Los juicios de amparo promovidos por la organización Transparencia Mexicana y 32 ciudadanos para que los partidos políticos regresen 286 millones de pesos que no gastaron en los comicios y que, por ley, debían reintegrar a la Federación, fueron aceptados por dos juzgados con sede en la Ciudad de México.

El pasado martes 18 de agosto, el juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, David Cortés, dio cabida al amparo interpuesto por los ciudadanos María Amparo Casar, María Marván Laborde, Leo Zuckermann, Denise Dresser, Jorge Castañeda, Luis Pérez de Acha, Juan Pardinas, Jesús Silva Herzog, Fausto Hernández, Héctor Aguilar Camín, Alejandro Hope, José Roldán, Ricardo Raphael, entre otros.

A su vez, la jueza segunda de Distrito, Paula García Villegas, dio entrada al amparo de Transparencia Mexicana, ya que reconoció el “interés legítimo” de la organización que entre sus objetivos sociales están la rendición de cuentas y el acceso a la información pública.

En el expediente que aprueba el amparo se señala que de no aceptarse “se estaría privando a la parte quejosa de su derecho humano al acceso efectivo a la justicia y a instar el juicio de amparo contra un acto que posiblemente le pueda llegar a causar perjuicio a su interés legítimo”.

García Villegas explica que dicho amparo permitirá valorar si las leyes son procedentes cuando las demandas son presentadas por quienes tienen “presuntamente interés legítimo y no jurídico sobre la rendición de cuentas y fiscalización del destino de los recursos públicos que recibe un partido político”.

Cabe señalar que seis consejeros del INE votaron en contra de la propuesta del consejero Benito Nacif en la sesión del 20 de julio pasado, en la que se buscaba que los partidos reintegraran a la Tesorería de la Federación los “remanentes” o recursos no utilizados en las elecciones federales del pasado 7 de julio. 

Solo los consejeros Beatriz Galindo, Pamela San Martín, Javier Santiago y José Roberto Ruiz se manifestaron a favor de la petición de la devolución de los recursos, a lo que el consejero Marco Antonio Baños argumentó que el INE había resuelto de esa manera por la falta de certeza jurídica, ya que si bien la ley señala que los recursos del financiamiento de gastos de campaña sólo deben usarse para ese fin, existen huecos en la legislación.

“No ha establecido las reglas que se tienen que seguir, primero para verificar los saldos de los gastos de campaña y, en segundo lugar, para definir como se tienen que reintegrar a la Tesorería; ese es el punto que nos dividió”, dijo Baños.

Si bien no existe una cifra exacta sobre el monto de los “remanentes” que deberían devolverse por los partidos políticos, se calcula que rondan los 286 y 400 millones de pesos, y de acuerdo con los cálculos preliminares del consejero Benito Nacif, sería la coalición de los partidos Revolucionario Institucional-Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), quienes tendrían la partida más alta, con alrededor de 155.9 millones de pesos.

En segundo lugar estaría el Partido Acción Nacional (PAN) con 42 millones de pesos; la coalición de los partidos de la Revolución Democrática-del Trabajo (PRD-PT) en las elecciones federales, con 22.4 millones, y el PRD en las locales con16.8 millones.

En campañas federales y locales, Morena suma casi 18 millones de pesos; el Partido Humanista casi 11 millones; la coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza en Sonora, 8.9 millones; Nueva Alianza, seis millones; el PT en campaña local 5.2 millones, y Encuentro Social, 3 millones.

(Con información de Animal Político)