“Nosotros llevamos un registro de 69 asesinados hasta la fecha este año. Eso es muy alarmante”, dijo el coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia, Fabrizio Hochschild, al reportar la cantidad de activistas que han perdido la vida.

“A la misma fecha el año pasado eran 35, eso quiere decir que este año la tendencia está por doblarse y eso es un retroceso muy importante, muy lamentable en términos de protección a líderes sociales, líderes comunitarios”, aseguró el responsable en rueda de prensa.

Hochschild instó a las autoridades “a usar todas sus capacidades de inteligencia, todas sus capacidades judiciales, para no solamente proteger a esas personas sino ir más allá y asegurar que se pueda judicializar a los responsables”.

En el informe consultado por Lizzy de Abreu para la agencia AFP declara que entre los 69 activistas asesinados, hay 38 defensores de derechos humanos reportados por la ONG colombiana Somos Defensores, más los homicidios de “líderes sociales y políticos” contabilizados por la ONU.

“Esos líderes, sobre todo en regiones apartadas, merecen mayor protección”, comentó Hoschild, quien además no se refirió a los posibles responsables de estos homicidios en un país azotado por un conflicto armado de más de medio siglo, en el que han participado guerrillas, paramilitares, bandas narcotraficantes y agentes estatales.

Sin embargo, el representante en Bogotá del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, Todd Howland, había señalado en marzo pasado a las bandas criminales, surgidas tras la desmovilización de grupos paramilitares hace casi una década, como el principal reto de seguridad del país.

“Están atacando y amenazando a protectores y defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, agentes del Estado y reclamantes en el proceso de restitución de tierras, cuando se oponen a sus intereses políticos, económicos o criminales”, dijo entonces Howland.

El Pacífico, zona de riesgo

Abreu declara en el artículo que la ONU esta especialmente preocupada por los “líderes de la izquierda a nivel local”, sobre todo de cara a las elecciones regionales del próximo octubre, y los “representantes afrodescendientes de los consejos comunitarios en la región Pacífico” (oeste), que es una conflictiva zona donde guerrillas y bandas aprovechan la salida al mar para el tráfico de drogas.

Los dirigentes afro del Pacífico han sufrido en particular en los últimos meses “muchas amenazas y en algunos casos homicidios” por la acción de grupos armados, que generan también alto riesgo de desplazamientos, apuntó Hochschild.

El prolongado conflicto armado colombiano ha dejado oficialmente al menos 220.000 muertos y más de seis millones de desplazados.

Desde noviembre de 2012, el gobierno de Juan Manuel Santos dialoga en Cuba con la principal guerrilla del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas), para acabar con la conflagración.

Sin embargo, las negociaciones transcurren sin una tregua bilateral en Colombia por lo que no han dejado de surgir nuevas víctimas, ni de las FARC ni de otros actores.

FARC, apenas uno de los responsables

Al presentar este miércoles un informe sobre la situación humanitaria en Colombia desde el inicio de las pláticas de paz, Hochschild destacó que la guerrilla FARC, surgida en 1964 de una insurrección campesina, “no es el único generador de necesidades humanitarias en el país”.

“Desde que iniciaron las conversaciones, por ejemplo, 50% de los desplazamientos masivos fueron ocasionados por actividades bélicas de otros grupos armados, y esta realidad en parte explica por qué, desde que empezó el proceso de paz, cada mes en promedio se han desplazado 17.000 personas” y 2,5 millones sufrieron limitaciones por el conflicto armado, dijo.

Hochschild señaló no obstante que las acciones bélicas de las FARC han disminuido más de la mitad durante los cinco periodos de tregua unilateral que este grupo rebelde ha decretado para favorecer las negociaciones, el más reciente vigente desde el 20 de julio.

Por otra parte, afirmó que la ONU tiene información de que otros grupos armados ya están moviéndose para tomar control de zonas donde hoy tienen presencia las FARC, para apoderarse de los ingresos ilícitos que allí se generan en caso de que esa guerrilla se desmovilice.