Todos los días, desde hace varios años, decenas de personas son asesinadas con armas de fuego en países como México y Colombia. Mientras el primero protagoniza una guerra contra el narcotráfico y el segundo vive bajo el yugo de los carteles de la droga y la guerrilla, el resto del continente se percibe temeroso ante las pandillas urbanas. Desde luego, tanto la delincuencia organizada como los grupos de rebeldes y de pandilleros recurren al mercado negro para conseguir las armas con las cuales han sembrado el terror en la región.

El principal proveedor de armamento de Latinoamérica se llama Estados Unidos. La polémica Segunda Enmienda del país norteamericano establece que el derecho del pueblo a tener y portar armas no será infringido, pues una milicia bien entrenada será necesaria para el mantenimiento de la seguridad en cada estado. Esta permisividad ha sido aprovechada por grupos perfectamente organizados que adquieren las armas en Estados Unidos y las hacen fluir hacia el sur generalmente por las mismas rutas que utiliza el narcotráfico.

Algunas estadísticas estiman que por la frontera entre Estados Unidos y México se contrabandean más de 2000 armas de todo tipo diariamente. Por ello diariamente en la región latinoamericana se cometen docenas de asesinatos con armamento de alto poder producto del tráfico ilegal, un negocio que cuenta con la corrupción, impunidad y complicidad de muchas autoridades.

Hoy en día las tasas de homicidio en América Central y algunas partes de América del Sur ya se han convertido en las más altas del mundo.

De acuerdo con el primer informe mundial sobre homicidios de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés), emitido en octubre de 2011, tres cuartas partes de los asesinatos en estas regiones se perpetran con armas de fuego.

Este estudio también asienta que las armas de fuego son las causantes de las crecientes tasas de homicidio en el continente y que incluso provocarán que uno de cada 50 hombres mayores de 20 años muera antes de alcanzar la edad de 31 años.

El Primer Estudio Global sobre el Homicidio también halló un destacado vínculo entre el crimen y el desarrollo, pues señala que los países con amplias disparidades de ingresos tienen cuatro veces más probabilidades de ser afectados por delitos violentos que las sociedades más equitativas.

Tráfico de armas y derechos humanos

Para el Dr. Arturo Argente Villarreal, director del Departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey Campus Toluca, el contrabando de armamento “es el motor que de alguna forma crea toda la narcoviolencia que hay en América Latina”.

En entrevista con Newsweek en Español, el especialista expone las razones de su diagnóstico: “El tráfico de armas incrementa la violencia que se vive en la lucha del narcotráfico, donde la población civil es la víctima de esta guerra, que a muchos parece inútil y que no va a tener fin”.

Como en ninguna otra época se ha visto, el contrabando de armamento hoy está más directamente relacionado con el crimen organizado, específicamente, el narcotráfico y la industria del secuestro. Sin embargo, también es una realidad que armas de calibre menor son asimismo usadas para perpetrar delitos ahora considerados menores, como los asaltos en la calle, a negocios, a viviendas y el robo
de autos.

Por ello el tráfico de armas ya es considerado una tentativa contra los derechos humanos en el tenor de seguridad y, también, un desafío que el poder ejecutivo de cada país debe enfrentar y ganar, pues incluso se ha vuelto un reto a las rudimentarias democracias.

Abunda al respecto Argente Villarreal, académico de una de las universidades más prestigiosas de América Latina: “En materia de derechos humanos, este contrabando va aparejado con todas las víctimas que van cayendo en la guerra del narcotráfico. Todo este tráfico de armamento, todo este equipamiento que reciben los carteles, de alguna forma agudizan la situación que se vive en la región, y eso a la vez afecta los derechos humanos de la población civil, que solo somos testigos de estas situaciones”.

El contrabando de armamento ha convertido a Latinoamérica en una zona minada. Por lo menos ello se concluye de las cifras: según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, el 42 por ciento de los asesinatos con arma de fuego que cada año ocurren en el mundo se cometen en esta región, donde vive menos del 10 por ciento de la población mundial.

El presidente de México, Felipe Calderón, ha manifestado que más de 100 000 armas incautadas al crimen organizado en México provienen de armerías legales en Estados Unidos. Pero Estados Unidos, incluso ahora que en Colorado un joven disparó dentro de un cine y mató a 12 personas, se muestra reticente a reformar su legislación en materia de armas.

El especialista del Tecnológico de Monterrey considera que esta reticencia estadounidense se debe a que reformar su ley armamentista afectaría varios de sus intereses económicos.

“Para Estados Unidos, además de estar protegido por la Segunda Enmienda, realmente todos los fabricantes de armas resultan ser un buen negocio, ya que, además de las grandes ganancias que se generan con este tráfico de armamento, dan donativos a las campañas presidenciales. Entonces, es un buen negocio que está protegido constitucionalmente”.

Castigar la corrupción y negligencia

Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, desde hace varios años ha manifestado la necesidad de que se fortalezca la relación entre los embargos de armas y los procesos de desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes a sus sociedades.

El funcionario también ha subrayado que las armas producto del contrabando tienen un creciente impacto negativo en materia de seguridad, derechos humanos, y desarrollo social y económico y que hacen un daño especialmente profundo en las situaciones de crisis o en los escenarios posconflicto.

En este tenor, el especialista en Derecho del Tecnológico de Monterrey expone la tarea que deben realizar los gobiernos para abatir el contrabando de armas:

“Los gobiernos de América Latina de alguna forma están a la comparsa de lo que diga el de Estados Unidos. Pero, independientemente de ello, tienen mucho que hacer, es decir, cualquier gobierno de Latinoamérica debe castigar la corrupción, complicidad y negligencia de los funcionarios públicos en cualquier tipo de garita, ya sea en la fronteriza, la marítima o la aeroportuaria.

“También, a través de las vías diplomáticas deben de empujar la eliminación de la venta ilegal de armas de Estados Unidos hacia el sur del continente americano. En Estados Unidos se ha agravado la situación, ya lo vimos con lo que pasó en Denver en un cine, aunque esta industria del armamento es muy sólida, muy poderosa, y no creo que este tipo de hechos la puedan sacudir”.

El comercio ilegal de armas mueve unos 70 000 millones de dólares al año en todo el mundo, por lo que, obviamente, el lavado de dinero juega un papel primordial en este delito.

Expone a Newsweek en Español el doctor Argente Villarreal: “El tráfico de armas es un problema de carácter global que involucra el lavado de dinero. Los gobiernos deben replantear su estrategia y empezar a ver más este tema, que es el aspecto financiero. No dejemos de ver que este es un negocio que deja ganancias, y por ejemplo, el gobierno mexicano no lo ha atacado de forma congruente, ha preferido poner en la calle 60 000 muertos y se ha visto débil frente al sistema de lavado de dinero, nuestro sistema financiero se muestra débil frente a las filtraciones que ha habido por parte del narcotráfico.

“El sistema financiero de cada país es el pilar de su economía nacional. Hay que replantear esta guerra contra el crimen organizado, sacar del sueño de los justos la ley antilavado y aprobarla, publicarla y empezar a atacar el tema del lavado de dinero, pues por más que se trate de controlar el tráfico de armas y las diversas rutas que existen en la frontera entre México y Estados Unidos, mientras siga habiendo bastante dinero será una tarea que resultará imposible”.

El fracaso del Tratado sobre comercio de armas.

El viernes pasado, tras un mes de agudos debates y negociaciones, en Nueva York concluyó sin acuerdos la conferencia de Naciones Unidas sobre el comercio de armas, donde intervinieron los 193 Estados miembros de la organización multilateral.

Tras el fracaso de las discusiones, el Departamento de Estado estadounidense se inclinó porque sea en 2013 cuando se retomen las negociaciones para lograr un tratado que regule el comercio de armas.

El tratado tenía como finalidad obligar a los países que venden armamento a mantener un registro de sus transacciones y evaluar si las armas pueden llegar a ser utilizadas para cometer violaciones graves de los derechos humanos, atentados, o si pueden caer en manos del crimen organizado.

El gobierno mexicano, reconocido por su liderazgo en favor del éxito de la conferencia, lamentó que esta concluyera sin ningún acuerdo.

A través de un comunicado de la cancillería, la administración de Felipe Calderón deploró el fracaso de las discusiones en Nueva York, pues “había generado grandes expectativas para muchos países y la sociedad civil” y lamentó que pese a los esfuerzos desplegados no se llegara a un convenio como lo requiere la grave situación que padecen numerosas sociedades en todos los continentes debido a la venta y transferencia irresponsable de armas y municiones.

“El Tratado sobre comercio de armas era otro de los compromisos que de alguna forma trataban de ponerle presión a la política interna de Estados Unidos —expone el especialista del Tecnológico de Monterrey—. Estados Unidos comparte este problema global con México, pues México pone los muertos al recibir el armamento, y aquí, en el foro interno, se está dando esta guerra. En Estados Unidos se recibe
todo este producto del lavado de dinero, inversiones de diversos narcotraficantes, y debe haber un control y no solicitarle, sino exigirle, que controle la venta de armamento que se está realizando de forma ilegal”.

Pero antes de pensar en regular el comercio de armamento Estados Unidos pone sobre la mesa los intereses de su economía, concluye el doctor en Derecho: “No creo que modificar la ley de armas sea una de las prioridades del gobierno estadounidense, pues ahorita una de sus prioridades es el problema económico. Ojalá que sí lo fuera por el bien de todos, porque los problemas de tráfico de armas y lavado de dinero son de carácter global, no nada más de Latinoamérica”.