Hace 23 años, México sufrió el primer embargo atunero por parte de Estados Unidos por razones presuntamente técnicas y ecológicas que, al mismo tiempo, parecen obedecer a cuestiones netamente comerciales.
El conflicto del atún entre ambas naciones tiene su origen el 4 de julio de 1980 cuando el gobierno de México emitió la advertencia de detener a las embarcaciones extranjeras que fueran encontradas pescando sin autorización y sin haber realizado el pago de derechos correspondientes en su Zona Económica Exclusiva (ZEE) comprendida por 321 kilómetros mar adentro.
Decisión que afectó a la industria pesquera de la potencia mundial económica que hasta entonces pescaba en aguas mexicanas sin ningún tipo de restricción— debido a que los peces tienden a localizarse a más de 160 kilómetros de la costa en las aguas orientales de la zona del océano Pacífico— provocando que esta elevara sus costos de transportación y mano de obra al tener que desplazarse a otros países del Pacífico occidental.
En un inicio, Estados Unidos hizo caso omiso de dicha advertencia y continuó pescando en México lo que ocasionó que seis de sus embarcaciones atuneras, junto con el producto y equipo de pesca, fueran incautadas.
La respuesta por parte del gobierno estadounidense fue inmediata y no solo desconoció los derechos de jurisdicción de México sobre las especies altamente migratorias localizadas dentro de su ZEE, sino que el 14 de julio de 1980 impuso el primer embargo atunero a México basándose en la Ley Magnuson de Protección de las Especies Marinas.
Dicha ley, emitida en 1972, establecía estándares de equipamiento para la pesquería de cerco empleada por México para atrapar al atún aleta amarilla en el Océano Pacífico Oriental (OPO) con el fin de disminuir la mortalidad del delfín como producto de la pesca incidental.
Desde entonces, México ha sido objeto del embargo atunero por parte de su principal socio comercial que, según dijo a Newsweek en Español el director general de Grupo Pinsa Comercial, Rubén Velázquez, constituye una medida proteccionista que viola los principios generales del comercio internacional al dar un trato diferenciado y por lo tanto discriminatorio al producto nacional, que, asegura, tiene las mismas características físicas que el capturado por la flota estadounidense.
Dolphin Safe
De 1980 a 1986 las importaciones de atún mexicano estuvieron prohibidas en territorio estadounidense bajo el argumento de que los equipos y métodos de pesca utilizados por México para pescar atún aleta amarilla, no cumplían con los estándares de protección ambiental de la flota norteamericana.
La industria pesquera mexicana en la década de 1990 trabajó así para renovar su flota e incorporar tecnología con la que fuera capaz de cumplir con todas las regulaciones internacionales requeridas en relación con la protección del delfín, y Estados Unidos, reconociendo el esfuerzo de su vecino del sur, levantó el embargo atunero.
Sin embargo, la dificultad para la exportación del atún mexicano permaneció, ya que un nuevo requisito fue establecido por Estados Unidos al introducir como condición el etiquetado de Dolphin Safe con el que se buscaba garantizar que la pesca de atún no atentara contra la vida de los delfines.
A partir de entonces, empezó toda una guerra comercial que impidió que el atún mexicano pudiera ser exportado a Estados Unidos o a cualquier otro país del mundo porque, pese a que México trabajó para acatar las reglas impuestas, ningún esfuerzo pareció haber sido suficiente.
“Aunque en esos años la flota no era muy grande en el país, había toda una industria en el Puerto de Ensenada, que en esos años, al haber sido netamente exportadora, con el embargo murió”, aseguró Rubén Velázquez, y agregó que afortunadamente el gobierno apoyó a la industria nacional a través de campañaas como el “chunta chun vamos a comer atún” y así se empezó a desarrollar el mercado mexicano y a generarse más consumo, “entonces no se consumían ni 20 mil toneladas de atún enlatado al año y ahora se consumen de 130 a 140 mil toneladas de éste pescado enlatado al año”.
De 1990 al 2000, México sufrió embargos primarios y secundarios nuevamente por razones presuntamente ecológicas de protección a los delfines en la pesca de atún que, según Rubén Velázquez, obedecía a cuestiones netamente comerciales.
Por tal motivo, el Estado mexicano acudió en 1991 ante un Panel del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), predecesor de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en donde se determinó que la legislación norteamericana no podía interferir en cuestiones ambientalistas de otros países. No obstante, EE UU mantuvo el bloqueo a través del etiquetado Dolphin Safe.
“Para la Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero (Oldepesca), la definición Dolphin Safe en la legislación de EE UU discrimina e impide la equitativa comercialización del atún, vulnera la competitividad de los productos atuneros en el mercado estadounidense y genera un impacto adverso en el desarrollo de las industrias de países de América Latina, pero además tiene efectos adversos significativos en las poblaciones de atún en el Pacífico”, informa el director general de Grupo Pinsa, quien además explica que dichos efectos son consecuencia del incentivo de prácticas pesqueras depredadoras y sin control que se aplican sin el debido programa de seguimiento y verificación exigido por la propia Ley estadounidense.
Según Velázquez, existe evidencia científica de que Estados Unidos no acata sus propias reglas y además alienta una pesca que afecta al ecosistema y genera, por una parte la captura de atunes juveniles e inmaduros, y por otra, la captura incidental no solo de delfines sino de tortugas marinas, tiburones, aves marinas y picudos —pez espada, marlin—, a pesar de lo cual, asegura que México ha emitido una serie de disposiciones destinadas a regular de manera más rigurosa los métodos empleados para la pesca y en particular para evitar los daños ecológicos colaterales.
A través de la creación del Código Ensenada, conocido como el Programa Nacional para el Aprovechamiento del Atún y de Protección a los Delfines, se establecieron en 1991 medidas de vigilancia de buques atuneros, con presencia de observadores científicos, así como la investigación y el desarrollo tecnológico y se penalizó el uso de explosivos en la pesca, el uso del Paño protector para evitar que las especies no objetivo se lastimaran o atoraran en las redes, así como la utilización de lanchas rápidas para asistir a posibles animales atrapados y, finalmente, se publicó la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM 002-PESC-1999, que refiere a la pesca responsable del atún y protección de delfines.
Pese a ello, el Congreso estadounidense promulgó en 1992 la Dolphin Protection Consumer Information Act, con la que prohibió cualquier tipo de comercialización en los EE.UU de todo aquel atún que no pudiera certificar los estándares Dolphin Safe, estableciendo así embargos primarios y secundarios contra todos aquellos países que pescaban o procesaban atún en asociación con delfines.
“Cabe recalcar que México es un país que pesca en asociación con delfines debido a que la mayoría de las veces los bancos de atún aleta amarilla se desplazan por debajo de los grupos de delfines conocidos como panza blanca que nadan en la superficie”, explicó Rubén Velázquez, “pero aquellos delfines que son atrapados junto con los atunes son liberados al momento con total apego a ley de protección”.
El país que resultó más perjudicado con el embargo que se desprendió del requerimiento de los estándares Dolphin Safe fue México, pero otros como Colombia, Ecuador, Panamá o Venezuela sufrieron también un embargo primario, en tanto que la Comunidad Europea, Costa Rica y Japón fueron objeto de un embargo secundario.
En consecuencia, la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) convocó a una reunión urgente en La Jolla, California, donde los gobiernos de Belice, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos de América, Francia, Honduras, México y Panamá firmaron el Acuerdo La Jolla, a través del cual se plantearon soluciones que protegieran las pesquerías y se redujera de manera progresiva la mortalidad incidental de delfines en la pesquería del atún a niveles cercanos a cero.
También se emitió en 1995 la Declaración de Panamá, mediante la que se logró un nuevo régimen internacional de la pesca del atún y protección al delfín, transformando el Acuerdo La Jolla en un instrumento obligatorio, denominado Acuerdo del Programa Internacional de Protección a los Delfines.
Los objetivos del acuerdo estuvieron enfocados a reducir progresivamente la mortalidad incidental de delfines en la pesquería del Oceáno Pacífico Oriental (OPO) a niveles cercanos a cero, a través de la aplicación de límites anuales de captura incidental y desarrollo de métodos ecológicamente razonables de captura de atún aleta amarilla grandes, no asociados con delfines; y, al mismo tiempo, mantener las poblaciones de atún aleta amarilla en el OPO a un nivel que permita capturas máximas sostenibles año con año.
Estados Unidos, como parte del acuerdo, se comprometió a un levantamiento efectivo de los embargos primario y secundario al atún capturado en cumplimiento con el Acuerdo La Jolla, de conformidad con la propia Declaración, el acceso efectivo del atún capturado a los Estados miembros de la CIAT o que hubieran iniciado el proceso de adhesión a dicha organización, y la modificación del concepto Dolphin Safe, de manera que pudiera llevar dicha etiqueta todo el atún capturado en un lance donde no exista mortalidad incidental de delfines.
“México, en cumplimiento con el acuerdo, logró reducir la mortalidad incidental de delfines prácticamente a cero y sin embargo, en 1997 la posición de Estados Unidos nuevamente cambió y adoptó una nueva política de etiquetado Dolphin Safe, condicionando la entrada al mercado norteamericano a aquellos productos que tuvieran ese etiquetado, que en esa ocasión tampoco fue concedido a México bajo el argumento de que, aunque ya no se mataban delfines, la técnica con red de cerco empleada por nuestro país para pescar atún los estresaba.
Ese mismo año, México introdujo una iniciativa de ley para levantar el embargo a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, con la cual se pretendía que el atún mexicano tuviera ingreso al mercado estadounidense bajo dos etiquetas: Dolphin Safe, simbolizando especies de baja demanda y capturadas en zonas distintas al pacífico oriental, y Dolphin Unsafe, representando a la especie de aleta amarilla pescada en el pacífico oriental. Un tribunal de California revocó el proyecto legislativo.
Para 2001, en la sexta reunión del Acuerdo del Programa Internacional para la Conservación de Delfines (APICD),Estados Unidos se comprometió a emitir un sello denominado APICD que deberían llevar los productos como garantía de que no se atentó contra ninguna especie marina en el momento de la pesca. Sin embargo, el grupo ecologista Isla de la Tierra apeló a la resolución y logró que la Corte de apelaciones de los Estados Unidos les concediera la razón para que el atún mexicano estuviera forzado a llevar el etiquetado Dolphin Safe.
Red de cerco
Desde la década de 1980 y hasta la actualidad, México lleva a cabo la pesca de atún a través de la técnica de red de cerco, que supone la captura de los peces rodeándolos con la red por los lados y por debajo evitando que estos se escapen.
Rubén Velázquez asegura que este tipo de pesca no implica la mortalidad de los delfines ya que, en cumplimiento con los lineamientos del Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines (APICD), incorpora la maniobra de retroceso, cuenta con el paño medina con tamaño de luz de malla mejor para que no se atoren o lastimen las especies no objetivo y realizan la liberación de los delfines.
“Nosotros en nuestros barcos llevamos observadores internacionales que pertenecen a la CIAT y que están encargados de llevar una bitácora con información científica y avalada, además hacemos maniobras de retroceso que suponen que cuando el barco lanza su red hace una circunferencia y en vez de hacer chica la red y empezar a subir el barco, avanza para que dicha circunferencia se convierta en un túnel por el que dos buzos empujan a los delfines a que salgan de la red”, puntualiza, “nuestra pesca se concentra en el atún”.
Estados Unidos, en cambio, explica Rubén Velázquez, emplea el uso de los Dispositivos de Concentración de peses o FAD, por sus siglas en inglés, que son sombras que plantan en el mar para acumular pescado y a través de radiofrecuencias localizan el pescado para atraparlo.
“Los FADs no solo concentran todo tipo de especies, sino que el atún que pescan es juvenil y por lo tanto no ha cumplido su ciclo reproductivo; además las flotas estadounidenses no llevan observadores internacionales y entonces no documentan lo que suben al barco o descartan —tortugas, tiburones, delfines, picudos (marlins, pez vela, pez espada) y muchas otras especies que están realmente en peligro de extinción a diferencia del delfín—, es decir, no solo matan delfines y otras especies, sino que son los que más matan pero con su sello Dolphin Safe engañan al consumidor”.
En la actualidad, informó Velázquez, ninguna embarcación mexicana supera los límites de mortandad de delfines impuestos por la CIAT —la muerte incidental existe pero ha sido reducida casi a cero—, debido al perfeccionamiento de las técnicas de la captura del atún y a las mejores tecnologías de las embarcaciones, a pesar de lo cual la Unión Americana ha mantenido su postura y llevó a México a impugnar una vez más esta política “de represalia”.
“El Acuerdo APICD cuenta con mecanismos de seguimiento y verificación para asegurar el cumplimiento de las disposiciones internacionales para la protección del atún y entre sus aspectos principales para la protección de delfines y ecosistemas, se encuentran los Límites de mortalidad de delfines, Entrenamiento y calificación de capitanes, Requisitos de operación, Observadores a bordo y la Revisión de datos y transparencia por un Panel Internacional de revisión, con el fin de cumplir con los objetivos del programa, principalmente la reducción progresiva de la mortalidad incidental de delfines en la pesquería de atún con red de cerco en el área del Acuerdo a niveles cercanos a cero”.
En el 2008, México solicitó la celebración de consultas conforme al entendimiento sobre solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), con objeto de lograr el acceso efectivo al mercado estadounidense para que la industria atunera mexicana pudiera vender su producto al amparo de la etiqueta dolphin safe en ese mercado y, en 2009, pidió la integración de un Grupo Especial para que revisara el apego a los lineamientos de la OMC de los requerimientos legales de Estados Unidos, en cuanto a las restricciones sobre el atún procedente de embarcaciones cerqueras mexicanas.
El proceso legal concluyó de manera definitiva y favorable para México, al confirmarse que el etiquetado Dolphin-Safe que impone EE UU a los productos de atún contraviene las reglas de la OMC, al modificar las condiciones de competencia en el mercado norteamericano en detrimento de los productos de atún mexicanos, otorgándoles un trato menos favorable y discriminatorio en comparación con el atún proveniente de otros países.
“El Grupo Especial reconoció que la etiqueta Dolphin Safe en los Estados Unidos tiene un valor de marketing, por lo que pudiera coexistir con la utilización de la etiqueta Dolphin Safe del APICD sin generar riesgo de desinformación o confusión para los consumidores o de incidir negativamente en la protección de los delfines y, además, quedó demostrado que la flota mexicana y de países miembros de la APICD, cumplen de manera responsable con los lineamientos de sustentabilidad y no representan una amenaza a la población de delfines del Pacífico.
“Además la certificación Dolphin Safe que actualmente es usada en los Estados Unidos, de ninguna manera comprueba que no exista la mortalidad incidental de delfines y tampoco la captura de ejemplares juveniles de atún aleta amarilla y, mientras que el atún mexicano cumple con todas las disposiciones internacionales relacionadas a la protección del delfín, el requisito del método de pesca establecido por Estados Unidos continua descalificándolo automáticamente para ser “dolphin safe”, lo cual constituye una grave e injusta desventaja frente a los productos que ostentan dicha etiqueta”.
Según información de Grupo Pinsa, el embargo atunero ha supuesto consecuencias que han afectado la economía nacional, por el elevado número de empresas que tuvieron que cerrar, con la consecuente pérdida de 5 mil empleos, distribuidos entre la flota, plantas procesadoras y en plantas administrativas; por lo que el gobierno de México ha reiterado en diversas ocasiones su compromiso de trabajar de manera conjunta con el gobierno estadounidense para lograr un acceso justo y efectivo para las exportaciones de atún mexicano al mercado estadounidense y seguir fortaleciendo la protección de los delfines y otras especies marinas afectadas por otros métodos de pesca utilizados por otros países.
El 17 de septiembre de 2012, México y Estados Unidos informaron al OSD de que habían acordado que el plazo prudencial para que EEUU aplique dichas recomendaciones y resoluciones sería de 13 meses, sin embargo, el plazo prudencial expiró el 13 de julio de 2013 sin ningún resultado positivo para México.
A lo largo de los años, han continuado las acusaciones de daño ecológico contra México en la Actas de Conservación de Delfines S.39 y H.R. aprobadas por el Senado y la Cámara de Representantes estadounidenses, donde nuevamente México también continua siendo objeto de una investigación para comprobar que sus procedimientos de captura son adecuados.
“Y seguiremos peleando el acceso al mercado internacional en igualdad de circunstancias, obviamente reconociendo que nuestra área de pesca tiene una particularidad de que el atún nada con el delfín, pero también queriendo que se reconozcan todas las acciones que se llevan a cabo para protegerlo”, concluyó Velázquez.
