El litigio más complejo que llevaba López Joers al momento de su muerte estaba relacionado con el despojo de seis predios costeros, ubicados en el kilómetro 10 de la carretera costera Tulum-BocaPaila, especialmente en los hoteles ecoturísticos denominados Vía Laktea, Hamaca Loca, Xicho, Casa del Jaguar, Tierras del Sol y Sueños. Según los ejidatarios, el juicio presentaba avances positivos para los afectados. Unas semanas antes de su muerte, el 16 de abril, López Joers manifestó (ante un reportero del diarioPor Esto!de Quintana Roo) que, como parte de los litigios para conservar la propiedad de terrenos de la zona costera, interpuso una demanda contra documentación apócrifa presentada ante esta instancia por una familia de Nuevo León, de apellido Garza Ponce, que pretendía quedarse con una fracción de la franja costera de seis kilómetros, la cual pertenece al ejido de Pino Suárez.

Añadió que los empresarios José María Garza Ponce, Agustín Villarreal Elizondo, Esteban Schiavon Magaña y Felipe de Jesús Montemayor Garza pretendían despojar a los dueños de las tierras costeras pertenecientes a este ejido ubicado entre la selva y el mar Caribe, mediante escrituras públicas cuyo origen es un falso título de propiedad (No. 673, de fecha 27 de octubre de 1948). López Joers aseguró públicamente que Garza Ponce lo amenazó, argumentando tener una relación cercana con el gobernador Roberto Borge.

Tras el asesinato de su abogado defensor, los integrantes de la Asociación de Colonos Turísticos Ecológicos Pino Suárez denunciaron ante las autoridades y los medios de comunicación el despojo que pretendían llevar a cabo los empresarios neoleoneses, representados por Carlos Amador Treviño Lozano, también originario del estado. Los despojos se sostienen en operaciones que vinculan directamente a políticos, servidores públicos y empresarios oportunistas. Como en todos los ejidos del país, la cantidad de títulos apócrifos y de ventas fraudulentas de terrenos representa un problema legal de grandes proporciones (en el informe de la FAO, “Mercado de tierras en América Latina”, Héctor Robles analiza el caso de México y explica el contexto de la desactualización del registro catastral, transacciones dudosas, ventas irregulares y vacíos legales que favorecen esta crisis).

La resolución presidencial de 1973, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de ese mismo año, fundó el Nuevo Centro de Población Ejidal (NCPE) José María Pino Suárez. Se otorgó una superficie de 10 410 hectáreas de terrenos baldíos propiedad de la nación, de las cuales 980 se destinaron para formar 49 unidades de veinte hectáreas cada una, las cuales fueron entregadas a 47 capacitados. La superficie total tenía que dividirse en terrenos de cultivo, centros escolares, la Unidad Agrícola Industrial para la Mujer (que nunca existió), así como cincuenta hectáreas para la zona urbana y su equipamiento con servicios públicos y campos deportivos. El resto, 9379 hectáreas, quedó bajo el control de la Junta Ejidal y se convirtió en lo que se conoce mundialmente como el centro ecoturístico Tulum.

Hace apenas cuarenta años, el 9 de enero de 1975, fue aprobada la Constitución Política de Quintana Roo; desde entonces hasta la fecha, políticos y algunos empresarios poderosos, ayudados por cada gobernador en turno, han intentado acaparar tierras y arrebatarlas a los pioneros que poblaron el territorio y que por derecho propio se convirtieron en ejidatarios y posesionarios y obtuvieron sus títulos avalados por el Tribunal Agrario.

El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo —según diversos testimonios recogidos para este reportaje, algunos anónimos, otros no—, ha sido facilitador del despojo de una veintena de terrenos costeros en Tulum, noveno municipio del estado y uno de los destinos turísticos del Caribe Mexicano con mayor potencial de crecimiento.

El mandatario estatal, de acuerdo con las versiones de un grupo de personas que trabajó con los operadores en el despojo de terrenos en seis kilómetros de la zona costera Tulum-Boca Paila y los alrededores de la Laguna Nopalitos, en el Ejido Pino Suárez, ha echado mano de la Secretaría Estatal del Trabajo y Previsión Social (STPS) para fabricar litigios laborales promovidos por supuestos empleados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, y así despojar a particulares de terrenos, casas en zonas residenciales y hoteles en Tulum.

De acuerdo con un extrabajador de la dependencia de oficio contador, Enrique de la Cruz Pineda, subsecretario del Trabajo y Previsión Social en la zona norte, propuso a Borge aprovechar los remates de bienes embargados por la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje (JECA), fruto de algún litigio entre empleador y trabajador. Según el contador, se contrata gente para indagar la situación de inmuebles en zonas de alta plusvalía o con potencial de desarrollo. Una vez ubicados, se fabrican “empleados” que demandan laboralmente a falsos dueños de terrenos, residencias y hoteles.

+ UNA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
DE 1973 fundó el Nuevo Centro de Población Ejidal José María Pino Suárez con 10
410 hectáreas; 9379 quedaron bajo el control de la Junta Ejidal y se convirtió
en Tulum.

El 23 de mayo de 2014 se llevó a cabo el denominado megadesalojo de cuatro hoteles de playa en Tulum. Dos supuestos trabajadores que nunca laboraron ni vivieron en Tulum (Omar Homero Tijerina Herrera y Samuel Aguilar Ibarra, sus nombres aparecen en el exhorto Playa NUM:40/2013) ganaron un juicio laboral de forma expedita. La fuerza pública desalojó a trabajadores, turistas hospedados y empleados gerenciales de cuatro hoteles. Los propietarios de dichos predios quedaron paralizados frente a la toma ilegal de sus terrenos, operada nuevamente por un centenar de policías estatales y municipales fuertemente armados. Uno de los empleados de la junta local de Conciliación y Arbitraje ordenó al jefe de la policía municipal que detuviera a cualquier reportero que estuviera tomando fotografías; los fotógrafos fueron advertidos. Testigos y propietarios aseguran que la policía les robó tanto a ellos como a los turistas cámaras y teléfonos celulares con los que documentaban el desalojo. Las quejas de diplomáticos ante el gobernador no surtieron efecto alguno².

Tulum, que pertenecía a Cozumel, se convirtió en municipio libre en 2008 debido a los cambios del Plan Maestro de Desarrollo Tulum, orquestados por el exgobernador Félix González Canto (expresidente del PRI en Nuevo León y senador de la república). En 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el nuevo Plan de Desarrollo y ordenó que se protegieran las zonas naturales y sitios arqueológicos. Entonces González y su sucesor movieron los planes hacia la zona sur, en donde se encuentra el Ejido Pino Suárez. El Parque Nacional Tulum y una parte de la Biósfera de Sian Ka´an serían zonas afectadas por esta inmobiliaria. El estudio denominado Turismo, Áreas Naturales Protegidas y Apropiación Territorial: el caso del Parque Nacional Tulum, elaborado por el investigador del CIESAS Gustavo Marín Guardado, señala que “la Corte determinó que es facultad exclusiva de la Federación regular y proteger los parques nacionales, y que por lo pronto contuvo la embestida de particulares y funcionarios interesados en disponer de este espacio para la urbanización y los grandes negocios”. Lo cierto es que las construcciones siguen avanzando; la evidencia física y fotográfica es irrefutable.

Consecuentemente, la violencia se ha incrementado en la medida en que empresarios y políticos están vendiendo por internet tierras que no les pertenecen a través de los proyectos Maya Zamá I y II.³

+ TULUM, QUE PERTENECÍA A
COZUMEL, se convirtió en municipio libre en 2008 debido a los cambios del Plan
Maestro de Desarrollo Tulum, orquestados por el exgobernador González Canto. En
2011, la SCJN invalidó el Plan y ordenó proteger las zonas naturales y arqueológicas.

Las mujeres, al igual que el resto de los ciento veinte ejidatarios de la zona, han entablado denuncias penales sobre el despojo, han ganado juicios en el Tribunal Agrario; pero, a pesar de ello, la policía sigue resguardando los predios.

De acuerdo con el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), en 1970 había un total de 82.5 millones de hectáreas de tierras ejidales, es decir, el 42 por ciento de la superficie territorial de México. En 1992 se reformó el artículo 27 constitucional para dar certidumbre jurídica en el campo y garantizar la impartición de justicia a través de tribunales agrarios. En veinte años, según el Archivo General Agrario, se regularizaron 1.5 millones de lotes al mismo número de familias ejidales. Paralelamente hubo 1192 decretos de expropiación de bienes ejidales, mientras en cada estado hay litigios con documentos que son improcedentes desde 1992. El profesor investigador de CIESAS Gustavo Marín Guardado asegura, en referencia a Tulum: “En la actualidad, la retórica del desarrollo sustentable y sus ideales de preservación del medioambiente permean las políticas y los planes de desarrollo turístico en cada rincón de la nación, y resuenan en los discursos de gobernantes, políticos, empresarios, activistas, campesinos y pescadores. Sin embargo, la realidad y las prácticas concretas nos muestran un mundo de atropellos a la naturaleza, así como procesos devastadores y sistemáticos que no son controlados por la sociedad”. Por su parte, la ejidataria Lea Tum Cahuich se pregunta: “Dígame, ¿dónde está el candado que protege al artículo 27 constitucional por nuestro derecho a la tierra que hemos trabajado?”.

Como en otras zonas ejidales del país, los despojos van acompañados de violencia, amenazas de muerte, actos extrajudiciales y ecocidios. El abogado Edgar Mauricio Pumaro de la Cruz representaba a seis ejidatarios víctimas de despojo. Miembros de la Asociación de Colonos Turísticos Ecológicos Pino Suárez aseguran que Pumaro renunció a llevar todos los casos luego de que, en mayo del 2014, se presentaron en sus oficinas siete hombres que viajaban en autos con placas de Nuevo León. Estaban armados y le exigieron que se retirara de la defensa legal.

La señora Columba Archundia afirma que en ningún despojo ha habido orden judicial. “Los policías llegan armados a sacarnos como si fuéramos ladronas, traen una carta simple que dice que están asegurando el predio por un juicio laboral”, cuenta. “Todas nuestras denuncias penales han desaparecido de la Procuraduría del Estado.”

En plena playa, un oficial de la Policía Municipal de Tulum—armado con pistola y rifle— se ostenta como guardián de terrenos costeros. Se le pregunta la razón por la que un elemento de Seguridad Pública cuida predios.

“¿Cómo que por qué la policía? Porque hay un oficio del Ministerio Público que nos giraron para custodiar predios que invadieron (sic) gente ajena”, explica, y pide la presencia de un notario para que se nos permita el ingreso a la playa. Durante la conversación, el oficial, que no porta una sola identificación, es videograbado e intenta sacar el arma y arrebatar la cámara al fotógrafo. El agente asegura que la Constitución prohíbe que se le tomen fotos a la policía.

Cuestionado sobre la identidad de quienes —dice—invadieron los terrenos que cuida, responde que la desconoce. Al escuchar que existen versiones de que quienes han invadido los terrenos son gente del gobernador, el oficial ríe y exclama: “No, qué pasó…O’rasí que es puro cuento, a nosotros nos mandan a custodiar nada mas los predios, que no haya gente ajena”.

El policía explica su presencia como custodio por instrucciones del director de Seguridad Pública, Luis Germán Sánchez Méndez, con base en una presunta orden del Ministerio Público que no exhibe. “Yo nada más obedezco órdenes.” Esta reportera intentó entrevistar al director de la policía municipal, Luis Germán Sánchez, quien declinó hablar sobre el asunto con la prensa.

En las oficinas de la Procuraduría General de Justicia de la zona norte, los cuatro ministerios públicos adscritos aseguran que, hasta donde saben, no existen órdenes judiciales para la custodia de predios por parte de la policía. “Esos son asuntos entre civiles”—asegura el Ministerio Público—, la policía no tiene por qué intervenir.” Ante la solicitud de una entrevista grabada, los agentes aseguran que las órdenes del gobernador son que nadie hable con la prensa, “porque se está aprobando una nueva ley para regular la libertad de expresión”.

En una visita a los predios invadidos por la gente de Treviño Lozano, el representante legal, originario de Monterrey, pudimos contar ciento cincuenta personas vigilando los terrenos desde miradores construidos con madera. Todos están armados y portan walkie talkies.

Además, hay setenta guardias privados vestidos de negro y también armados con pistolas 9 milímetros; ellos pertenecen a una agencia de seguridad, propiedad de Rafael Zozil Rodríguez, alias el Dóber. Sin embargo, no existen registros oficiales de dicha agencia. Zozil ha sido acusado por las autoridades y señalado de pertenecer al Cártel de Sinaloa en la Riviera Maya.

Doña Chabela, ejidataria de Tulum desde 1970, narra frente a otras mujeres de la Junta Ejidal cómo se han vivido los desalojos. “Cuando a nuestras familias les entregaron las tierras ejidales estábamos en la plena selva, con puro manglar, lleno de moscos y alimañas. Allí comenzamos a construir unas cabañitas, hicimos pozos y un camino de terracería para entrar en el poblado. Pero nada más se dieron cuenta de que en el decreto presidencial dice que a todos los ejidatarios nos corresponde el acceso al Caribe, comenzaron a hostigarnos.”

“Hace veintidós años empezaron a pelear nuestras tierras. Nos quedábamos a dormir en tiendas de campaña en la playa, para que no nos invadieran de noche”, interviene Columba, otra ejidataria que llegó de Tabasco hace treinta años. 

+ DENUNCIA PENAL de
Mario Ernesto Villanueva Madrid en contra de sus socios Félix González Canto,
Felipe Enríquez y Hugo Flores Toba.

Tanto doña Chabela como Columba aseguran que hay al menos ciento veinte ejidatarios y posesionarios peleando sus tierras frente a las autoridades. “Aquí no hay unión de la gente”, dice Columba. “En Atenco la gente salió a defender sus tierras, aquí todos tienen miedo de que el gobernador los mande matar como al abogado López Joers.” 

Doña Anita admite tener miedo. “Tenemos miedo de que nos maten o que nos desaparezcan como a los hijos de don Andrés, que se enfrentó a la policía. Sus dos hijos cuidaban las cabañitas que rentaban a turistas; primero se metieron para simular un robo, ellos se defendieron y denunciaron. El Ministerio Público les dijo que mejor vendieran sus tierras y se fueran, que la denuncia no iba a prosperar. Ellos hablaron con un reportero de Por Esto!  para decirle los nombres de la gente del gobernador Borge que les había dicho que les iba a dar un millón de pesos por sus dos hectáreas y que se fueran si no querían morirse ahogados; luego los muchachos desaparecieron. Su papá los sigue buscando y un policía de Tulum le dijo a don Andrés: ‘Si quiere encontrar a sus hijos búsquelos en el mar’. Andrés se fue a Tabasco por miedo a que le desaparezcan a su hija que le sobra.”

Entrevistado vía telefónica, don Andrés asegura que fue la policía estatal la que se llevó a sus hijos. ¿Sabe quién ordenó a la policía hacer eso? “Pues sólo el gobernador puede hacer eso, ¿no? Porque es su gente de Chetumal la que nos presionó durante años para venderles mis tierras. La gente de Tulum vio cómo se llevaron a mis hijos en una patrulla, fue un miércoles a las cinco de la tarde…” . Esta sociedad mercantil tiene como proyecto central el desarrollo hotelero de la zona (ejido Pino Suárez). Los socios constructores neoleoneses de dicho proyecto son José María Garza Ponce y su hijo José María Garza Treviño, dueños del grupo constructor GP. En este momento, mientras la policía ocupa los predios ejidales, en internet se han puesto en venta los proyectos Maya Zamá I y II.La Riviera Maya, en la que se encuentra Tulum, devino en un polo de turismo internacional y destino de inversiones hoteleras de primer mundo, sostenido con formas de organización política de tercer mundo. En entrevista, la doctora y antropóloga Lorena Careaga, autora de diversas obras sobre el estado y ciudadana de Quintana Roo desde hace 35 años, explica que la crisis política, de derechos humanos y ambiental que ahora vive el estado, sólo es explicable por el choque de estos dos mundos.

Careaga se explica la compleja problemática de lo que ella llama “la frontera olvidada del sureste” de esta manera: “Quintana Roo genera una gran derrama económica, tras la cual subyace una organización social de escasa institucionalidad, con precariedad de justicia y un estilo de gestión social anclado en el caciquismo, la intervención personal y el peso decisivo de la voluntad e idiosincrasia de los gobernadores”.

El investigador del CIESAS Gustavo Marín Guardado, en su estudio sobre la crisis de esta zona, concluyó: “En Tulum, los políticos advierten que la sociedad debe aprender de su historia y que no debe repetirse la desgracia que representa el caso de Cancún. No obstante, sin mucho esfuerzo, es posible advertir que no hay diferencia alguna y que continuará un proceso de expansión turística incontenible…”.

EL CASO HOY

El amparo frente al juicio laboral interpuesto por el equipo de Treviño Lozano y Luis López fue ganado con el número de expediente 138/2912, pero las autoridades locales se niegan a ejecutar la devolución de los predios a pesar de que los amparos salieron publicados el 26 de enero de 2015 y la policía carece de documentos para sustentar su presencia.

La inacción de las autoridades locales es evidente; el juez segundo de Distrito ordenó que Treviño Lozano y otros devolvieran las propiedades a sus legítimos dueños respondiendo al amparo 627/2014-III acumulados:629/2014-III y 634/2014-III. La policía de Tulum dice desconocer esta sentencia.

Mientras editábamos este reportaje, el 24 de agosto recibí una llamada de algunos ejidatarios a los que entrevisté: el viernes 21 de agosto, a las 8:30 a. m., la Policía Judicial del Estado ingresó en los hogares de tres de mis entrevistados y hostigó a sus familiares; sin motivo alguno, encarcelaron a Miguel Ángel Benítez Rasgado y a Juan Manuel Ayala Mariano. Al mismo tiempo, la Policía Judicial, sin orden de aprehensión, detuvo a otras fuentes que habían pedido sigilo por temor a sufrir represalias: Héctor Apolinar Huesca Damián, Cruz García Ramírez y Miguel Vázquez Nieva fueron retenidos por “sospechosos”; después de ser fuertemente golpeados, los pusieron en libertad sin que mediara acusación de ningún tipo.

Esta misma semana desaparecieron otras dos personas del ejido, ambas partícipes del movimiento cívico en defensa de Tulum. Sus abogados interpusieron ya amparos para localizarlos bajo el número 1175/2015 Juzgado 4º de distrito, el 1137/2015-1 Juzgado 3º de Distrito y el1193/2015-D-7 Juzgado 5º de Distrito. Los desaparecidos son José Tec Poot, Miguel V y un tercer testigo cuyos familiares no desean que se publique su nombre.

Las investigaciones de los demás ejidatarios cuyas familias aseguran que son víctimas de desaparición forzada están en los amparos de localización 1176/2015 Juzgado 1º de Distrito, 1153/2015 Juzgado 2º de Distrito y 1136/2015 Juzgado 3º de Distrito. Los demás expedientes que señalan despojo, hostigamientos, amenazas de muerte y desapariciones o secuestro, han quedado sin investigar bajo los expedientes 341/2013, 1134/2014, 251/2015, y lo mismo sucede con las averiguaciones previas PGJE/DPRAM/AMP/ TULUM/951/2011 y 950/2011. 

El temor persiste en la localidad. 

—

La investigación especial de la ganadora del Premio Mundial UNESCO Guillermo Cano de Libertad de Prensa (2007) y autora de “Esclavas del poder” (2010), “Memorias de una infamia” (2007), y “Los Demonios del Edén” (2005), entre otras obras, se publica hoy de forma paralela en la revista Newsweek en Español y el portal Aristegui Noticias.