En pleno desarrollo de los procedimientos judiciales por delitos de lesa humanidad, cometidos durante la dictadura militar argentina, murió el exdictador Jorge Rafael Videla, dejando atrás 30 000 muertos y desaparecidos, cientos de niños robados y demasiadas preguntas sin respuestas.

El ideólogo de la represión de Estado en Argentina entre 1976 y 1983 se ha ido y, con él, la posibilidad de que responda a las interrogantes de las familias a las que se les arrebató y desapareció un hijo, un padre, un hermano, un nieto, un primo, un tío, un amigo…

¿Dónde están los cuerpos?, ¿a dónde enviaron a los bebés?, ¿cómo se organizaban los secuestros?, ¿cómo se estructuró la represión entre las tres dictaduras de la que habla el Plan Cóndor?, se pregunta tras el suceso, en entrevista con Newsweek en Español, la embajadora de argentina en México, Patricia Vaca Narvaja, con la impotencia de quien estuvo en el exilio y sabe que la justicia llegó tarde, aunque llegó, y con el dolor de ser una hija a la que le quitaron a su padre —un político de la provincia de Córdoba— y le encarcelaron a su hermano por defender a los presos políticos.

Ella ha experimentado, al igual que las madres de la Plaza de Mayo y el pueblo argentino, la pérdida de un ser querido durante el período de terrorismo de Estado, o guerra sucia, que Jorge Rafael Videla lideró después de derrocar a la entonces presidenta de Argentina, María Estela Martínez de Perón, e imponer la Junta Militar que dirigió al país durante siete años.

Represión ilegal, persecuciones, tortura sistematizada, violencia indiscriminada, desaparición forzada, rapto de niños y manipulación de la información son solo algunos de los crímenes que Videla, al haber asumido el papel de “justiciero divino” que debía proteger al mundo de la “amenaza comunista”, se llevó a la tumba el pasado 17 de mayo y sin nunca haber mostrado el mínimo arrepentimiento.

“Murió de causas naturales, tuvo más suerte que los 30 000 desaparecidos que mandó a las fosas comunes, al paredón de fusilamiento, al mar desde un helicóptero y con los pies en botas de cemento: no hubo hábeas corpus, no juicios, no cuerpos. Videla, en cambio, sí tuvo la salud y los cuidados suficientes para poder vivir una larga vida”, asegura la embajadora argentina y reprocha que su muerte se haya dado en el pleno desarrollo de los procedimientos judiciales dejando atrás un sinfín de preguntas sin respuestas: “Se fue sabiendo más de lo que dijo, toda la información que se llevó a su apacible tumba es parte de su delito”.

Y es que el exdictador, tras la recuperación de la democracia argentina en 1983, fue juzgado y condenado en 1985 a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, pero en 1990 el expresidente argentino Carlos Menem lo indultó, y fue en 2006, con Néstor Kirchner en el poder, que dicho indulto fue considerado inconstitucional y Videla fue juzgado. En 2010 se le dictó una condena a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad y, dos años más tarde, se le sentenció a 50 años de prisión por el delito de secuestro y sustracción de identidad de menores de edad.

Su muerte sucedió tras las rejas, en la cárcel de máxima seguridad de Marcos Paz, lo que, según han expresado los familiares de las víctimas, es un acto mínimo de justicia y retribución ante todas las barbaries que se cometieron durante su mandato.

“¿Qué son los actos mínimos de justicia? ¿Qué es un acto máximo de justicia? Hay justicia o no hay justicia. A la justicia le faltó tiempo para juzgar a Videla, pero había leyes apropiadas para juzgarlo. La falta de tiempo tiene como responsables a los cómplices dueños del poder de indulto. Si no hubiera sido indultado en 1990 habría dado tiempo para más juicios, más condenas, más reparaciones.

“Ahora bien, Videla falleció en la cárcel, como un preso común, sin los privilegios a los que había estado acostumbrado por su rango militar. No fue juzgado bajo el Código militar. Murió sancionado bajo las leyes civiles que despreciaba. Tal vez sí, eso sea un acto mínimo de justicia. ¿Retribución? No hay retribución posible; hay, puede haber, cierta reparación. Las leyes son la única manera. Aquellos delitos de lesa humanidad que no se pueden perdonar desde lo individual, porque no resisten ese proceso intelectual o espiritual que deja al dolor alejarse y volverse olvido, sí pueden tener un impacto en el orden simbólico de una nación”.

En efecto tarde, pero finalmente Videla fue sentenciado, y el Juicio a las Juntas iniciado durante el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín por la justicia civil en oposición a la dictadura militar argentina, el cual creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), reinició con el gobierno de los Kirchner y Videla fue obligado a dejar su arresto domiciliario —concedido en 1998—, por lo que pasó un estado de proceso judicial permanente para responder cada demanda que se le hizo por todos aquellos juzgados provinciales en el que lo procesaron.

“Sí, por decencia política, por ética, por convicción, y como una obligación con la memoria y la justicia argentinas, bajo el impulso de los organismos de derechos humanos y el apoyo del presidente Néstor Kirchner, se derogaron las leyes y se anularon los indultos. Era algo éticamente imprescindible”.

—Partiendo de la idea de que cualquier régimen que transita del autoritarismo a la democracia se enfrenta a preguntas fundamentales, como qué hacer con su historia y qué hacer con los autócratas, dígame, ¿qué ha hecho Argentina con su historia y con sus autócratas?

—La memoria nos construye, como individuos y como colectivo, como especie. La memoria y la palabra. Todo aquello que se oculta, que no se nombra, queda latiendo. Los historiadores traen la memoria del pasado hasta nosotros para que sepamos quiénes somos y veamos hacia dónde ir. Es parte de nuestra condición humana. Sin embargo, no siempre somos conscientes de ello. Creemos que recordar o hacer memoria es solo un acto de nostalgia que nos detiene y no nos deja avanzar. El esfuerzo que el país todo, en toda su extensión, ha hecho y sigue haciendo es una ardua y sacrificada tarea, porque recordar es muchas veces doloroso, para poder construir una sociedad más sana, más entera. La Argentina del pasado era un país acostumbrado al “ordeno y mando”, un país en donde a los militares no se les enseñaba a proteger la democracia, sino a imponer su voluntad sobre ella. Hoy hay democracia, hay libertad, hay respeto de los derechos humanos.

—En ese sentido, ¿qué mensaje le da Argentina al resto de América Latina con su proceso democrático, el inicio del juicio a las juntas y, en concreto, con la muerte de Videla en la cárcel?

—La política de derechos humanos de cualquier país, pensemos en los juicios de Nüremberg, tiene sin duda un alto poder ejemplar; hace pedagogía contra la impunidad; le dice al mundo “esto es lo que pasa cuando se violan los derechos humanos”.

“Argentina, en primer lugar, se da a sí misma una lección de dignidad, y luego le dice, a quien quiera escuchar, que el respeto y la garantía de los derechos humanos no es un tema que dependa de los gobiernos en turno, son inalienables e irrenunciables; el respeto a los derechos humanos y el respeto indeclinable a una justicia que no permita la impunidad es algo que no se negocia; se cumple. También envía un mensaje claro a las instituciones que tiene que ver con el respeto a la sociedad civil”.

Así como Videla fue condenado a cadena perpetua y, posteriormente, a 50 años de cárcel, el general guatemalteco Ríos Montt fue en su momento condenado a 80 años de prisión por genocidio y delitos de lesa humanidad. Sin embargo, el 21 de mayo pasado el Tribunal Constitucional de Guatemala decidió anular la sentencia del juicio que había condenado al exdictador, quien hoy se encuentra libre y a la espera de un nuevo juicio.

A pesar de que dicha sentencia que pesaba sobre Ríos Mont fuera anulada, la justicia parece estar en marcha, quizá dando un indicativo de que finalmente se está haciendo justicia en América Latina.
“En algunos países de Latinoamérica se está haciendo justicia. En otros, todavía reina la impunidad con su pasado dictatorial. Ahora es un poco apresurado equiparar los casos de Río Montt con Videla, entre otras razones porque con el guatemalteco hay un movimiento ahora de la Suprema Corte de Justicia que quita la condena y retrotrae el proceso a otra etapa. Videla, en cambio, murió condenado, me gusta repetir, por unas leyes que le repugnaban, por ciudadanos comunes y corrientes”.

—Desde que Videla al frente de la junta militar cometió atroces crímenes contra el pueblo argentino han pasado 37 años, y 17 días desde su muerte, ¿Argentina y los familiares de las víctimas ya han sanado las heridas?

—¿Cómo se salda una ausencia? ¿Cómo se cura la herida de un hijo, de una hija, de una madre que no regresó, de un bebé que fue robado con premeditación y alevosía, con un sustento ideológico del que sus autores nunca se desdijeron ni arrepintieron? Esta respuesta es individual. Nadie puede dar consejos ni aventurar respuestas o prédicas. Lo único que puede hacer el Estado es hacerse responsable en nombre de aquellos cuyos derechos y vida fueron vulnerados. Dar recursos humanos, económicos, facilitar, no entorpecer, apoyar a que la justicia actúe independientemente, que se cumpla lo que dictan las leyes, concluyó la embajadora de México, Patricia Vaca Narvaja.

Videla ya no está aquí, se ha ido, ha llevado sus culpas a la tumba, pero las heridas siguen abiertas y están presentes. Sí, la justicia se ha hecho, y se continúa haciendo presente, pero a veces ni ella basta porque no te devuelve a quien has perdido, y sin embargo, permite dar lecciones no solamente a quienes hoy están siendo juzgados y condenados en el marco de la memoria, la verdad y la justicia como política de Estado, sino a aquellos que como tú y yo somos responsables de perdonar, de sanar, pero nunca de olvidar.