CHILAPA, Guerrero.— Se miraron las caras durante seis días: los hombres que habían bajado de la sierra, entre trescientos y quinientos organizados por la poderosa banda criminal Los Ardillos, y el músculo del estado: Policía Estatal, Policía Federal y Ejército Mexicano. Los uniformados con armas largas a muy pocos metros —casi en convivencia— de los indígenas con rifles de cacería y machetes. Seis días, del 9 al 14 de mayo, en que los primeros dejaron que los segundos actuaran con libertad, imponiendo su ley sobre los 35 000 habitantes de la ciudad de Chilapa, Guerrero. Seis días en los que recorrieron sus barrios y sus calles, en los que entraron a las casas, a cualquier casa, en busca de quienes ellos quisieron llevarse bajo la suposición de que trabajaba para sus rivales, Los Rojos. Seis días en que la población vivió con el terror de ver a los extraños romper sus puertas, revisar los rincones y arrastrar a golpes a sus hijos, a sus hermanos. Seis días en que se llevaron, por lo menos, a treinta personas, que corren el peligro de ser asesinadas al estilo sicario y enterradas en fosas clandestinas. De dieciséis de ellos se conocen los nombres y los apellidos, porque se han presentado las denuncias. En otros catorce casos, se asegura, los familiares tienen tanto miedo que han preferido callarse, renunciando a recuperar a los suyos.
El gobernador interino, Rogelio Ortega, se atribuyó el mérito de haber resuelto el problema, y de haberlo conseguido “sin pérdidas humanas”. Y los preparativos para las elecciones federales y locales del 7 de junio continúan en Guerrero, pese a un caos que se extiende cada día en diferentes regiones del estado: aquí mismo, en Chilapa, el 1 de mayo mataron al candidato del PRI a presidente municipal, Ulises Fabián Quiroz, de treinta y cuatro años; carretera abajo, menos de una semana antes, el 25 de abril, el alcalde de Acapulco con licencia y aspirante a gobernador por el Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto, y su comitiva fueron interceptados y amenazados por unos veinte hombres bien armados entre Chilapa y la capital estatal, Chilpancingo; carretera arriba, a 48 kilómetros de aquí, la precandidata del PRD a edil del pueblo de Ahuacuotzingo, Aidé Nava González, fue secuestrada y decapitada el 10 de marzo (su esposo, el exalcalde Francisco Quiñónez, murió a balazos el 28 de junio de 2014, y en 2012, el hijo de ambos, del mismo nombre que su padre, fue secuestrado y permanece desaparecido); y en plena Montaña, en Tlapa, la candidata de Morena en Acatepec sufrió un atentado automovilístico el 11 de mayo, después de recibir amenazas.
En Tierra Caliente, del otro lado de la autopista que une la Ciudad de México con Acapulco, dos aspirantes perredistas sufrieron secuestros de cinco horas, en el caso de Juan Mendoza, de San Miguel Totolapan, el 5 de mayo, y de un día, en el de la pretendiente a diputada plurinominal Silvia Romero Suárez y tres compañeros suyos, en la ruta Iguala-Ciudad Altamirano. En esta región, en los últimos cinco años, al menos diez candidatos han sido víctimas de homicidios, atentados o secuestros de familiares directos. En Acapulco, mientras tanto, la prensa local reportó el 8 de mayo que el miedo a la violencia había provocado las renuncias de 783 funcionarios de casilla.
El Movimiento Popular Guerrerense, que agrupa a diferentes organizaciones sociales, algunas de ellas con presuntos vínculos con grupos guerrilleros, ha declarado que no es posible llevar a cabo elecciones mientras los cuarenta y tres estudiantes de la Normal de Ayotzinapa siguen desaparecidos, y ha anunciado acciones para impedirlas. Por este motivo, el secretario de gobierno local, David Cienfuegos, ha señalado como “focos rojos” los municipios de Tixtla y Ayutla (de donde son originarios ) y partes de Chilpancingo y Acapulco, además de Chilapa, donde los grupos criminales pueden poner en peligro el proceso. La proliferación de agresiones, sin embargo, indica que los problemas pueden producirse en más sitios, y la violencia se está generalizando, según muestra la estadística: si en el año 2014 se registraron 1514 homicidios en la entidad, tan sólo en los primeros tres meses de 2015 la cifra alcanzó 433.
Informar, además, se hace día con día más peligroso: en la primera quincena de mayo se registraron dieciséis agresiones contra la prensa, la mayor parte de ellas en Chilapa. Es casi la mitad de las treinta y cuatro que hubo en todo el país, según la organización Artículo 19.
Los narcocandidatos
En el Instituto Nacional Electoral, mientras tanto, ven la tormenta y gritan sol. El 18 de mayo, un día antes de que se difundiera una grabación en la que el presidente del organismo, Lorenzo Córdova, y su secretario técnico, Edmundo Jacobo, conversan haciendo chistes sobre líderes indígenas, este último declaró que es bajo el riesgo de infiltración criminal en los comicios: “La experiencia que el IFE ha tenido, y ahora el INE, es que a la delincuencia organizada no le gustan tanto los reflectores. Las elecciones traen muchos reflectores. Más bien no se meten, y menos con una elección federal”.
En Guerrero las cosas son lo opuesto de lo que perciben en la delegación Tlalpan, en el DF. A raíz de que el PRD promovió y protegió al expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, culpado de la matanza y las desapariciones forzadas del 26 de septiembre de 2014, este partido insistió en que, ahora sí, se aseguraría de no postular a candidatos con nexos peligrosos. Un compromiso que también asumieron los demás partidos y que no fue respetado.
Algunos ejemplos: los perredistas lanzaron las candidaturas a diputado federal de David Jiménez Rumbo, y a diputados locales de los hermanos Carlos y Crescencio Reyes Torres, los tres señalados por Servando Gómez Martínez, la Tuta, jefe del cártel de Los Caballeros Templarios, por ligas con el narcotráfico, particularmente con la banda de Los Granados, en el caso de los Reyes Torres; además postularon a Sebastián de la Rosa, uno de los principales promotores de José Luis Abarca, para el congreso local.
Los Granados también lograron representación en el bando contrario, a través del aspirante priista a alcalde de Tecpan (donde está el bastión de la pandilla, el pueblo de San Luis de la Loma), Leopoldo Soberanis. En el distrito de la Costa Grande, el 11, los tricolores lanzaron a la diputación local a Emma Suazo Figueroa, esposa del edil priista de Petatlán, Jorge Ramírez, a quien se acusa de servir al cacique local, Rogaciano Alba Álvarez, actualmente preso por tráfico de estupefacientes. Del otro lado de la sierra, en Tierra Caliente, el presidente municipal con licencia del municipio amapolero de San Miguel Totolapan, Saúl Beltrán Orozco, acusado de dar protección a sicarios de la banda Guerreros Unidos que escaparon de Iguala y de asociarse con el Cártel Jalisco Nueva Generación, es aspirante a diputado federal.
“Sin pérdidas humanas”
En la zona de Chilapa el PRI ha demostrado ser tan amplio que cobija políticamente a los dos grupos criminales que combaten por el control del área. Por Los Ardillos, con base en Quechultenango, va el alcalde con licencia, Antonio Navarrete Cortés, para diputado local por el distrito 24. Los jefes del grupo, Celso y Antonio Ortega Jiménez, son hermanos del presidente del Congreso de Guerrero, el perredista y —como Sebastián de la Rosa— también integrante de la corriente interna Nueva Izquierda (conocida como “Los Chuchos”), Bernardo Ortega Jiménez.
Por el distrito 25, con cabecera en Chilapa, contiende por el tricolor Flavia García, síndica del ayuntamiento que preside Francisco Javier González García. Este apoyó a Flavia a raíz de que él mismo no pudo postularse debido a su fama pública de trabajar para Los Rojos. Suya era también la propuesta de Ulises Fabián, el joven aspirante a alcalde asesinado el 1 de mayo, así como la del sustituto, Jesús Parra García.
Y suya es, además, la fama de haber escapado a Chilpancingo el 9 de mayo, cuando los centenares de campesinos de la sierra movilizados por sus enemigos, Los Ardillos, bajaron a tomar Chilapa, con el propósito explícito de capturar al jefe local de Los Rojos, Zenén Nava, y terminar así con los ataques que sufren por parte de sus sicarios.
González García aseguró a la prensa que el incidente lo había sorprendido cuando ya estaba en la capital, atendiendo “asuntos del municipio”, y que el secretario Cienfuegos y el de Seguridad Pública, general Pedro Almazán Cervantes, “me pidieron que guardara prudencia y que esperara a que bajara la presión para que yo pudiera volver”, momento que esperaba porque “quiero estar al pendiente, como siempre lo he estado”.
Mientras Los Rojos se escondían o abandonaban la ciudad, ese 9 de mayo, los vecinos quedaban a merced de los centenares de hombres movilizados por Los Ardillos, que ocuparon la glorieta de Eucaria Apreza, el cruce de las dos avenidas más anchas que forma el centro geográfico de Chilapa. Estaban a pocos metros de las fuerzas de seguridad, que vigilaban sus movimientos: en la esquina surponiente está el cuartel de la Policía Estatal; en la norponiente, el edificio de dos plantas del hotel Las Brisas, donde se alojan los elementos de la Gendarmería, un cuerpo de la Policía Federal; y al poniente se colocó una unidad del Ejército.
Vigilar demostró no ser equivalente a controlar, sin embargo, y pese a algunas acciones para incautar armas robadas a la policía municipal, los invasores tuvieron libertad plena para establecer retenes en los accesos a Chilapa, en los que detenían vehículos para revisión y verificaban la identidad de los pasajeros, y para recorrer los barrios y entrar en viviendas en búsqueda de Zenén Nava.
Los Rojos lucieron debilitados frente a la ofensiva de sus rivales, que días antes habían asesinado de trece balazos al candidato Rojo, Ulises Fabián. En esta guerra, Los Ardillos han ido avanzando desde Quechultenango y ya controlan parte del municipio de Chilapa, hasta los cerros vecinos a la ciudad. Los puestos de comisarios municipal, ejidal y de bienes comunales, por los que no se recibe sueldo y que antes solía ser difícil llenar, ahora están siendo copados por afines a Los Ardillos, que los utilizan como una eficaz estructura de movilización social. Su poder se demostró ahora con el despliegue de cientos de personas.
Los habitantes organizaron tres marchas para exigir el retiro de los ocupantes. El 15 de mayo, llegaron a un acuerdo con el Ejército para marcharse, bajo el compromiso, por parte de las autoridades, de detener a Zenén Nava y otros dos jefes Rojos, y con la amenaza de regresar si esto no se cumplía en una semana.
Ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, familias denunciaron que los fuereños se habían llevado a dieciséis de los suyos, incluidos tres jóvenes que eran hermanos entre sí. José Díaz Navarro, vocero de las víctimas, aseguró que hay al menos catorce secuestrados más, pero el temor de represalias es tan grande que sus parientes no se atreven a manifestarlo. Desde julio de 2014, cuando se inició la batalla por Chilapa, han desaparecido unas doscientas personas, dijo Díaz Navarro.
El 16 de mayo, el gobernador Ortega declaró que “resolvimos nosotros el caso de Chilapa, está resuelto, nosotros intervinimos desde el primer momento”, y que esto se había logrado, afortunadamente, “sin pérdidas humanas”.
Al cierre de edición: cuatro cadáveres que podrían pertenecer a miembros de una de las familias atacadas durante la toma fueron hallados en Nejapa, una población a sólo tres kilómetros de Chilapa, el día 21. Les habían arrancado el rostro.
