No es la “reforma educativa” lo que está en juego. Es el propio país y su futuro.
Integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) secuestraron cinco autobuses urbanos para trasladarse hasta la representación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Oaxaca, donde realizaron un mitin.
Los “maestros” tomaron por la fuerza el edificio, colocaron cadenas en la entrada principal y amenazaron con causar daño a los empleados, en su mayor parte mujeres, si intentaban algo. Acto seguido, prendieron fuego a un anafre con chiles y colocaron casi al borde de la asfixia, por un ataque incontrolable de tos, a quienes quedaron atrapados.
Como pudieron, algunos buscaron refugio en la azotea, ya que nadie acudió a su auxilio. La Policía estatal del gobernador Gabino Cué no intervino a pesar de que los inconformes pintaron consignas en las paredes del inmueble en contra del titular de la SEP, Emilio Chuayffet.
No fue hasta que terminó el mitin, unas tres horas después, cuando los empleados federales fueron rescatados por Protección Civil municipal. Los belicosos “maestros” amenazaron con regresar al día siguiente y con radicalizar sus acciones. La administración estatal guardó silencio.
Estas escenas ocurrieron el pasado martes 6 de mayo, pero pareciera el mismo guión —con algunas variantes— que se ha repetido en los últimos meses en las violentas acciones de protesta contra la reforma educativa encabezadas por la disidencia magisterial y que son ejemplo del desastre en el que se encuentra nuestro sistema de enseñanza.
Parte de la responsabilidad de ese desastre corresponde a las autoridades (educativas y gubernamentales), a los legisladores, al sindicato, a los propios padres de familia y, por supuesto, a los profesores como pilares fundamentales del proceso de enseñanza-aprendizaje.
De entrada resulta irónico que el Estado mexicano no supiera cuántos maestros hay en el país, dónde se localizan, qué es exactamente lo que hacen y bajo qué condiciones. Las primeras respuestas surgieron del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE), que levantó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en octubre y noviembre de 2013.
Los resultados, más que sorpresivos, son alarmantes. De las 263 973 escuelas que existen en el territorio nacional, 24 658 no fueron censadas. De estas, 24 164 (que están en Chiapas, Oaxaca y Michoacán) porque maestros de la CNTE lo impidieron; y en otros 426 casos ¡porque no se localizan en las direcciones registradas ante la SEP!
De los 426 planteles “fantasma”, Durango, Guerrero y Jalisco concentran el 88 por ciento y el resto deberían estar en Veracruz, Zacatecas, Tamaulipas y Quintana Roo.
Pero eso no es todo. El CEMABE reveló que hay 978 118 personas que “desempeñan función de maestro frente a un grupo” y 30 695 que están “comisionados” o con licencia.
El mayor número de los maestros “comisionados” o con licencia están en Jalisco (2784); Yucatán (2721) y el Estado de México (2610). La Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) solo contempla a maestros, directores, supervisores y asesores técnicos, por lo que no existe la categoría de “comisionados”. De ahí que Chuayffet Chemor ordenara su desaparición.
Además hay 39 222 personas que, pese a cobrar un salario, ¡nadie sabe qué hacen ni dónde están! De ellos, 6338 están inscritos en la nómina del Distrito Federal; Chiapas tiene a 3651; Guerrero a 2804; en Sinaloa hay 2561 y en Veracruz, 2126; mientras, la menor cifra la tiene Aguascalientes con 131.
Por si fuera poco, 113 259 personas cobran en una escuela, pero están ubicados “en otro centro de trabajo”, son “tránsfugas”; y hay 114 998 que reciben pagos como maestros en activo, pero lo hacen a nombre de personas que ya se jubilaron, retiraron o fallecieron.
Si se suma a los “comisionados”, “aviadores”, “tránsfugas” y a los “prestanombres” tenemos un universo de 298 174 personas que no laboran en el plantel escolar al que se asigna su pago, pero que viven del presupuesto educativo.
La organización Mexicanos Primero hizo un ejercicio del costo que implica al erario pagar a esos casi 300 000 “maestros”. Tasó en 10 000 pesos el salario promedio mensual y lo multiplicó por un año, lo que arrojó una cifra de 35 780 millones de pesos.
Resulta terriblemente doloroso que sea precisamente en el sistema educativo nacional donde se presente este fraude. Que ahí, donde se forma a las nuevas generaciones de mexicanos, se les dé este ejemplo.
Por eso ahora que se tiene el diagnóstico es importante actuar, corregir y resolver. Las secretarías de Hacienda y de Educación deben poner fin a este atraco contra la educación pública y el futuro del país. Y tienen un plazo fatal: el 1 de enero de 2015, ya que a partir de esa fecha el Gobierno Federal tendrá bajo su responsabilidad la nómina magisterial y no se deberá pagar a quien no esté realmente cumpliendo una labor educativa.
La Cámara de Diputados también tendrá que coadyuvar en esta labor al aprobar un presupuesto suficiente que cubra la nómina educativa siempre y cuando sea confiable. A su vez, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, junto con las organizaciones de la sociedad civil, vigilarán el uso adecuado de esos recursos.
Los profesores, quienes realmente están comprometidos con la enorme responsabilidad de formar ciudadanos de bien, deben estar bien pagados, recibir capacitación permanente, y se les tiene que dotar de las herramientas indispensables para el buen desempeño de su labor.
No podemos permitir que en el 14 por ciento de las escuelas chiapanecas los niños estudien en pisos de tierra, que el 60 por ciento de los planteles de Guerrero carezcan de baños y de agua potable o que solo el 6 por ciento de las escuelas de Oaxaca tengan conexión a internet.
No es la “reforma educativa” lo que está en juego. Es el propio país y su futuro. Estamos en posibilidad de que la escuela vuelva a ser el elemento fundamental de la permeabilidad y la inclusión social. Ojalá que como sociedad estemos comprometidos con esa enorme cruzada, quizá la más importante de todas, y tomemos, por fin, todos, las riendas del sistema educativo nacional.
Hannia Novell es periodista y conductora del noticiario de televisión Proyecto 40. Twitter: @HanniaNovell
