Una comisión mexicana independiente declaró este jueves que ha descubierto graves fallas en una investigación sobre la masacre de 43 estudiantes ocurrida el año pasado, propinando devastador golpe al presidente Enrique Peña Nieto en un escándalo que ha sacudido a su administración.

El caso se ha convertido en símbolo de impunidad en el tema de las desapariciones, sumiendo a Peña Nieto en una crisis profunda desde que, en septiembre pasado, 43 estudiantes normalistas fueron secuestrados y muy probablemente asesinados por una pandilla de narcotraficantes que trabajaba con policías corruptos en el suroeste de México.

Un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dijo que el despacho del Procurador General, que solo ha identificado los restos de uno de los 43 desaparecidos, todavía no ha reunido información básica de las víctimas, todas de origen humilde.

Y más aun, CNDH descubrió que tampoco ha investigado debidamente a los 11 sospechosos en el caso.

El informe se suma a la lista de problemas que abruman al gobierno de Peña Nieto quien, el mes pasado, pasó tremenda vergüenza cuando el narco más importante del país, Joaquín “El Chapo” Guzmán, usó un túnel para escapar de una prisión de máxima seguridad.

La desaparición masiva en la ciudad de Iguala “ha demostrado la profunda barbarie… el abandono de la ley y el olvido de la justicia” en México, manifestó en su declaración el presidente de CNDH, Luis Raúl Martínez.

Representantes de la Procuraduría General de la República dijeron que la pandilla de narcotraficantes confundió la identidad de los normalistas –estudiantes de una escuela de la izquierda radical -, y tomándolos como una amenaza para sus actividades, los hizo asesinar la noche de septiembre 26, luego de un enfrentamiento en Iguala.

Más tarde, incineraron los cuerpos, trituraron los despojos y los lanzaron a un río, según estableció el gobierno. En diciembre, pruebas forenses identificaron los restos de una víctima.

Sin embargo, las familias restantes siguen esperando pruebas concluyentes sobre el destino de sus seres queridos.

Este año, una organización de vigilancia ONU anunció que ese caso es solo uno de miles de “desapariciones” perpetradas en complicidad con las fuerzas de seguridad.

Durante la indagación en Iguala, CNDH denunció el uso de detenciones arbitrarias y tortura para obtener confesiones en el caso, y criticó la falta de testimonios por parte de los implicados.

La Comisión también protestó porque la Procuraduría solo había utilizado las declaraciones de 36 soldados, en vez de entrevistar a todas las personas presentes en el área. Iguala cuenta con barracas, de modo que se ha cuestionado porqué el Ejército no intervino para brindar ayuda.

José Trinidad Larrieta, comisionado CNDH en el caso, instó a la Procuraduría a ampliar la investigación.

(Con información de REUTERS)