EL ESTADO mexicano se encuentra bajo una tormenta de proporciones mayúsculas, una
para la que no ha encontrado los cauces que le permitan controlarla y
dirigirla, capitalizarla en cambios radicales que la sociedad exige. La crisis
institucional por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de
Ayotzinapa y el posterior surgimiento de múltiples fosas clandestinas repletas
de restos humanos representan una tempestad que hace semanas dejó al gobierno
bajo el agua. Y bueno, lo peor es que aún no logra salir a flote.
La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el
municipio de Iguala y el estado de Guerrero son ya vocablos de alcance mundial;
no hay punto en el orbe donde la sociedad no se solidarice con las víctimas y
exija resultados justos y absolutos al gobierno mexicano. El Parlamento Europeo
ya fijó un posicionamiento importante; a la par, jefes de Estado y activistas
de varias naciones han exhortado al canciller y a los embajadores para que la
justicia se haga presente en México. El tema es un gravísimo referente en
materia de derechos humanos en el mundo.
Lo que sucedió con los estudiantes desaparecidos
es increíble e intolerable. Concebir que la propia autoridad ordena el delito y
utiliza la fuerza pública para concretarlo, además de apoyarse en el crimen
organizado, excede toda posibilidad para una sociedad de esta época. No
obstante la atrocidad, creo que ello no es lo peor, sino el hecho de que el
Estado no pueda encontrar a los jóvenes. Hoy, en pleno 2014, un país no puede
decirle al mundo que alguien desapareció ilegalmente a 43 personas y que no es
capaz de encontrarlas. No se puede.
Adhiérase que al iniciar la hasta ahora
infructuosa búsqueda, lo que el gobierno de la nación sí encontró son más de
200 cadáveres humanos sepultados furtivamente en fosas comunes. Son más de 200
homicidios que la sociedad ignoraba. Y claro, queda la duda de si la autoridad
igual los desconocía, ¿o acaso son producto de pactos con el narcotráfico que los
gobiernos locales permitieron para “disminuir” las índices de criminalidad?
Como sea, es otro tema que México no puede dejar impune, otra trama imposible
de disimular ante la comunidad internacional.
El país está encendido y dispuesto para avanzar
la protesta en tanto no aparezcan la justicia y los 43 estudiantes. Mientras,
la debilidad institucional es muy preocupante. El procurador general está
trabajando en el caso, pero no localiza resultados. El secretario de
Gobernación consta superado por este y demás problemas. En tal contexto, el
presidente Peña Nieto debió salir a escena para atender a los padres de las
víctimas, solo que lo hizo sin brazos derechos, muy vencido pues.
El riesgo es superlativo y no tiene rendimiento
previsible, pues cuando un presidente aparece y no puede, vale preguntarse:
¿entonces quién sí puede?
El Ejecutivo tiene el país entre las manos y es
literal. Urge decidir y vigorizar el gobierno, revivirlo y hacerlo funcionar.
La moneda, el sexenio, está por caer del aire.
Amable lector, recuerde que aquí le
proporcionamos una alternativa de análisis, pero extraer el valor agregado le
corresponde a usted.
