En el vigésimo aniversario de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, se ha visto gran avance en América Latina; sin embargo,el principal obstáculo es la falta de educación para su progreso.
En 2013 con el tema “20 años trabajando por tus derechos”, en el Día de los Derechos Humanos, que se celebra el 10 de diciembre, es necesario hacer un análisis de su desarrollo en América Latina. Es verdad que en el vigésimo aniversario de la Declaración y el Programa de Acción de Viena ha habido grandes avances, pero patrones culturales hacen que las naciones vayan lentas en garantizar el acceso a los derechos humanos de sus ciudadanos; además, organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch hacen un recuento de lo acontecido en nuestro continente.
En retrospectiva, el siglo XXI no se parece en nada al siglo pasado. A lo largo de todo este tiempo miles de luchas grupales e individuales se han vivido en cada país por preservar, o incluso crear, el respeto por los derechos humanos, los cuales han sido negados por diversas circunstancias históricas. Pero actualmente la lucha sigue, para no dar ni un paso atrás y erradicar los diversos ataques a los derechos inalienables que todos tenemos, o que deberíamos tener, como lo son principalmente: la igualdad y lucha por eliminar la violencia hacia la mujer; evitar la discriminación en general y contra los pueblos indígenas; el derecho de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales; la inclusión de los adultos mayores; respeto a los migrantes y a las personas con discapacidad; las víctimas de trata; y erradicar la violencia y la explotación infantil.
Los retos son muy diversos, señala en entrevista con Newsweek en Español el Dr. Óscar de los Reyes Heredia, profesor, investigador y director del Departamento de Derecho, Relaciones Internacionales y Ciencia Política del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Santa Fe: “Tenemos un gran avance, pero no se han logrado cambiar por completo los patrones culturales que están sumamente arraigados. Soy optimista porque tanto la sociedad civil como las organizaciones no gubernamentales, y hasta las propias instituciones, están tratando de cambiar esos patrones; por ejemplo, en materia de igualdad promueven medidas y acciones que tiendan a eliminar la asimetría que existe entre el hombre y la mujer; pero para desterrar patrones de violencia de todo tipo va a llevar un poco más de tiempo”.
“Gobiernos evaden responsabilidades”:
Amnistía Internacional
Aunque sabemos que los derechos humanos no conocen fronteras, el Informe 2013 de Amnistía Internacional muestra que los gobiernos los están restringiendo con el pretexto de que son “asuntos internos”.
Las violaciones generalizadas de derechos humanos cometidas en el pasado y la falta de rendición de cuentas de sus responsables proyectaban una larga sombra sobre muchos países de América. Sin embargo, los trascendentales procesamientos llevados a cabo en 2012 en países como Argentina, Brasil, Chile, Guatemala y Uruguay señalaron progresos adicionales importantes en la búsqueda de justicia por los abusos cometidos durante los gobiernos militares de épocas anteriores. No obstante, para algunas personas, la lucha por un acceso significativo a la justicia y por el fin de la impunidad continúa.
En Estados Unidos, por ejemplo, apenas se avanzó en hacer rendir cuentas a los responsables de abusos cometidos en el marco del programa de detenciones secretas de la CIA durante el gobierno de George W. Bush.
Algunos gobiernos de la región respondieron a las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos haciéndolo blanco de nuevas críticas. Venezuela llegó al extremo de notificar su retirada de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en septiembre de este año. Hubo algunos progresos en el camino a la abolición de la pena de muerte. En Estados Unidos —único país de la región que seguía ejecutando a personas—, Connecticut se convirtió en el estado número 17 que abolió la pena capital.
En Colombia, las primeras conversaciones formales de paz en más de un decenio suscitaron la esperanza de que el conflicto armado entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pudiera finalmente concluir, tras casi 50 años.
En toda la región continúan desafiándose los arraigados patrones de discriminación y violencia contra las mujeres y defendiéndose los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, millones de mujeres siguen viendo cómo se les restringe su derecho a tomar decisiones libres e informadas, sin coacción ni discriminación, sobre cuándo y cuántos hijos tener. En países como Chile, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y México las mujeres y las niñas que quedan embarazadas a consecuencia de una violación, o en cuyos casos la continuación del embarazo supone un peligro para su salud o su vida, se les sigue negando el acceso a abortos seguros y legales. El impacto de esta negación de los derechos humanos es especialmente agudo para las niñas y las mujeres de grupos desfavorecidos.
Y es que “la desigualdad no necesariamente culmina con la privación de la vida en las mujeres, sino que todavía hay víctimas silenciosas de violencia física, verbal, sexual e incluso la económica. En cada país y en cada estado no están homologadas las leyes, por lo mismo no se reconoce como derecho el aborto, incluso se penaliza a pesar de que hayan sido abortos accidentales. Además de sus propios derechos como el divorcio, por ejemplo, hay lugares en donde solo se otorga el divorcio bajo ciertas causales específicas y no por la simple y llana razón de la incompatibilidad de convivencia”, explica el especialista mexicano Óscar de los Reyes.
En su documento titulado “El estado de los derechos humanos en el mundo”, Amnistía Internacional afirma que los procesos judiciales en Argentina, Brasil, Guatemala y Uruguay por violaciones cometidas durante los pasados regímenes militares han supuesto un importante avance.
“El crimen organizado, grave problema que limita derechos humanos”: Human Rights Watch
Por su parte, la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) presentó en Washington, a principios de 2013, su informe sobre el estado de los derechos humanos en el continente americano. Su director para Latinoamérica, José Miguel Vivanco, dijo que las situaciones más preocupantes del año 2012 se registraron en Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Honduras, México y Venezuela.
“Los desafíos más serios se dan en el marco de la lucha estatal contra el crimen organizado. Con frecuencia, el problema radica en que se recurre a policías y militares que no están en condiciones de proceder eficazmente contra las mafias. Y, cuando actúan, tienden a pisotear los derechos humanos fundamentales de delincuentes e inocentes por igual. Estamos hablando de la desaparición, la tortura y la ejecución de personas por parte de agentes del Estado; prácticas que, por si fuera poco, suelen quedar impunes”, explicó el portavoz de HRW.
“En resumen, a los grandes problemas de seguridad que afligen a América Latina se le suman los causados por la implementación de soluciones inapropiadas”, acotó Vivanco, aludiendo sobre todo a las secuelas de la “guerra contra las drogas”, tal como ha sucedido en México. Honduras ha sido criticada por la inconsecuencia de las investigaciones en torno a las violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de facto de Roberto Micheletti (2009-2010), tras el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya.
Al gobierno de Guatemala se le reprocha el haber militarizado la vigilancia del orden público, pese a los graves abusos en que incurrieron las Fuerzas Armadas del país durante la longeva guerra civil (1960-1996). Algunas unidades policiales brasileñas son acusadas de excederse sistemáticamente en el uso de la violencia y de amenazar a los jueces que buscan procesar a sus agentes por esos desafueros. En Colombia, el anuncio y la consumación de ataques por parte de grupos irregulares armados siguen siendo fenómenos cotidianos.
La violencia obligó a más de 100 000 colombianos a abandonar sus hogares durante el año 2012. Mientras tanto, en Haití la inestabilidad política y la epidemia del cólera, entre otros efectos del terremoto de 2010, impidieron que el gobierno respondiera a las necesidades básicas de la población o a las denuncias de violaciones de derechos humanos —como las condiciones inhumanas en las cárceles y la violencia contra las mujeres y las niñas—, algunas de ellas pendientes desde hace muchos años.
El informe alerta sobre las amenazas a las que se enfrentan los miles de emigrantes que cada año cruzan territorio mexicano hasta llegar a Estados Unidos, de los que unos 22 000 son secuestrados cada año.
La organización, con sede en Washington, condena que el sistema judicial de México no ofrezca justicia a las víctimas de crímenes violentos, además de la corrupción, la falta de capacitación de los agentes judiciales, la violencia sexual contra mujeres y menores, así como agresiones a la prensa que han propiciado “un clima de impunidad y autocensura”. El informe alega que la tortura, “una práctica generalizada”, no solo se emplea para obtener confesiones de las víctimas, sino que esa información también es aceptada después por las autoridades y “no se investigan ni juzgan la mayoría de los casos”.
Como en ocasiones anteriores, la organización reprocha a EE UU que siga encarcelando “a más personas que cualquier otro país del mundo”, que mantenga la pena de muerte y la cadena perpetua sin derecho a libertad condicional para menores de edad, así como el confinamiento en solitario. “Hace mucho tiempo que las minorías raciales y étnicas tienen una presencia desproporcionada en el sistema penal de EE UU”, dice el informe. El 3.1 por ciento de los hombres afroamericanos están en la cárcel, frente a un 1.3 por ciento de los hispanos y un 0.5 por ciento de los blancos.
Según HRW, los miembros del Ejército colombiano también han cometido en la última década “una cantidad alarmante” de ejecuciones extrajudiciales de civiles, que después justificaban como combatientes muertos en enfrentamientos. La organización alerta sobre que la violencia de género se haya convertido en “un problema extendido” en Colombia, donde las víctimas carecen de acceso a la justicia debido al “maltrato de algunas autoridades, las dificultades para presentar pruebas y el temor a represalias”, y que las víctimas de violencia sexual no sean informadas de sus derechos.
En cuanto a Cuba, los autores lamentan que siga siendo “el único país de América Latina donde se reprimen casi todas las formas de disensión política”, la retención de personas durante períodos prolongados, los arrestos arbitrarios y las restricciones a las libertades de los ciudadanos impuestas por el gobierno de Raúl Castro. “La justicia está subordinada al Poder Ejecutivo y Legislativo, y esto excluye la posibilidad de independencia judicial efectiva”, añaden los autores. Según el informe, el embargo económico de EE UU a Cuba “no ha contribuido en absoluto a mejorar la situación de los derechos humanos en el país”.
A cada uno de nosotros nos toca luchar, velar y preservar porque se mantengan estos derechos y se ganen más, pues creceremos como humanidad solo si los respetamos y luchamos por ellos.
