En Guerrero algo está totalmente descompuesto. Los secuestros masivos y el macabro hallazgo de cadáveres son noticia cotidiana, pese a la presencia de fuerzas federales. Y cuando se piensa que ya nada nos sorprenderá, se confirma que la red de corrupción local involucra no solo a policías municipales y alcaldes, sino a familiares directos del exgobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero.
La putrefacción que se respira en el estado es tan penetrante como el insoportable hedor que emanaba de un crematorio abandonado donde la madrugada del viernes 6 de febrero fueron descubiertos 60 cuerpos apilados en estado de descomposición, cubiertos con sábanas y cal.
Luciano Hernández contrató un paquete de velación e incineración para su difunta esposa, Aremis Palacios, víctima de leucemia. Por esos servicios pagó
12 000 pesos a la funeraria que envió el cuerpo a Cremaciones del Pacífico, S. A. de C. V. Él creía que las cenizas de su pareja reposaban en una urna, pero una denuncia anónima permitió que efectivos de la Policía Federal y de la Gendarmería llegaran al crematorio, ubicado en el kilómetro 5 de la carretera Cayaco-Puerto Marqués, en Llano Largo, del puerto de Acapulco.
De acuerdo con la descripción del fiscal general del estado, Miguel Ángel Godínez, unos 40 cadáveres fueron descubiertos en un cuarto donde estaba el horno sin funcionar y el resto se encontraba encima de escritorios o en otra sala. “Era una escena muy fuerte. En el lugar había carne putrefacta batida en el piso, restos de huesos y mucha cal”, relató.
Un total de 25 agentes de la Fiscalía, apoyados por 15 peritos en criminalística de la PGR, iniciaron las investigaciones y las pruebas de ADN para identificar los cuerpos. Al Servicio Médico Forense y la Fiscalía Regional de Acapulco acudieron 111 personas que contrataron los servicios de cremación en alguna funeraria. Como Luciano Hernández, temen que entre esos 60 cadáveres estén los de sus familiares.
El crematorio pertenece a la empresa Rucsa Hornos Crematorios S. A. de C. V., con sede en el Distrito Federal y 250 instalaciones en todo el país. En Acapulco operaba desde 2003 y el responsable era Guillermo Estua Zardain, quien tiene ya una orden de localización y una ficha roja girada por la Interpol.
La Ley General de Salud de Guerrero y el Reglamento para Cementerios de Acapulco establecen que corresponde a los gobiernos estatal y municipal sancionar y clausurar este tipo de establecimientos si no funcionan adecuadamente.
Así, Lázaro Mazón, exsecretario de Salud, y Luis Walton, alcalde con licencia del puerto, eran los responsables de verificar su adecuada operación.
Mazón Alonso, quien renunció al cargo luego de que se conociera su cercanía con el exedil de Iguala, José Luis Abarca, presunto autor intelectual del secuestro y asesinato de los jóvenes de Ayotzinapa, se dijo dispuesto a comparecer por este caso y aceptó que hay “muchos lugares” que operan clandestinamente y que pasan inadvertidos para la autoridad.
Y aunque aseguró que no tramitará un amparo contra una posible orden de aprehensión, intentó deslindarse y culpar a Felipe de Jesús Kuri, subsecretario de Regulación, Control y Fomento Sanitario del estado.
El fiscal Godínez rechazó la participación del crimen organizado y adelantó que se trata de un fraude, por lo que inició una averiguación previa por los delitos contra el respeto a los cadáveres, las normas de inhumación y exhumación, así como por atentado contra los muertos.
Secuestro bajo lupa
Hay 1500 federales desplegados en Cocula; aun así, la noche del pasado viernes 6 un grupo de mineros, policías comunitarios y habitantes de la comunidad Nuevo Balsas fue interceptado y secuestrado por un comando armado de unos 30 sujetos vestidos con ropa militar, mientras viajaban en una camioneta en la carretera Nuevo Balsas-Cocula.
El domingo posterior a los hechos, el Gabinete de Seguridad informó que, con ayuda de los pobladores, militares y policías federales rescataron a 10 de los presuntos secuestrados. Primero encontraron a siete, y horas después a otros cinco, todos con signos de deshidratación, escoriaciones en la piel y crisis nerviosa. Más tarde dieron con otro hombre que tenía heridas de bala en brazo y pierna.
Las víctimas señalaron que en ese grupo estaban tres que fungieron como sus custodios durante el cautiverio, entre ellos un menor de edad, por lo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público en calidad de presentados.
Los habitantes de Nuevo Balsas atribuyen el secuestro a Uriel Wences Delgado, conocido como la Burra,operador de La Familia Michoacana, quien hace cuatro años fue detenido, aunque meses más tarde un juez federal lo dejó en libertad.
En 2012 fue expulsado de esa comunidad por la policía comunitaria, aunque antes prometió que se vengaría y amenazó con “una matazón”. Ahora temen que el secuestro masivo esté relacionado con su regreso.
Otro “hermano incómodo”
Es secreto a voces que la corrupción está enraizada a todos los niveles en Guerrero. No sorprende que el martes 10 de este mes fueran detenidos Carlos Mateo Aguirre Rivero, hermano del exgobernador con licencia, y su sobrino, Luis Ángel Aguirre Pérez, junto con otras cuatro personas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De 2012 a 2014, estos sujetos obtuvieron contratos de obra pública por más de 287 millones de pesos que triangularon a empresas de su propiedad. Luego de su detención en varias regiones del estado, se les trasladó al penal del Altiplano, en el Estado de México.
Y aunque el comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, insiste en que estos hechos “son aislados”, lo cierto es que forman parte de esa cadena de descomposición que prevalece en la entidad pese al operativo federal.
La podredumbre de Guerrero apesta tanto como el crematorio abandonado, como el secuestro masivo de personas o como la comprobación de los vínculos de las autoridades con el crimen organizado. El problema es que nadie sabe cómo romper ese círculo que condena a la entidad a un destino de pobreza, violencia y desgracia.