Un informe de investigadores independientes sobre la desaparición de 43 estudiantes en México puso al ejército en la mira, con revelaciones de que militares no auxiliaron a los jóvenes a pesar de haber acudido a diferentes lugares en que fueron atacados y detenidos por policías coludidos con criminales.
El rol de los soldados en los ataques contra los estudiantes magisteriales de Ayotzinapa, ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en la cercana ciudad de Iguala, ha sido cuestionado por sobrevivientes y familiares de las víctimas, quienes les reprochan no haber impedido la tragedia y han exigido ingresar al cuartel militar de la zona para recabar evidencia.
“Además de las policías municipales de Iguala y Cocula que fueron los directos agresores”, en las dos escenas donde “fueron detenidos y desaparecidos normalistas, hubo presencia de agentes del ejército”, indica el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que llegó a México hace seis meses para investigar el crimen que conmocionó a los mexicanos y la comunidad internacional.
Este reporte muestra que el ejército supo que policías municipales coludidos con el cártel local Guerreros Unidos atacaron a los estudiantes.
Un agente militar de inteligencia, que estaba vestido de civil y conduciendo una motocicleta, observó cómo policías encapuchados arrojaron dos granadas de gas lacrimógeno al interior de un autobús para sacar a unos 10 jóvenes y fue testigo de cómo fueron “esposados y tirados violentamente al piso”, señala el informe.
Los jóvenes “estaban gritando ‘pinches (despreciables) policías, Ayotzi vive’, mientras la policía gritaba ‘bájense hijos de la chingada, si no les va a ir peor'”, añade el informe.
Este agente declaró que patrullas interceptaron frente al Palacio de Justicia municipal a uno de los autobuses en que se transportaban los estudiantes, y que estuvo reportando a su superior “de 45 minutos a una hora”, mientras los bajaban y los detenían.
Los expertos independientes, enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tuvieron acceso a declaraciones de los militares que figuran en el expediente oficial pero no fueron autorizados a entrevistarlos directamente.
Pudieron salvar vidas
Los expertos comprobaron que policías locales, federales y militares monitorearon lo que sucedía esa noche en Iguala a través del C-4, un sistema de comunicación y coordinación de todas las fuerzas de seguridad.
“Queda claro que el gobierno es responsable” porque “se podían haber salvado vidas y no lo hicieron”, dijo a la AFP Santiago Canton, director ejecutivo de derechos humanos en Washington de la fundación Robert F. Kennedy y ex secretario ejecutivo de la CIDH.
El reporte, que derrumbó la conclusión de las autoridades sobre el caso, podría convertirse en un nuevo reto para el ejército, que ha enfrentado varias acusaciones de abusos en otros casos relacionados con el combate al narcotráfico en México.
Salvador Cienfuegos, ministro de Defensa Nacional en México, dijo en julio al periódico Excélsior que la noche del ataque no había suficiente personal en la zona militar de Iguala ni vehículos para atender la emergencia.
“Y qué bueno que fue así”, porque los soldados habrían apoyado a la policía local, que era la autoridad, señaló Cienfuegos.
Contactada por la agencia extranjera AFP, Defensa Nacional no hizo comentarios sobre la investigación independiente.
Patrullas del ejército también estuvieron activas la fatídica noche verificando en la comisaría si los estudiantes habían sido presentados ante el oficial de guardia y llevados al hospital en que un grupo de estudiantes sobrevivientes y uno de los heridos se refugiaron.
Los soldados resguardaron esa noche el lugar donde quedaron dos de los estudiantes muertos tras los ataques y donde apareció, la mañana siguiente, un tercer joven asesinado con rastros de tortura.
Retoman investigación
Si en el informe se documenta “que agentes de inteligencia militar estuvieron en los acontecimientos, eso es razón suficiente para que haya una reapertura de la investigación completa” de la fiscalía, estimó Raúl Benítez Manaut, experto en seguridad nacional de la pública Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La fiscal general, Arely Gómez, señaló el domingo que analizará los nuevos elementos que aporta el informe independiente para integrarlos a la investigación oficial, pero no respondió preguntas sobre el papel que jugó el ejército.
(Con información de AFP)
