A este asunto, como a muchos otros
—el caso Iguala, el más grave de todos—, el presidente llega tarde.
Ante el debilitamiento de su imagen por los señalamientos del presunto conflicto de interés por las propiedades adquiridas a Grupo Higa, Enrique Peña Nieto decidió designar a un secretario de la Función Pública… dos años después de iniciada su administración y cuando su idea original era desaparecer ese “elefante blanco”.
En el Diario Oficial de la Federacióndel 2 de enero de 2013 está publicado el decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En su Artículo 26 enumera las dependencias que la conforman, y en ese listado no aparece ya la Secretaría de la Función Pública (SFP).1
El Artículo 44 detalla que cada dependencia nombrará a auditores internos que deberán reportar a la Secretaría de Hacienda el cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, garantizar el óptimo desempeño de los servidores públicos, la modernización y el desarrollo eficiente de la gestión administrativa y el correcto manejo de los recursos públicos. Es decir, las tareas que deberá desempeñar ahora Virgilio Andrade.
Además de estas, surgen más dudas que certidumbres sobre el anuncio hecho el pasado martes 3 de febrero. Una de las primeras instrucciones que giró el mandatario al nuevo secretario es, precisamente, investigar el supuesto conflicto de interés en el que podrían haber incurrido él, su esposa y el responsable de las finanzas públicas del país al celebrar contratos de compra-venta de inmuebles con Grupo Higa, propiedad de su viejo amigo, Juan Armando Hinojosa Cantú, a cambio de supuestos contratos de obra pública durante su gestión como gobernador del Estado de México y en el actual gobierno federal.
Resulta poco creíble que Andrade Martínez audite a quien lo designó y que el gobierno federal se haga el haraquiri al convertirse en juez y parte de este tema que ha dañado la credibilidad de muchos.
Por otro lado, en la legislación mexicana no se contemplan instrumentos para sancionar el conflicto de interés y la SFP tampoco podría estudiar el caso de la propiedad de la primera dama, Angélica Rivera, debido a que se trata de una particular y no de un servidor público.
Y aunque como parte de las medidas está la creación de una Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés, no hay por el momento detalles sobre cuántas personas la integrarían, incluso el propio flamante secretario reconoció que aún no ha examinado ningún perfil.
Lo cierto es que el nombramiento del propio Virgilio Andrade ha sido fuertemente cuestionado.
Contralor a modo
Se conocieron en 1986 en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Uno estudiaba la licenciatura en Derecho y, el otro, la de Economía. Hoy, el primero es secretario de la Función Pública (SFP) y el otro, titular de Hacienda. Desde entonces han sido cercanos, de hecho, Luis Videgaray es visto como el “padrino político” de Virgilio Andrade, ya que él lo propuso e impulsó como consejero del entonces Instituto Federal Electoral (IFE).
En 2011, Videgaray Caso, en su calidad de coordinador de la campaña presidencial peñista, lo llamó para incorporarse al equipo del candidato priista como asesor electoral. Fue uno de los expertos que enfrentó las acusaciones de la oposición sobre la presunta triangulación de recursos para la compra y coacción del voto mediante el reparto de tarjetas Monex y Soriana.
Como parte del equipo de transición, Andrade Martínez elaboró el proyecto de la Comisión Anticorrupción, organismo que habría de sustituir a la SFP y que finalmente fue archivado por la falta del empuje presidencial y la inacción de los legisladores priistas. Su autor fue enviado a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer).
De acuerdo con la instrucción de Peña Nieto, el titular de la SFP tiene como prioridad investigar a la pareja presidencial, así como a su amigo y padrino, por la adquisición de propiedades edificadas por las constructoras de Hinojosa Cantú y de Roberto San Román Dunne, del grupo que lleva su apellido, a precios más baratos del mercado o con hipotecas blandas. ¿Lo hará?
#3DE3
Por si los cuestionamientos no fueran suficientes, hay quienes ven en este anuncio claras señales electorales. Buena parte de la campaña del PAN rumbo a los comicios de este 7 de junio está basada en la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, bandera que ahora le pretende arrebatar el gobierno federal; además, estas ocho medidas ejecutivas parecen respuesta a iniciativas previamente anunciadas por organizaciones civiles en su exigencia de que los candidatos a los diversos cargos de elección popular sean totalmente transparentes.
Una de esas propuestas es la campaña #3de3, encabezada por Transparencia Mexicana (TM), que obliga a quienes aspiran a un cargo de representación a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, de intereses y de impuestos.
El objetivo, según Eduardo Bohórquez, director de TM, es que los ciudadanos tengan toda la información sobre quiénes son sus candidatos, qué poseen, en qué sectores tienen inversiones, cuánto ganan, y así identifiquen a los que pretendan obtener un beneficio personal aprovechándose del cargo público.
Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) se han sumado a la campaña que incluye una plataforma electrónica donde los candidatos puedan subir esas tres declaraciones.
Además, la iniciativa ha sido apoyada por los senadores Laura Rojas, del PAN, y Zoé Robledo, del PRD, quienes, por cierto, no aspiran a otro cargo público; así como el diputado federal Ricardo Monreal, que sí aspira a gobernar la delegación Cuauhtémoc por Morena.
Una última reflexión. Al concluir la presentación de Virgilio Andrade al frente de la SFP y anunciar sus ocho medidas ejecutivas, el presidente Peña Nieto tuvo una desafortunada declaración: se quejó de que su público, los representantes de los medios de comunicación, no le aplaudieran.
Con el micrófono abierto, el mandatario expresó: “Ya sé que no aplauden”,2 frase que se convirtió en trendig topicdentro de la red social Twitter. El dato podría ser considerado como un hecho “anecdótico” si no fuera porque habla de la molestia del mexiquense al tener que abordar el espinoso tema del conflicto de interés y de su necesidad de ser “apapachado” ante la caída de su imagen, confianza y credibilidad.