Delitos que no se denuncian; denuncias que no se convierten en averiguaciones; averiguaciones que no se consignan; consignaciones que no terminan con detenidos; detenidos que no reciben sentencias.
Tal es el círculo perfecto y permanente de la impunidad. La madre de todos nuestros males y del mayor de todos: la corrupción.
Este 23 de noviembre se conmemora el Día Mundial contra la Impunidad, fecha instaurada en 2011 y que es propicia para reflexionar sobre este fenómeno que forma parte de nuestra realidad cotidiana, tanto que ya no nos sorprende, no nos asusta (y debería).
Así, vemos como algo “común” que en San Fernando, Tamaulipas, entre 2010 y 2011 se descubrieran los restos de 265 inmigrantes centroamericanos; que 60 estudiantes de bachillerato hayan sido asesinados en Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, Chihuahua; o que en La Barca, Jalisco, fueran localizados 74 cuerpos en 35 tumbas apócrifas.
Sin embargo, algo ocurrió con los casos de los 22 presuntos delincuentes asesinados en Tlatlaya, Estado de México, ocho de ellos a manos de militares cuando ya estaban sometidos; y con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.
Quizá fue el hartazgo lo que prendió la mecha de una inconformidad social (una legítima, expresada de manera pacífica; y otra, violenta e irracional), cuyas consecuencias todavía desconocemos.
¿Cómo es posible que elementos del Ejército Mexicano asesinen? ¿O que policías municipales, por instrucciones del alcalde, entreguen a jóvenes a un grupo criminal? Es más, ¿cómo concebir que sujetos, por muy delincuentes que sean, calcinen hasta reducir a polvo los cuerpos de 43 estudiantes para luego arrojar sus cenizas a un río y así no dejar ni rastro de ellos?
Si militares, policías municipales y criminales actúan así es solo porque están convencidos de que un manto poderoso los protege: el de la impunidad.
La impunidad en cifras
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2014, realizada por el Inegi, el número de ilícitos y víctimas se ha incrementado, pero no las denuncias.
En 2013 se cometieron aproximadamente 33.1 millones de delitos;1 de ellos, apenas 6.2 por ciento terminó en una averiguación previa. Eso significa que 31 millones de ilícitos no fueron investigados y, por ende, no hubo castigo para los criminales.
De esta forma, la cifra negra alcanza el 93.8 por ciento, cifra superior a la de 2012 que fue de 92.1, la más alta en los cuatro años en los que el Inegi ha realizado esta medición.
Al desglosar la información se descubre que nueve de cada 10 delitos no son denunciados por las víctimas: 60 por ciento por situaciones que atribuye a las autoridades como mal servicio, trámites engorrosos o miedo a ser extorsionado, entre otras causas. El resto sostiene que no denuncia por miedo a los delincuentes o porque no tiene pruebas.
Además, de los casos que sí fueron denunciados, en el 30 por ciento no se inició una averiguación, por lo que seguramente también quedaron impunes.
Guerrero es la entidad federativa con la mayor cifra negra al alcanzar un índice de 96.7 por ciento, mientras que Baja California Sur tiene el menor con 83.6 puntos porcentuales.
Según la Envipe 2014, hubo 22.5 millones de víctimas de delitos el año pasado, lo que representa un incremento de 1.68 por ciento respecto a 2012. Esto se traduce en que prácticamente en cuatro de cada 10 hogares del país hay una víctima de algún delito.
El pacto por la seguridad
¿Cómo evitar que en México la impunidad sea reina, como hasta ahora? El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, propuso la firma de un Pacto por la Seguridad y contra la Corrupción, similar al Pacto por México, con objetivos definidos y fechas de cumplimiento.
Los grupos parlamentarios del Congreso se sumaron a la idea, al igual que la Conferencia del Episcopado Mexicano y muchos sectores más.
Les ahorro el trabajo y les propongo este texto:
“Reconocemos que la sociedad se encuentra profundamente agraviada por la impunidad, la corrupción, la falta de coordinación entre las autoridades, así como por un ambiente de inseguridad y violencia (…) La ciudadanía demanda de sus autoridades una respuesta inmediata que dé resultados en el corto, mediano y largo plazos (…) el Estado enfrenta el deterioro institucional de los organismos encargados de la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia (…) Esto se ha agravado debido a la penetración de la delincuencia en los órganos de seguridad y la complicidad de algunas autoridades con los criminales…
“Por ello proponemos acciones y metas concretas, tiempos precisos de ejecución, así como responsables para cada uno de los compromisos, entre los que se encuentran: a) Depurar y fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justicia; b) Crear un modelo de evaluación y control de confianza; c) Sujetar a evaluación permanente al personal de las instituciones policiales, de procuración de justicia, de aduanas, de los centros de readaptación social federales”. Etcétera.
En papel se ve bien, incluso hasta se podría pensar que con esta receta podríamos terminar con la simbiosis impunidad-corrupción. El problema es que esta película ya la vimos. Se trata del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado el 21 de agosto de 2008.2
En esa fecha, Alejandro Martí, a consecuencia del secuestro y asesinato de su hijo, arrojó a bocajarro al presidente Felipe Calderón y a su gabinete, a gobernadores y legisladores, el contundente: “Si no pueden, renuncien”.
No renunciaron, el acuerdo sirvió de muy poco y hoy México está igual o peor que entonces. Para restituir el Estado de derecho no se requiere la firma de un pacto, sino, más bien, destruir el pacto de impunidad que está enraizado en todo el sistema político.
De ello depende la viabilidad económica, política y social del país, y evitar que, después de algún tiempo, pasado el enojo por los desaparecidos, volvamos a la normalidad del crimen, al horror diario y a la cotidianeidad de la violencia.
No es posible pensar que a alcaldes, gobernadores y demás funcionarios los haya comprado el billete del delincuente. Y si eso está sucediendo, cárcel sin miramientos. Castigos del tamaño del delito que cometen. No perdamos de vista que los criminales aún están sueltos.
