 40 para que le vendieran el derecho de paso a los 5 millones de metros cuadrados (equivalentes a quinientas hectáreas) que terminó adquiriendo para la empresa de Daniel Calvert. La maniobra, sin embargo, fue descubierta hasta octubre de 2014, cuando SEMSA había cubierto la totalidad de trámites requeridos por autoridades federales y del ayuntamiento local, que terminaron por otorgarle los permisos de construcción.
“Fueron noticias fragmentarias, no muy claras, algunas de ellas confusas, que apuntaban a que había el proyecto de un confinamiento de residuos industriales en la región y que era un hecho consumado, que ya no había nada qué hacer, salvo tratar de vigilar su construcción y su operación. Así empezó todo”. Es el resumen que ofrece sobre ello José Luis García Valero, miembro del Comité Ciudadano de Vigilancia, una de dos organizaciones nacidas en General Cepeda para oponerse al depósito.
García Valero es un activista hecho en las confrontaciones contra el poder. A comienzos de la década de 1980 llegó junto con su esposa a la región lagunera para trabajar con ejidatarios bajo la sombra de Teología de la Liberación y la Línea de Masas, el precepto maoísta que establece la liberación de los individuos a partir de su propia experiencia. En ocho años establecieron cooperativas campesinas en una veintena de ejidos, hasta que fueron embestidos por el entonces gobernador Óscar Flores Tapia, quien ordenó el encarcelamiento de dos sacerdotes afines al movimiento y destrozó la vida del matrimonio, que terminó perdiendo a su primogénito. En 1984 García halló refugio en General Cepeda, donde posee un rancho de temporal de veinticuatro hectáreas. Reconstruyó a la familia, pero ahora ha vuelto a verse las caras con el poder.
“Lo primero que tuvimos en las manos fue parte del resolutivo que expidió la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat. Nos lo entregó la empresa, fragmentado, para que solamente supiéramos lo que ella quería que supiéramos”, dice García enfatizando lo que advierte como la muestra de intereses que fueron tejiéndose en las altas esferas del gobierno federal. “Más tarde obtuvimos el documento íntegro y vimos que el resolutivo sacó a la luz una serie de situaciones que nos alertaron: opacidad, ocultamiento de información, trabajo en lo oscurito… conforme fuimos indagando, descubrimos que la compra del terreno para establecer el derecho de paso con el confinamiento databa de 2011. Después ya vimos que la solicitud había comenzado en mayo de 2014 y que se había soslayado un asunto fundamental, que es la consulta ciudadana”.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitió el 18 de julio de 2014 el resultado de la evaluación de impacto ambiental que confiere licencia para continuar con la realización del confinamiento. Cinco días después de esa fecha, Calderón firmó el acuse de recibo de las setenta fojas que conforman el estudio. En los puntos tres, cuatro y cinco del resolutivo, la Secretaría vacuna a la empresa contra acciones futuras de los habitantes de la zona, prodigándole sustento legal. En ellos dice que “el promovente” cumplió con la ley al presentar el recorte del periódico El Heraldo de Saltillo, en cuya página 7-B del 21 de mayo enteró públicamente sobre los generales del proyecto. La Semarnat recibió ese escrito el 27 de mayo, y el 29 resolvió que nadie promovió su derecho a una consulta ciudadana dentro del tiempo concedido por las leyes. El punto es que el mismo documento señala que ese tiempo es de diez días, no de nueve, y además omitió otro dato fundamental: ese diario no circula en General Cepeda.
Los rumores sobre las anomalías que rodean la construcción del confinamiento llegaron a la cabecera municipal en noviembre. Javier Calderón, para entonces identificado como director general de SEMSA, dejó de lado la seducción con festines y regalos. Simplemente dijo a los pobladores que lo encararon que el confinamiento cubría todas las especificaciones para operar sin riesgos ambientales ni daños a la salud pública y que, por el contrario, llevaría desarrollo y empleo para el municipio. Pero algo no cuadró a los residentes.
“Le preguntamos si había riesgos porque los mantos acuíferos están cerca. Dijo que no, que los estudios que mandaron realizar dicen que ni a quinientos metros hay agua. Entonces nosotros dijimos: ¿ni a quinientos metros hay agua! Allí comenzamos a sospechar, porque el agua corre a veinte metros por esos ejidos”.
Severo Reyes Mendoza está sentado sobre la acera del parque frente al edificio del gobierno municipal, desierto a mediodía de ese sábado en el que habla sobre el tema. El alcalde Rodolfo Zamora Rodríguez suele tomarse descansos de fin de semana, y junto con él, la mayoría de los funcionarios a su cargo, dice. Lleva puesta una camiseta negra con la leyenda en blanco del movimiento al que decidió integrarse: “Yo soy General Cepeda y no soy basurero de nadie”.
Esta es la segunda ocasión en la que Zamora es presidente municipal. La primera, a finales de la década de 1990, el agua fue también punto de controversia cuando, sin facultad para ello, ofreció el suministro al municipio de Saltillo. Los ejidatarios armaron una revuelta que frenó sus intenciones. Pero al mismo tiempo, Zamora era señalado por utilizar vehículos oficiales para asaltar el tren en la Estación Hipólito. Los crímenes, señalan informes periodísticos, quedaron impunes debido a la intervención del entonces gobernador Rogelio Montemayor Seguy, el presidente del clúster Minero-Petrolero de Coahuila.
Zamora cuenta con una red política más allá del exgobernador. Su primo hermano, Víctor Zamora Rodríguez, es el actual secretario de Gobierno en el estado, y entre sus dos mandatos uno de sus hijos fungió también como presidente municipal en General Cepeda. Con ello en mente, Severo y otros habitantes concluyeron que la única alternativa era unirse en un mismo reclamo, y en unos días levantaron firmas entre vecinos y emprendieron una primera marcha con no más de cuarenta individuos. Terminaron en las oficinas de Zamora, quien los recibió con fingida disponibilidad. Lo que les dijo el alcalde terminó por congregar movilizaciones que hoy suman a cientos de opositores.
“Le preguntamos si sabía sobre el confinamiento”, cuenta Severo sobre aquella reunión. “Nos dijo que no sabía nada y nos prometió información en cuanto la tuviera. Pero en junio de 2014 él ya había firmado unos documentos donde queda manifiesto que sabía del confinamiento, porque otorgó permisos para el cambio de uso de suelo, de rural a industrial. Entonces, cuando vemos el oficio de la Semarnat, en el que dice que se había sacado una circular en el periódico El Heraldo —que no circula por aquí— y decía que se había hecho una consulta entre la ciudadanía, pues no era cierto, ¡aquí no se consultó a nadie!”.
CÍRCULO DE IMPUNIDAD
Daniel Calvert Ramírez es un viejo conocido de los ambientalistas de Coahuila, que lo han combatido sin éxito por más de una década. Como cabeza de Ecolimpio de México S. A. de C. V., otra de sus empresas, Calvert opera desde 1999 un confinamiento de residuos peligrosos en el municipio de Arteaga. La instalación recibe cinco mil toneladas mensuales de lodos impregnados de hidrocarburos y metales pesados como plomo, arsénico y cromo. Lo que agrava la situación es que se encuentra ubicado al lado de una zona residencial.
La ruta institucional seguida por Calvert para obtener los permisos federales es una calca exacta a la de hoy, con todo y sus pasajes oscuros. El centro ha sufrido accidentes, como fugas de materiales tóxicos e incendios sin que se conozcan sanciones por ello. El ambientalista Carlos Álvarez Flores se dijo testigo de la forma inadecuada en la que se manejan los desperdicios, después de que se le permitió el ingreso al día siguiente de una de las conflagraciones.
“Era un cochinero, un predio en donde amontonaban y formaban montañas de residuos, una sobre otra”, describió en una entrevista que ofreció al diario Vanguardia en enero de 2012. “No era una instalación, una verdadera planta tratadora de residuos; no había ninguna metodología. (…) Ecolimpio no debe estar ubicada pared con pared con un asentamiento urbano. El presidente municipal de Arteaga, en su momento, le dio autorización y después, la otra instancia, Semarnat, cometió el acto de darle autorización federal indebidamente”.
Quien dio la cara entonces fue Javier Calderón, en su calidad de gerente general del centro. En síntesis, declaró a los medios de comunicación que el confinamiento se operaba bajo las normas federales y que aquellos lodos descritos por el ambientalista eran tratados y luego enviados a otro depósito. El cumplimiento de las especificaciones consta en los documentos expedidos por la Semarnat, de la misma manera en la que se han redactado los resolutivos para el proyecto de General Cepeda, y los propios informes de SEMSA.
El oficio resolutivo SGPA/DGIRA 06159 establece que el confinamiento proyectado por la empresa cumple todos los requisitos de ley en cuanto a protección ambiental. La Conagua, a su vez, sostiene que no existen problemas de permeabilidad del suelo, ni frecuencia de fenómenos pluviales o que el sitio suponga amenaza de contaminación de las corrientes de agua. Tales conclusiones han sido avaladas también por Eglantina Canales Gutiérrez, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila y madre de Armando Luna Canales, exsecretario de Gobierno, actual diputado federal y el cuadro priista mejor posicionado para suceder a Moreira en el gobierno.
El resolutivo de la Semarnat confiere permiso a SEMSA para construir el confinamiento sobre una superficie de 321 196.25 metros cuadrados, de un total de cinco millones de metros cuadrados. “El promovente prevé la formación de un área de amortiguamiento, que se diseñará y construirá en un espacio perimetral de 150 metros de ancho, destinando una superficie de 510 000 metros cuadrados, con la finalidad de salvaguardar a la población y al ambiente de un total de 4 millones 678 803 metros cuadrados (casi 468 hectáreas) de área verde”. Luego señala que el predio se localiza a 25 kilómetros de la mancha urbana de General Cepeda, ignorando con ello a los casi dos mil habitantes de los ejidos que lo circundan, lo que en teoría legal imposibilitaría la obra.
La razón para que ello suceda se explica a partir de los miles de millones de dólares que aparecen en el horizonte, dice Jesús González Schmal, el representante legal de los ejidatarios en oposición. González fue un connotado panista hasta comienzos de la década de 1990, cuando renunció por considerar que ese instituto faltaba a sus bases políticas y morales. Originario de Torreón, es poseedor de un rancho en General Cepeda, y como tal logró frenar un primer proyecto para confinar residuos peligrosos en 1998. Aquella vez confrontó de manera directa a Gabriel Quadri de la Torre, en su calidad de director del Instituto Mexicano de Ecología, y al entonces gobernador Rogelio Montemayor Seguy. La diferencia ahora, indica él mismo, está marcada por la reforma energética.
“Lo que prevemos es que el confinamiento en Noria de la Sabina no estaba hecho para lo inmediato, sino necesariamente para el futuro, que efectivamente sería lo que se llama la Cuenca de Burgos y todo lo que significa la tecnología del fracking y el desarrollo inmenso de esa zona, que obviamente acarrearía grandes volúmenes de desechos peligrosos”. Esta primera etapa, deduce González, encierra una importancia fundamental porque confronta intereses superlativos, que van mucho más allá de la figura de Calvert y del propio Montemayor.
“Rogelio Montemayor auspició toda clase de negocios con sus amigos, y con el clúster que armó en Monclova coordina todas las inversiones (del sector). Pero esto no se queda en Rogelio Montemayor. Montemayor es salinista, y el capo de capos se llama Carlos Salinas de Gortari. Es toda una red de negociantes a corto, a mediano y a largo plazo que están capitaneados por el expresidente”. González dice aquello mientras observa las proyecciones de nuevos estudios sobre el área del confina-miento, en sus oficinas como Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México. En ellas observa lo que califica como “informes amañados” por la Semarnat y la Conagua, los grandes avales del proyecto de SEMSA.
“Van a empezar a operar en mínima escala —advierte—. Esperan el gran negocio. ¿A qué grado logran controlar Semarnat, Profepa, Conagua? Pues a que estas instancias aseguren, sin probarlo, que el agua está a quinientos metros cuando todos saben que el agua, los mantos acuíferos, si bien no son caudalosos, están a flor de tierra, a quince o veinte metros en los niveles estáticos, y a cuarenta metros los niveles dinámicos, es decir, aquellos de los que se está extrayendo el agua. Todas la condiciones ecológicas son adversas, contrarias a las bondades que dice la manifestación de impacto ambiental que tiene la zona para instalar el confinamiento”.
Visto desde la cabeza de los empresarios y políticos, Noria de la Sabina es perfecto, no sólo por estar habitado por un puñado de campesinos miserables, sino por su ubicación estratégica. En General Cepeda convergen redes ferroviarias provenientes de cinco puntos fronterizos y una red carretera que bifurca a esos mismos puertos con Estados Unidos, además de que por ahí cruza un gasoducto. La única inversión de vía que hará SEMSA es la pavimentación del trecho que los ejidatarios vendieron a Javier Calderón cuando les organizaba carnes asadas y regalaba juguetes a sus hijos.
SE VIOLENTAN LOS INDUSTRIALES
El grupo de ejidatarios abre paso al obispo de Saltillo, Raúl Vera, después de que han roto el candado de la cerca que prohíbe el acceso a las quinientas hectáreas propiedad de Calvert. El obispo va acompañado por una pareja de reporteros de la televisión suiza, que trabajan en un perfil sobre la figura del fraile defensor de los derechos humanos. Durante meses, Vera ha fustigado los propósitos del proyecto por la opacidad con la que se condujeron empresarios y autoridades. Ese jueves 8 de octubre, los ejidatarios quieren mostrarle a él y a los periodistas que la Semarnat y la Congua mienten, porque el agua no se encuentra a quinientos metros de la superficie. Atan un candado como peso a la cuerda y la bajan. La cuerda se moja a trece metros.
Los días posteriores SEMSA reacciona por la vía penal y lo demanda por allanar una propiedad privada. La versión más beligerante, sin embargo, proviene de la Canacintra Saltillo, que lo tilda de delincuente y de representar los intereses de grupos de Nuevo León y de la delincuencia organizada que, de acuerdo con un comunicado de prensa emitido la última semana de octubre, se oponen al confinamiento porque ello estropea la ordeña del gasoducto. Vera responde durante una homilía que encabeza en Monclova, la cuna de Montemayor y de Calvert. Si hay que ir a la cárcel por defender los derechos humanos, dice, con gusto irá.
Daniel Calvert presidió la Canacintra entre enero de 2011 y febrero de 2014, los años en que inició gestiones para adquirir el predio en Noria de la Sabina y emprendió gestiones ante la Semanart y la Conagua. Fue el tiempo en el que también Montemayor armaba el clúster Minero-Petrolero, del que los industriales adheridos a la cámara son parte.
En junio de 2015, Jesús González Schmal promovió un recurso de amparo ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Es la última carta en juego, y parece que llevan la mano. El recurso mantiene paralizado el arranque de las obras de construcción del confinamiento, pero sobre todo señala la posibilidad de que la Semarnat haya incurrido en irregularidades, como la farsa que imposibilitó la consulta ciudadana y la ausencia de rigor científico en los estudios sobre impacto ambiental, dice González.
En junio de 2015, Jesús González Schmal promovió un recurso de amparo ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Es la última carta en juego, y parece que llevan la mano. El recurso mantiene paralizado el arranque de las obras de construcción del confinamiento, pero sobre todo señala la posibilidad de que la Semarnat haya incurrido en irregularidades, como la farsa que imposibilitó la consulta ciudadana y la ausencia de rigor científico en los estudios sobre impacto ambiental, dice González.
“Al final de cuentas yo aún creo que lo debemos ganar, porque es tan aberrante, tan absurda la autorización que se les da, que no resiste el menor análisis”, confía el abogado de los ejidatarios. “Aun creo que entre todos estos intereses involucrados, aún existen patriotas en el sistema judicial”.
