Los conflictos internacionales han provocado que Japón revise su convicción de rehusarse a un involucramiento militar.
Símbolos y connotaciones
Cada 26 de enero, conmemorando la fecha en que la Constitución entró en vigor (1950) luego del triunfo del movimiento de Independencia, India celebra el Día de la República. La celebración tiene lugar en el Rajpath (“camino del rey”), el bulevar ceremonial de Nueva Delhi, donde la población se aglomera para atestiguar un desfile espectacular. Por un lado, carros alegóricos de gran colorido muestran las expresiones artísticas, los rasgos religiosos y tradicionales de los grupos étnicos de los distintos estados del país. Por el otro, India muestra al mundo su poderío militar con el desfile de sus fuerzas armadas de aire, tierra y mar. En enero de 2014, India mostró al mundo su nuevo misil intercontinental Agni-V, capaz de alcanzar objetivos a 6000 kilómetros de distancia. El misil, con los colores de la bandera nacional india, y sobre un lanzador móvil impresionante, pasó ante la mirada atónita de decenas de miles de espectadores. La narración oficial, emitida desde altoparlantes, advertía que el arma era capaz de alcanzar objetivos hipotéticos en gran parte de Asia, Europa y África.
Como cada año, el desfile tiene un invitado especial quien acompaña al presidente y al primer ministro a tomar el saludo de los contingentes armados. Por primera vez en la historia, el invitado especial de este desfile fue Shinzo Abe, el primer ministro japonés. La carga simbólica de este hecho, como era de esperarse, no pasó inadvertida para la prensa internacional. Si bien la Guerra Fría terminó hace décadas y Japón ha venido recuperando lo que algunos analistas llaman “la normalidad” en materia de política exterior y defensa nacional, es claro que en fechas recientes hay un giro radical de lo que por décadas fue una política antimilitarista, de bajo perfil en temas de seguridad internacional y adversa a cualquier posicionamiento geopolítico que traspasara el ámbito de la legítima defensa y dejara cualquier espacio abierto, por mínimo que fuera, a la sospecha bélica o imperial. Si bien la presencia del primer ministro japonés en el desfile militar indio podría no tener un interés más allá de lo periodístico, las implicaciones del hecho son mucho más relevantes en el contexto de la que es quizá la más radical de las reformas que desde los años de la posguerra el gobierno haya buscado implementar: la reinterpretación del artículo 9 constitucional para contemplar su participación en un esquema de defensa colectiva. El símbolo, en este sentido, adquiere la característica central que le atribuye la psicología analítica de Carl Gustav Jung: una connotación concreta más allá de su significado corriente y obvio.
Por tanto, ¿cuáles son las claves principales para entender este viraje? ¿Qué circunstancias internas e internacionales han venido promoviendo este cambio de ruta? ¿Cuál es la verdadera naturaleza de esta reinterpretación constitucional? Este artículo busca explorar algunas de las respuestas a estas importantes interrogantes.
La construcción de la excepcionalidad japonesa
Desde los primeros años de la posguerra, la política exterior y de defensa nacional de Japón se basó en el antimilitarismo y el pacifismo como principios torales del nuevo arreglo con las potencias ocupantes y el resto de la comunidad internacional. En 1946, la Dieta ratificó una nueva Constitución que daba la espalda a la antigua Constitución Meiji de inspiración prusiana y se acercaba, como era previsible, a una versión mixta de los modelos políticos e institucionales de Gran Bretaña y Estados Unidos con dos innovaciones notables: una peculiar cláusula de renuncia a la guerra y la desaparición de las otrora fuerzas armadas imperiales. En efecto, el artículo 9 de la Constitución estableció que: “Aspirando sinceramente a una paz internacional basada en la justicia y el orden, el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación y a la amenaza o al uso de la fuerza como medio de solución en disputas internacionales. Con el objeto de llevar a cabo el deseo expresado en el párrafo precedente, no se mantendrán en lo sucesivo fuerzas de tierra, mar o aire como tampoco otro potencial bélico. El derecho de beligerancia del Estado no será reconocido”.
En efecto, dos años después del fin de la ocupación de Japón por parte de las fuerzas aliadas, en 1954, la Dieta aprobaría la Ley para crear las denominadas Fuerzas de Autodefensa: un cuerpo encargado de la defensa nacional únicamente en caso de un ataque y concebido como una extensión de las fuerzas policiacas. A este hecho, siguió la consolidación de la doctrina Yoshida según la cual Japón debía ocuparse de su recuperación económica manteniendo un bajo perfil en materia de política exterior y seguridad internacional. Sin duda, los traumas de la Segunda Guerra Mundial y, especialmente, la pesada carga de ser el único país que sufrió un ataque nuclear en toda regla dejaron una marca imborrable en la vida política japonesa.
La población pronto comenzó a avalar lo que se concibió desde un principio como un pilar consustancial a la democratización de la vida política del país: la desmilitarización. Toda organización comprometida con objetivos militares o bélicos desapareció, todos los militares en posiciones de influencia política fueron removidos, los miembros de las fuerzas armadas fueron desmovilizados y las industrias militares desmanteladas. Más aún, el complejo diseño institucional para la toma de decisiones de los ministerios y agencias dejó en manos del personal civil el control de las fuerzas de autodefensa, el diseño e implementación de esta política y toda clase de aspectos operativos en el seno de la Agencia de Defensa Japonesa (JDA, por sus siglas en inglés). La defensa nacional de Japón, en consecuencia, pasó a ser parte de la jurisdicción de un Tratado de seguridad con Estados Unidos, según el cual este último establecería bases militares en consecución de este objetivo. Esta fue, por décadas, la política que le permitió a Japón concentrarse en su programa de desarrollo económico y reivindicar su imagen pacifista subcontratando, como algunos autores lo han explicado, la política de defensa y seguridad nacional. Con el fin de la Guerra Fría y el bipolarismo imperante, y el surgimiento de una nueva distribución del poder en el continente asiático, las prioridades de Japón cambiarían dramáticamente.
El nuevo contexto
Con el fin de la Guerra Fría y el colapso de la Unión Soviética, Japón fue testigo de un cambio radical en el contexto internacional que suponía nuevos desafíos para su política de seguridad. La guerra contra el terrorismo, el surgimiento de nuevas potencias asiáticas como China, las incertidumbres en materia de seguridad por la presencia de armas nucleares en el continente, y el nuevo paradigma de seguridad internacional promovido por las Naciones Unidas —las operaciones para el mantenimiento de la paz— terminaron forzando a Japón a entrar en un proceso de reflexión sobre su papel en el mundo. La Segunda Guerra del Golfo hizo caer finalmente un balde de agua helada sobre la clase política del país, que empezó a ser atacada por la opinión especializada como los artífices de una “diplomacia de cheques”, de parasitismo (free-riding) y aversión al riesgo cuando en lugar de enviar personal militar, enviaron dinero a sus aliados. Nunca antes Japón era presionado por la comunidad internacional para adoptar las responsabilidades de la potencia en la que una vez más se convirtió y, paradójicamente, para que hiciera honor a su pacifismo trabajando activamente en favor de la paz.
El resultado de esta reflexión colectiva fueron nuevas leyes para la participación gradual de Japón en operaciones para el mantenimiento de la paz, un nuevo activismo de Japón para ser parte del Consejo de Seguridad como miembro no permanente, pero también como miembro permanente en la eventualidad de una reforma integral del Sistema de las Naciones Unidas, y un proceso de lenta pero profunda revisión de sus relaciones cívico militares y de reforma al propio Ministerio de Defensa.
La nueva política: Take Back Japan
Nuevos conflictos en el mar meridional que enfrentan directamente los intereses de China y Japón, la sucesión en el poder político en Corea del Norte, las negociaciones nucleares con Irán, entre otros sucesos, han hecho consciente a Japón de la importancia de revisar a fondo su convicción de rehusarse a un involucramiento militar relevante. Desde el año pasado, el ministro de defensa japonés viene advirtiendo de la necesidad de revisar el Tratado de Seguridad con los Estados Unidos, y en mayo pasado Abe llamó a la Dieta a revisar los límites legales de las Fuerzas de Autodefensa de Japón para su efectivo despliegue en operaciones de defensa colectiva.
En contra de la opinión de Corea del Sur y China, países que históricamente han sufrido el militarismo japonés de otras épocas, pero con el respaldo de Estados Unidos, Japón efectuó una reinterpretación de los alcances de su artículo 9 constitucional. Mediante esta vía, evitó el proceso de enmienda constitucional, lo cual habría derivado en una confrontación mayúscula con otras fuerzas políticas y con la opinión pública adversa a esta transformación (hasta del 60 por ciento en algunas encuestas). A partir de esta reinterpretación, sujeta ahora a la ratificación por el Parlamento mediante la aprobación de leyes de implementación, Japón tendrá derecho a ejercer el llamado derecho a la autodefensa colectiva siempre que “la existencia del país se vea amenazada y exista un claro peligro de que se vean anulados los derechos del pueblo a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”. Este esquema de defensa colectiva implica que los militares japoneses podrán respaldar a las fuerzas armadas de un país aliado que hayan sido atacadas aun si Japón no es atacado directamente. En el fondo, este marco le permitirá mayor flexibilidad para las salidas de los miembros de las fuerzas de autodefensa del territorio nacional y para desplegar toda clase de misiones en el extranjero. El anuncio más reciente al respecto tiene que ver con la creación de un ministerio que se encargará de todo lo relativo a estas operaciones de apoyo militar a países aliados.
Esta reinterpretación, en principio, obedece a la recomendación central de un panel de expertos conformado por el propio Abe para estudiar la manera en que Japón deberá enfrentar el nuevo escenario geopolítico. En todo caso, parece ubicarse bien en el controversial programa de reposicionamiento de Japón en el mundo que el Partido Liberal Demócrata y Abe han venido promoviendo desde hace un par de años y llamado Take Back Japan.
Para algunos, esta medida supone el fin del pacifismo japonés con todo lo que esto significa. No en balde las masivas manifestaciones en contra de la reinterpretación, las múltiples acusaciones de estar traicionando la esencia misma del Estado japonés contemporáneo y la inmolación de una persona en Tokio luego de protestar por esta decisión. Para otros, Japón trata de modificar su postura para consolidar una política de “activo pacifismo” y de “aggiornamento” de una doctrina de seguridad que no responde a los desafíos del contexto internacional de hoy. Y es que la doctrina Yoshida no es ya el esquema idóneo para analizar la política actual de Japón en la materia. En todo caso, y mientras no conozcamos el contenido de la legislación de implementación que según la prensa japonesa no se discutirá sino hasta el año próximo, seguimos en el terreno de lo simbólico. Aunque no por ello sea menos importante.
Arturo Magaña Duplancher es licenciado en Relaciones Internacionales por El Colegio de México y maestro en la misma disciplina por la Universidad de Leiden, Países Bajos, con una beca de excelencia HSP Huygens del gobierno holandés. Es miembro asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, ha colaborado profesionalmente como asesor en asuntos internacionales en ambas cámaras del Congreso mexicano y en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Países Bajos. @Duplancher
