“Hasta el día de hoy hemos logrado transformar nuestras leyes
federales. A partir de mañana debe iniciar la transformación de la realidad en
cada escuela y aula del país”: Enrique Peña Nieto; discurso pronunciado en la
promulgación de las leyes secundarias de la Reforma Educativa, el 10 de
septiembre de 2013.
Los números no mienten y ellos demuestran el fracaso de una de
las reformas estructurales más importantes del gobierno de Enrique Peña Nieto.
El 25 de febrero de 2013, el primer mandatario promulgó la
reforma constitucional que pretendía combatir el rezago educativo. Siete meses
más tarde, firmó el decreto de sus leyes secundarias: la Ley General de
Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y
la Ley General del Servicio Profesional Docente.
Este nuevo marco legal establecía que la asignación de plazas
docentes para educación pública básica (preescolar, primaria y secundaria) y
media superior (bachillerato) se realizaría sólo por concursos de oposición.
Hasta antes de estos cambios, los gobiernos estatales
entregaban las plazas en automático a los egresados de las escuelas normales o,
en el peor de los casos, las vendían ilegalmente al mejor postor.
Punto medular de este andamiaje jurídico es la obligatoriedad
de los profesores, directores de escuela, asesores y supervisores, de someterse
a evaluaciones periódicas, de cuyos resultados dependería que permanecieran o
no en el cargo.
Las evaluaciones serían diseñadas por el Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación (INEE), autónomo del gobierno, y aplicadas
por las secretarías de Educación de los estados.
La ley también establece que el personal docente que falte, sin
justificación, más de tres días durante un mismo mes, sería dado de baja.
Además, los profesores que acepten un cargo o comisión en el sindicato deberán
recibir su sueldo de parte de este y no del Estado, a fin de combatir a los
aviadores.
Pues bien, todas estas reformas, cual promesas de campaña, se
quedaron en el papel y los números, como dije al principio, la convierten en
letra muerta.
PEOR, IMPOSIBLE
El Reporte de Capital Humano del Foro Económico Mundial situó a
México en el lugar 102 de 124 países en la medición de la calidad de educación
en escuelas primarias.
Al comparar el nivel de desarrollo de los países en relación
con la educación y el empleo, nos situamos en la posición 58 de 1241 y en el
cuarto país de América Latina, después de Chile, Uruguay y Argentina.
Para llegar a esos resultados, el Foro Económico Mundial midió
46 indicadores y concluyó, en el caso específico de México, que la calidad de
la educación es “carente”, principalmente en matemáticas y ciencias.
Además, señaló que el gobierno mexicano gasta un 5.19 por
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en educación, mientras que otros países
como Chile y Uruguay, ambos en el lugar 82 del ranking, invierten en promedio
un 4.5 en ese rubro.
Según el análisis, desde 2013 se ha intentado el despegue de la
reforma educativa. “Sin embargo, la oposición de algunos sindicatos de maestros
a la evaluación del sistema educativo, han impedido que los cambios
legislativos permeen en las aulas” pues “mantienen cacicazgos sobre las
vacantes y los sueldos”.
El año pasado, el primer censo sobre el número de maestros que
hay en el país arrojó que 39 000 docentes de un total de un millón 200 000,
simplemente no existían.
La propia SEP reveló que 67 por ciento de los maestros que
presentaron el examen para ocupar una plaza docente en educación media
superior, no alcanzaron la calificación mínima. Eso significa que siete de cada
diez aspirantes a dar clases en bachillerato resultaron “no idóneos” para esa
labor.
De los 34 413 aspirantes, 23 127 no lograron entrar a las
listas de prelación y sólo 11 286 obtuvieron resultado “idóneo”, por lo que
podrán acceder a una plaza. Mientras que en el caso de los 907 profesores que
concursaron para el cargo de directores, 652 tampoco resultaron aptos.
La situación es muy similar con el examen del Servicio
Profesional Docente. De los 130 503 aspirantes, 79 032 no lograron ingresar a
las listas de prelación de donde se eligen a los nuevos maestros en cada
estado.
En términos llanos, esto significa que el 60 por ciento de los
candidatos a ocupar una plaza docente resultaron “no idóneos” para impartir
clases en el sistema público.
Con ello se tiran dos de los pilares de la reforma: la
asignación de plazas y las evaluaciones. Pero más grave resulta aún lo que
ocurre en estados como Oaxaca, estado que se “balcanizó” en materia educativa.
EL PODER DE LA CNTE
A pesar de que la SEP firmó desde diciembre de 2013 convenios
con las 32 entidades federativas que las comprometía a operar la reforma,
Oaxaca fue el único que se negó a adecuar su legislación local para ponerla en
sincronía con el ordenamiento constitucional.
Mediante plantones, bloqueos, la toma de edificios públicos y
actos de violencia declarada, la Sección 22 ha sometido y subordinado al
gobierno estatal, y ha acorralado —de la misma forma— al federal.
La reforma constitucional establecía que la nómina magisterial
dejaría de estar a cargo de los estados y dependería de la Secretaría de
Hacienda. Pero cuando llegaron los primeros descuentos a esos maestros que no
daban clases, las protestas hicieron que el gobierno federal cayera en el
chantaje y autorizara los pagos.
Lea estos datos: Oaxaca tiene 90 665 plazas que cuestan 5060
millones de pesos trimestrales. Pero si estos números se comparan con los dos
sistemas educativos más grandes del país, las diferencias resultan alarmantes.
En el Estado de México hay 79 232 plazas que cuestan 5994
millones de pesos. En Veracruz se tienen 86 717 plazas por las que se pagan
cada tres meses 4554 millones.
Y no sólo eso. Oaxaca es también el estado con el mayor número
de días sin clases. En el pasado ciclo escolar, debido a paros, plantones,
marchas, bloqueos y otras actividades sindicales, los alumnos perdieron 60 días
de clase. En el actual, ya son 45.
LA REFORMA QUE NACIÓ MUERTA
El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, advirtió
que si bien las reformas estructurales conseguidas por la administración de
Peña Nieto eran aplaudibles, lo importante era “la letra chiquita” que se debía
establecer en las leyes secundarias. Pero aún más importante era su aplicación
en los hechos.
Pues bien, los datos aportados demuestran que el gobierno
federal claudicó en la aplicación de la educativa. Y si esta, la más importante
de todas, fracasa, el país estará condenado a la mediocridad. México estará
reprobado.