Tras las incidencia en la caía de precios a nivel mundial, y
del peso ante el dólar en México, el Colectivo por un Presupuesto Sostenido,
formado por organizaciones de la iniciativa privada, confirmaron que el país tendrá
un ajuste al gasto público de 435,000 millones de pesos para el próximo año.
Asimismo urgieron en la necesidad de transparentar e
integrar mecanismos de revisión al presupuesto público, ante los débiles
resultados de algunos de los programas.
De acuerdo con las expectativas del sector empresarial, de
dicho monto, 300,000 millones de pesos dejarán de percibirse por los bajos
precios del petróleo en los mercados internacionales.
El resto, 135,000 millones, se debe al ajuste al
presupuesto, anunciado por la Secretaría de Hacienda en abril pasado, recordó
el colectivo.
Ante dicho panorama, las organizaciones agrupadas, entre las
que destacan el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el Instituto Mexicano para la Competitividad y
México Evalúa, expusieron la necesidad de transparentar los mecanismos de
revisión al presupuesto.
Plantean que el Poder Legislativo obtenga mayores
atribuciones en materia de revisión de las transferencias de recursos que
realiza el Poder Ejecutivo a lo largo del año.
“Uno de los problemas es que hay mínimos resultados, gastos
crecientes y poca claridad en las prioridades. Hay programas que por años han
mostrado magros resultados, pero tienen recursos sin justificación”, expuso el
colectivo.
Bajos precios del
crudo
Organizaciones del sector privado prevén que México registre
un ajuste al gasto por más de 400,000 millones de pesos, de los cuales al menos
300,000 millones son los que se estarán dejando de percibir por los bajos
precios del crudo en los mercados internacionales, por lo que es posible un
recorte para el próximo 2016.
Aseguraron que esta tendencia negativa que afecta los
ingresos por la exportación de petróleo, no podrá revertirse en el corto plazo,
sino que prevalecerá al menos hasta los próximos tres a cinco años, lo cual
contrasta y pone en aprietos las finanzas del país, debido al creciente gasto
corriente del gobierno federal.
Explicaron que en los últimos 15 años, el gasto público se
ha incrementado considerablemente, pues tan sólo en 2000 este rubro alcanzó 1.1
billones de pesos, mientras que en 2015 sumó los 4.6 billones de pesos.
Es por ello que urgieron en la necesidad de transparentar e
integrar mecanismos de revisión al presupuesto, ya que se otorgan grandes
cantidades a programas o dependencias que hasta ahora han dado bajos o nulos
resultados.
Uno de los problemas es que hay mínimos resultados con
gastos crecientes y poca claridad en la prioridades de gasto, hay programas que
por años han mostrado magros resultados pero que cuentan con asignación de
recursos, sin justificación”.
Dijeron que al menos 55 por ciento del gasto se concentra en
actividades de gobierno, desarrollo económico y otras actividades, sin tener
una medición del impacto de estos gastos, tal es el caso de los programas
sociales, que en tan sólo tres años el presupuesto asignado pasó de 340,000 a
457,000 millones de pesos, un aumento de 34 por ciento, sin que hasta ahora se
haya reducido sustantivamente la pobreza.
En el tema de la seguridad pública también pasó de 73,000 a
219,000 millones de pesos, es decir, 200 por ciento más alto, sin embargo los
indicadores muestran que los delitos del fuero federal aumentaron de 78,000 a 98,000. Ante lo cual, también pidieron transparentar los recursos que se asignan
al Ramo 23, pues no está totalmente regulado.
Consideran necesario crear un catálogo de necesidades de
infraestructura con objetivos determinados y acorde a las necesidades del país,
el cual cuente con diagnósticos robustos, así como objetivos de mediano y largo
plazos.
El Colectivo “propone dotar al Legislativo de mayores
atribuciones en materia de revisión de las transferencias de recursos que
realiza el Ejecutivo a lo largo del año, fuera del mandato emanado de los
diputados al aprobar el presupuesto”.
Las organizaciones que conforman el Colectivo por un
Presupuesto Sostenido son: el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado
(CEESP), Centro de investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Comunidad
Mexicana de Gestión para Resultados, Ethos Laboratorio de Políticas Públicas,
Gestión Social y Cooperación (GESOC), Instituto Mexicano para la Competitividad
(IMCO), Institute for Transportation and Devolpment Policy y México Evalúa.
Solicitud a Hacienda
Entre las peticiones a la SHCP, se pide transparentar y justificar las propuestas de asignación a
cada programa presupuestario del Paquete Económico 2016, con base en los
resultados mostrados por cada programa.
Hacer públicos los criterios para seleccionar a los
principales programas del gobierno federal en el Paquete Económico 2016.
Generar un catálogo de necesidades de infraestructura que
cuente con diagnósticos robustos, así como objetivos de mediano y largo plazo
de las necesidades de infraestructura en el país.
Transparentar la metodología con la que concluye los
Criterios de Política Económica, proporcionando los gastos desagregados, así
como memorias de cálculo que permitan replicar las previsiones.
(Con información de Excélsior)
