El caso increíble de doña Jacinta, condenada a 21 años de prisión por secuestrar a seis policías. O el trágico vaivén de la piel morena.
Tres mujeres indígenas confinadas a la venta de aguas frescas, seis policías entrenados para matar, casi cuatro años perdidos tras las mazmorras de una penitenciaría y un país frente al espejo. En la imagen, el más siniestro esperpento: la ignominia del sistema judicial mexicano.
Todo empezó el domingo 26 de marzo de 2006 en el municipio queretano de Amealco de Bonfil. Aquella mañana, seis corpulentos policías de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), sin uniformes ni placas que los acreditasen como elementos del Poder Judicial, irrumpieron en el mercado de la comunidad de Mexquititlán para decomisar mercancía “pirata”.
En un arranque de preservación del territorio, los comerciantes se aprestaron sobre las fuerzas del orden, quienes con la batalla perdida, un cateo fracasado y 200 indignados hasta el cuello, espetaron confiados la mejor resolución: pagar 70 000 pesos a los locatarios por lo destrozos provocados durante el motín comercial.
“Nos vamos a buscar el dinero”, vociferó el agente Jorge Cervantes Peñuelas con machete ajeno engalanando su papada.
“¡Está bien!”, respondió la turba. “Pero que uno de los policías se quede para asegurarnos de que ustedes respetan el trato”.
Vaya, qué remedio para Cervantes Peñuelas, quien en toda su carrera como guardián de los estropajos azules jamás había servido a modo de prenda en empeño en aras de la justicia.
El pecado del indio
En el otro extremo de la plaza, y sin percatarse del alboroto, se encontraba doña Jacinta Francisco Marcial, en aquel entonces de unos 45 años, seis hijos, otros tantos nietos, de milenaria (y marginal) ascendencia otomí y un puesto ambulante de nieves con el que, aún hoy en día, planta cara al persistente sol del semidesierto queretano.
Jacinta había llegado temprano, pero en cuanto sintió la última campanada para la misa de 11 de la mañana, dejó a una de sus hijas encargada del puesto. “Después del rezo, tenía que ir a la farmacia a ponerme una inyección y le pedí a otra de mis hijas que me acompañara porque yo no sé pronunciar bien el nombre de las medicinas y me daba pena equivocarme delante de la gente”, recuerda la indígena de apenas metro y medio de estatura.
Fue ahí, en la celosa guarida de la botica amealcense, donde la señora se enteró del zafarrancho, que en el último de sus despojos le valió una curiosidad que pagaría muy caro cuando un fotógrafo la retrató “de mirona” en las inmediaciones del mercado de Santiago Mexquititlán. Usted sabe, en tercera o cuarta fila, en la actitud pacífica del que mira, del que solo pasaba por ahí…
Doña Jacinta cuenta que, aquella noche, se fue a su casa con su familia y que nada extraño sucedió hasta tres meses después, “hasta aquel maldito 3 de agosto de 2006… aquella tarde, cuando llegué a mi casa, ya estaban los policías. Me preguntaron: ‘¿Tú eres Jacinta?’. Cuando les dije que sí, me detuvieron. Habían venido por mí con armas y camionetas. No tuve miedo porque sabía que no había hecho nada malo. Me dijeron que me llevaban a declarar por la tala de un árbol. Pero el conductor iba manejando muy feo, dando volantazos, frenando y acelerando. Uno de los agentes me preguntó: ‘¿Y tú de qué religión eres? Seguro que has votado al PRD’”.
Por su cabeza galopaban los primeros siete años de vida (ocupados a la faena de vender chicles por las calles del Distrito Federal), el analfabetismo socialmente impuesto (porque sus padres no tenían dinero para zapatos ni para cuadernos), la tarea de cuidar borregos a los 10 años, vivir la seducción del primer novio a los 14 y solo dos años más tarde la tan ansiada maternidad. Pero fue cuando, muchos papeles después, toneladas de jeroglíficos en español y cientos de displicencias modernas que doña Jacinta jamás entendería, la señora agarró el coraje para preguntar los motivos de la custodia armada en la comisaría.
Y la respuesta le heló el espíritu.
Vida robada
Fabricación de pruebas y testigos, irregularidades en el proceso, una mala integración de la averiguación previa y, sobre todo, falta de pruebas, fueron los elementos por los que la indígena Jacinta Francisco Marcial fue acusada de liderar el secuestro de seis elementos de la AFI en 2006, gracias a la complicidad de dos colegas otomíes: Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, lo que se tradujo ultimadamente en una pena de 21 años de cárcel y una multa de 91 000 pesos por perjuicios contra los funcionarios.
En 2009 fue liberada luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) concluyera que existía “duda razonable” respecto de su responsabilidad en el caso, y aunque si bien es cierto que Teresa y Alberta sí exigieron en un primer momento a los agentes de la AFI que se identificaran y Jacinta apareció “de fondo” en una imagen divulgada de un diario local que reportó los hechos, algo es elemental: muchas, demasiadas personas, hicieron mal su trabajo… pero ahora pareciera que puede haber un insignificante matiz de consuelo.
El pasado miércoles 28 de mayo, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa determinó que la irregularidad “ocasionó un daño patrimonial y moral” a la indígena, hoy de 53 años de edad, por lo que será indemnizada con una cifra aproximada de un millón de pesos a costa de los años que pasó en “el agujero”.
“Estoy aquí para que los agentes o personas que quieran hacerles esto a otras personas, lo piensen antes de actuar, porque a veces nos meten o nos llevan injustamente; yo no lo hago por el dinero, sino para apoyar a otras personas que tengan una historia similar”, confesó la indígena entre mohines huecos y una sonrisa sincera para Aristegui Noticias tras conocer el fallo, por lo que adelantó se acopiará a diversas causas sociales en el mismo tenor.
En entrevista, doña Jacinta relata que “fue muy difícil para mí y mi familia porque de tres años de no estar con mis hijos, con mi familia y todavía con una sentencia de 21 años, muy difícil con las compañeras y bueno yo no sabía hablar en español casi nada, no entendía y yo sufrí mucho por lo mismo que nos decían que era india, que no querían que nos juntáramos con ellas, fue muy duro”.
Pero el calvario no concluyó aquí, confiesa la amealcense, quien al ser liberada tuvo temor de regresar al lugar donde vendía paletas y aguas frescas: “La gente decía: ‘Ahí va la que estuvo en la cárcel’. Es muy raro que metan a personas a prisión en Santiago Mexquititlán, y aún más extraño que una mujer pise la cárcel”.
También cuenta que hasta los 45 años fue feliz. Que hasta entonces, ni ella ni los 6 millones 695 228 hijos de su estirpe habían probado el sabor amargo que tienen en México los tres peores ingredientes de la desgracia:
Ser mujer, ser indígena y ser pobre.
Juan Pablo Arredondo R. R. es reportero y editor mexicano del periódico A.M. de Querétaro y articulista de la revista Cinéfila. @DemonLetters
