En conferencia de prensa para dar a conocer los resultados de las investigaciones, el titular de la SFP, Virgilio Andrade Martínez, explicó, entre otros argumentos, que los tres contratos se firmaron antes de que los involucrados fueran servidores públicos federales y que no intervinieron en las licitaciones que las empresas de Luis Armando Hinojosa y Arturo San Román han ganado en la actual administración.
El
funcionario negó que en la compra de
“la casa blanca de las lomas”, residencia de la primera dama de
México, Angélica Rivera, haya existido un conflicto de interés entre la
constructora Grupo Higa y la familia presidencial, argumentando que la
propiedad no pertenece a Rivera, ya que solo abonó 14 millones de pesos hasta
el momento en que se dio conocer el caso en medios de información, por lo que
decidió devolver la propiedad a la constructora, amortizando los gastos de
renta e intereses vencidos por la ocupación de la mansión.
Higa,
una contratista del Estado de México que ha recibido contratos por miles de
millones de pesos desde la gestión de Peña Nieto como gobernador en la entidad
mexiquense hasta su actual mandato como presidente de México, construyó una
casa en el lujoso suburbio de Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, con
valor de 70 millones de pesos.
En su
lectura, Virgilio Andrade detalló que Grupo Higa y la Constructora Urbanizadora
Ixtapan tienen 33 contratos con dependencias del gobierno federal; siendo
la de de Juan Armando Hinojosa Cantú la más favorecida, con 22 contratos.
Sin
embargo, el funcionario precisó que éstos representan solo el 0.17 por ciento
del monto total de los contratos otorgados por el gobierno federal desde 2012
hasta marzo 2015, lo cual asegura, no representa un conflicto de interés entre
el presidente de la República y la empresa de Hinojosa Cantú.
Agregó
que la compra de la casa blanca fue hecha por Angélica Rivera gracias a su
trabajo como actriz en telenovelas de Televisa, y que la propiedad “estaba
siendo pagada con el patrimonio exclusivo de la señora”.
Sobre
el caso “del licenciado Enrique Peña Nieto… se interrogó a 111 servidores
públicos” que entregaron contratos; “en todos los casos declararon… que no se
les ordenó resolver de alguna manera el procedimiento así como que no tenían
ningún interés con la empresa adjudicada”.
“Al
presidente de la República no le corresponde intervenir en contrataciones de
obra pública“, indicó, deslindándolo así de cualquier conflicto de interés.
“No
hubo ninguna participación del licenciado Enrique Peña Nieto”, insistió Andrade.
“Ni
el señor EPN ni su esposa adquirieron bien inmueble alguno” después de que el
primero se convirtió en presidente de la República, aseguró.
Y
sostuvo que “no hubo beneficio” alguno en la entrega de contratos a ambas
empresas.
(En
unos momentos más información)