Sin dar crédito a la conclusión oficial de que los estudiantes acabaron siendo masacrados por narcotraficantes, los padres exigen al gobierno que los encuentre con vida y claman para que el paso del tiempo no lleve a olvidar este crimen que conmocionó a México y la comunidad internacional.
“Estos seis meses para nosotros han sido de tortura, de dolor, de sufrimiento”, dijo Melitón Ortega, tío de uno de los desaparecidos, en una manifestación frente al Instituto Nacional Electoral (INE), resguardado por un equipo de policías antimotines.
Además de convocar a una nueva marcha en la tarde por el centro capitalino del país, como las que han liderado cada mes desde la fatídica noche del 26 de septiembre, en esta ocasión los padres acudieron también al INE para solicitar formalmente la suspensión de las elecciones previstas para junio en el estado de Guerrero, donde ocurrieron las desapariciones.
Una comisión de los centenares de manifestantes -entre familiares, estudiantes y miembros de organizaciones civiles- entró en el INE para entregar una carta con los motivos por los que consideran que no debe haber comicios el 7 de junio, cuando se votarán autoridades regionales y locales en 16 de los 32 estados mexicanos.
Para los familiares, de celebrarse los comicios se perpetuarían las condiciones para que se repita un crimen brutal como el de los estudiantes, que puso en entredicho la imagen del México próspero que trata de impulsar el presidente Enrique Peña Nieto, cuya popularidad ha venido desde entonces a la baja.
Además de la aparición de los estudiantes, los manifestantes reclaman que antes de los comicios deben haber acciones y cambios contundentes para evitar que sean electos los llamados “narcopolíticos”.
Como ejemplo recordaron la elección de José Luis Abarca, acusado de ordenar el ataque contra los estudiantes, como alcalde de la ciudad de Iguala en 2012 a pesar de que había sido investigado por presuntos nexos con la delincuencia organizada y de que su esposa es hermana de poderosos narcotraficantes.
“No nos olviden”
El 26 de septiembre fueron atacados por policías locales en la cercana localidad de Iguala, aparentemente por orden del alcalde, que temía que boicotearan un acto político de su esposa.
Desde entonces se perdió el rastro de los jóvenes.
Según la reconstrucción de la fiscalía, los estudiantes fueron entregados esa noche a narcotraficantes del cártel local Guerreros Unidos quienes los asesinaron, incineraron y arrojaron sus restos a un río, supuestamente por creer que entre los jóvenes habían infiltrados de un grupo rival.
Pero hasta el momento sólo uno de los estudiantes ha sido identificado por los expertos forenses de Austria que analizan los restos encontrados en la zona.
La falta de otras pruebas de ADN y el hecho de que la reconstrucción del crimen esté basada en las confesiones de los presuntos victimarios ha hecho que organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional pusieran en duda la versión oficial.
Los expertos enviados recientemente a México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también han dicho que aún no tienen certeza de lo que sucedió con los jóvenes.
De su lado, la nueva fiscal general, Arely Gómez, nombrada a principios de marzo, ha defendido la investigación de su antecesor, Jesús Murillo Karam, en la que se detuvo a un centenar de presuntos responsables, incluidos Abarca y su esposa.
Con una agonía que les carcome desde hace medio año, las familias de los estudiantes pedirán a los mexicanos que sigan solidarizándose con ellos, lejos de la consigna gubernamental de que el país “supere” la tragedia.
(Con información de AFP).
