Diputados locales no tienen facultad de ordenar a un servidor público o dependencia gubernamental el acatamiento de una recomendación total o parcial emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDHEH).
Lo único que pueden hacer es llamar a comparecer a los señalados para que expliquen los motivos por los cuales no aceptaron el dictamen.
Tal fue el caso de los titulares de la Secretaría de Gobierno, Salvador Elguero Molina, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJH), Juan Manuel Menes Llaguno –que el martes fueron citados por el Congreso–, quienes no aceptaron una recomendación por el desalojo de vecinos que invadieron un predio de la colonia 20 de Noviembre, en 2012, al norponiente de la ciudad.
De acuerdo con la diputada priísta Mabel Guitérrez Chávez, durante la comparecencia (cerrada a medios de comunicación), la comisión que preside concluyó que el retiro de habitantes “fue apegado a derecho”, a pesar que la CDHEH emitió un señalamiento.
La recomendación derivó de la diligencia judicial realizada el 28 de enero de 2012 en un terreno propiedad del Francisco Monroy Morales, el cual fue vendido ilegalmente por Edith Ibarra Jiménez La Güera a particulares.
Dentro de las conclusiones, los diputados locales señalaron que la CDHEH “excedió sus facultades” al intervenir en un asunto “eminentemente jurisdiccional”, pues la propia Ley de Derechos Humanos le impide conocer de tales asuntos.
Asimismo, bajo el criterio de dicha comisión parlamentaria, ya no podrían ejecutarse remates, juicios hipotecarios, de arrendamiento ni sentencias que condenen a la reivindicación de los inmuebles, “como lo calificó erróneamente en su momento la CDHEH”, dijo.
