De todas las acusaciones escandalosamente desinformadas lanzadas por el Partido Republicano desde la elección de Barack Obama, la más absurda la conforma el grito incesante de que el presidente actúa como un dictador. Pero no se pongan petulantes, señores demócratas: su refutación de ese cargo ha estado igualmente desinformada.
Lo que hizo surgir de nuevo este espectro fue la noticia de que Obama determinó promulgar un decreto del ejecutivo que permite que 5 millones de inmigrantes indocumentados o, como lo prefieren los conservadores más recalcitrantes, inmigrantes ilegales, puedan evitar la deportación y que muchos de ellos reciban visas de trabajo, siempre que tengan hijos nacidos en Estados Unidos o que haya vivido en el país durante los últimos 10 años como mínimo. Antes de que comience a escribir comentarios o cartas, por favor tome nota: esta columna no trata acerca de la inmigración. Trata acerca del poder de un presidente para emitir tal directiva.
En algún momento, por ejemplo, el 20 de enero de 2009, a las 12:01 p. m., los republicanos decidieron que el presidente solo está autorizado para proponer proyectos de ley, aprobar o vetar leyes. Los políticos y expertos conservadores han llevado a sus partidarios a la locura, sugiriendo que los decretos del Ejecutivo son un poder ilegal, creado por la imaginación de Obama para ejercer el control dictatorial sobre Estados Unidos.
Desde que surgieron las noticias de que Obama planeaba emitir la orden de inmigración, las personas listas con mayores conocimientos, o bien, aquellas que no son peligrosamente ignorantes, han proferido las declaraciones más embusteras y poco sinceras que uno pueda imaginar. El experto conservador Charles Krauthammer declaró que tal acción por parte del presidente sería “una ofensiva acusable”. Varios republicanos del Congreso estuvieron de acuerdo, entre ellos, Joe Barton, representante de Texas. Aunque sin llegar tan lejos, el líder de la mayoría de la Cámara John Boehner declaró que los republicanos combatirían ese esfuerzo, diciendo, “Nuestro objetivo aquí es evitar que el presidente viole su juramento de cargo e infrinja la Constitución”. Y Sarah Palin… perdón, dije que mencionaría a republicanos inteligentes.
Pero la respuesta de muchos demócratas, aunque ha sido sincera, no ha sido totalmente honesta. Señalan que los decretos del Ejecutivo son legales y que Obama los ha usado mucho menos que sus predecesores modernos: 193 órdenes, aproximadamente 100 menos que George W. Bush, quien emitió 291, y casi 200 menos que Ronald Reagan, con 381. Algunos presidentes tenían más de 1000 decretos del ejecutivo.
Aunque este concepto no se menciona expresamente en la Constitución, un presidente tras otro han interpretado la concesión del Poder Ejecutivo que aparece en el artículo II como algo que les otorga autoridad, y el poder judicial ha encontrado repetidamente que esto es constitucional.
¿Por qué se trata de una reacción débil? Porque una acción realizada mediante un decreto del ejecutivo no es constitucional solo porque un presidente lo diga. Los presidentes han emitido órdenes que excedían su autoridad, y la Suprema Corte las ha echado atrás con toda la razón. En otras palabras, las personas como Krauthammer que amenazan con impugnar o que afirman que las órdenes de Obama son ilegales están declarando que una típica disputa sobre el equilibrio de poderes entre el presidente y el Congreso, un debate que ha sido parte de la historia estadounidense durante siglos, de alguna manera entra en el ámbito de los actos delictivos.
Así que dejemos de lado estas tonterías de “¡Dictador!” y “¡Mejor que Bush!” y abordemos el tema subyacente: ¿cuáles son los límites del Poder Ejecutivo?, y ¿Obama los excedería al emitir la orden de inmigración?
La respuesta a la segunda pregunta es: probablemente no. Ahora, eso no quiere decir que los conservadores de la Suprema Corte (que, como expliqué en una columna reciente, no son más que políticos con toga) no eliminarían esa orden ni establecerán más de sus fallos de “desde que Obama es presidente, la Constitución ha cambiado”, los cuales pasarán por alto como precedentes más tarde cuando lo consideren oportuno. Y el Congreso tiene el poder total para aprobar leyes que reviertan la orden de Obama, aunque sería un gran reto obtener la firma del presidente en tal propuesta de ley sin cerrar el gobierno o invalidar un veto.
¿Pero una acusación? La idea es absurda y demuestra que al menos algunos miembros del Partido Republicano han sido envalentonados por la ridícula búsqueda de fantasmas que fue la locura de acusación contra Clinton y ahora, aparentemente creen que lo que los Padres Fundadores consideraban un acto excepcional que debía utilizarse solo en las circunstancias más extremas es únicamente una flecha más en el arsenal de la oposición política.
Hay muchos acontecimientos históricos que muestran que Obama tiene la autoridad para emitir la orden de inmigración. Comencemos con esta: Lincoln liberó a los esclavos en los estados confederados. La Proclamación de Liberación fue un decreto del Ejecutivo, en el que el presidente declaró que, una vez que el Ejército de la Unión llegara a donde hubiera personas de raza negra mantenidas como esclavas en la Confederación, dichas personas ya no podrían ser conservadas en cautiverio en contra de su voluntad.
En la actualidad, solo los lunáticos más fanatizados y amantes de la Confederación describirían la orden de Lincoln como otra cosa que no sea una de las acciones más grandes y más valientes de un presidente en la historia de esta nación. Pero en esa época, los sureños ridiculizaron a Lincoln como un tirano que les robaba su propiedad, y eso fue antes de su proclamación.
Los decretos del Ejecutivo también han sido utilizados para hacer cosas terribles. Quizás el peor de ellos fue emitido por Franklin Roosevelt, quien en 1942 promulgó el decreto del Ejecutivo número 9066, que dio como resultado el internamiento de estadounidenses de origen japonés en campamentos. Esa orden fue impugnada, pero, en una decisión de 6 a 3, la Suprema Corte la confirmó como un ejercicio legítimo de la autoridad presidencial. (Ese fallo nunca ha sido anulado, aunque en 2011, el gobierno de Obama presentó la notificación oficial de que la decisión había sido errónea.)
Algunos conservadores están asumiendo un enfoque diferente: argumentan que ningún presidente tiene el derecho de promulgar un decreto del Ejecutivo que declare que un grupo entero de personas está más allá del juicio, en lugar de eximir a personas específicas. Aunque esa opinión podría parecer razonable, no tiene absolutamente ningún fundamento en la ley, en la historia o en la Constitución.
Una orden que indique que los inmigrantes ilegales con hijos no serán enjuiciados para ser deportados entra claramente en el ámbito del poder presidencial para otorgar el perdón de acuerdo con el artículo II, sección 2 de la Constitución, el cual ha sido interpretado por la Suprema Corte como la capacidad de conceder amnistías generales para grupos amplios de personas. En 1974, el presidente Gerald Ford emitió una orden en la que ofrecía una amnistía general a miles de hombres que eludieron el servicio militar durante la Guerra de Vietnam. Ninguna figura política creíble ha sostenido nunca que Ford actuó más allá de su autoridad constitucional.
También están los ejemplos establecidos por el presidente Ronald Reagan. Aunque los conservadores actuales a quienes la historia contradice sostienen que Reagan se habría unido a ellos para colgar bolsitas de té en su sombrero vistiendo un disfraz de George Washington, él era en realidad un republicano mucho más pragmático de lo que los creadores de mitos quisieran recordar. En 1986, Reagan y el Congreso trabajaron juntos (ah, qué tiempos aquellos) para promulgar una revisión de las leyes de inmigración de la nación, concediendo un estatus legal a no menos de 3 millones de extranjeros que habían llegado a Estados Unidos antes de 1982. Sin embargo, había un gran problema: el cónyuge y los hijos de un inmigrante que satisfacía los requisitos de la ley podrían no estar amparados por la misma. En otras palabras, algunas personas que podrían estar en el país legalmente luego de la revisión tendrían que permanecer alerta y ver cómo los miembros de su familia eran deportados.
La forma más fácil de manejar el problema fue enmendar la ley, y Reagan recurrió al congreso para tratar de lograrlo. (¿Ven? Reagan no habría concordado con el Partido del Té, pues él era un hombre compasivo.) Pero el Congreso no cedió ni un ápice. Los cónyuges e hijos que no reunían las condiciones necesarias establecidas por la ley de 1986 tendrían que ser deportados mientras que sus familiares que sí cumplían con tales requisitos tendrán que quedarse en el país.
Así que Reagan hizo lo que Obama: declaró que no permitiría que las políticas de Estados Unidos separaran a las familias. Usó su autoridad como presidente para declarar que los hijos menores de edad de padres que habían reunido las condiciones necesarias para la amnistía no serían deportados.
Analicemos las semejanzas. Reagan declaró que los hijos de padres legales no serían deportados; Obama también señaló que los padres de niños legales no serán deportados. ¿Por qué uno de ellos es un acto legal realizado por el santo patrón del Partido Republicano, mientras que el otro es una ofensa que merece una acusación legal?
Y adivinen qué: George H.W. Bush hizo lo mismo. El senado aprobó un proyecto de ley de reforma migratoria que la Cámara se negó a tratar. (Justamente lo que ha ocurrido durante la administración de Obama.) Así que en 1989, Bush ordenó que el proyecto de ley del senado fuera asumido como política, ampliando la situación jurídica de las familias y protegiendo contra la deportación a casi la mitad de los trabajadores indocumentados del país.
Establecer nuevos sistemas de justicia penal, encarcelar a las personas, detener las deportaciones, sellar informes presidenciales para protegerlos contra análisis externos, etcétera, los presidentes han hecho todo esto mediante decretos del ejecutivo. Entonces, ¿por qué las personas que saben más continúan mintiendo a su base y fingen que Obama está haciendo algo excepcional e ilegal?
La respuesta proviene de la deshonestidad fundamental de los políticos estadounidenses que saben que pueden mentir impunemente porque los votantes, a pesar de todos los “hechos” que se les presentan todos los días, bien pueden ser los más desinformados acerca de la historia estadounidense. Con nuestra capacidad para elegir redes de cable, programas de radio y sitios web que dedican todo el día a decir a su público, “¡Tiene razón! ¡Tiene razón!”, pocas personas escuchan nada acerca de la política, de las leyes y de nuestra historia. Ciertamente, no escuchan nada que les haga detenerse y reconsiderar sus creencias.
Y eso hace que las cosas sean mucho más fáciles para los políticos deshonestos. Washington debe debatir la inmigración y determinar los cambios que deben hacerse a un sistema anticuado y destartalado. Estas son cuestiones complejas pero esenciales, del tipo que, si se responden, podrían ganarse la antipatía de un segmento del electorado. Para los políticos, el hecho de gritar, “¡Dictador!” y “¡Acusación!” es mucho más fácil que dedicarse a hacer su trabajo.
