
Lo que inició como una inspección ordinaria de rutina por parte de la Subsecretaría del Trabajo del estado de Guanajuato, terminó por desencadenar una investigación penal por presunta trata de personas con fines de explotación laboral en el rancho Agroverdi, ubicado en la comunidad El Ramillete, en León.
El subsecretario del Trabajo, Marco Rodríguez Vázquez, explicó que la revisión a dicho centro laboral respondió únicamente a competencias laborales, particularmente a las condiciones generales de trabajo, sin una intención inicial de detectar delitos. “Todo parte de una inspección. No puedo ver si sancionó a alguien si antes no hago el procedimiento de inspección para ver cuál es la línea basal o la situación de origen que tiene el centro laboral”, declaró en entrevista.
El operativo, realizado el pasado 11 de julio, involucró la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuerpos de seguridad y organismos de atención humanitaria. En el lugar fueron encontradas más de 700 personas laborando, entre ellas menores de edad, lo que llevó a la FGE a abrir una carpeta de investigación por trata de personas.
Rodríguez Vázquez enfatizó que, debido a que el procedimiento administrativo aún está en curso, la dependencia no puede emitir opiniones ni revelar información adicional sobre la empresa. “Tenemos el procedimiento y le recuerdo: no podemos hablar mientras tengamos un procedimiento abierto, no podemos dar dato alguno extraordinario”, sostuvo.
Detalló que Agroverdi se encuentra en la etapa legal de responder a las observaciones hechas tras la inspección, y que aún no se ha trasladado el expediente al órgano administrativo sancionador. “Son los tiempos jurídicos… ellos tienen hasta 30 días para aportar. Después yo tengo un periodo para hacer el análisis que se llama evaluación, y posterior a eso pasa al órgano administrativo sancionador”, explicó.
El funcionario reiteró que la Subsecretaría del Trabajo se limita a revisar aspectos relacionados con condiciones laborales, y que materias como salud y seguridad corresponden a otras autoridades: “Acuérdese que laboral que nos corresponde a nosotros, que tenemos facultades, es condiciones generales de trabajo. Seguridad y salud, en este caso, corresponde a la autoridad social”.
A la par de la investigación penal, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado también abrió una queja de oficio por un posible abuso de autoridad durante el operativo de rescate.
La gobernadora del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, manifestó su respaldo a la actuación de la FGE y confirmó que ya existían reportes previos sobre condiciones inadecuadas en las que vivían las personas trabajadoras del rancho. “Es una situación muy lamentable, pero que deriva de actos de investigación y tienen sustento en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía”, expresó.
También señaló que el gobierno trabaja con un grupo interdisciplinario para atender a las personas rescatadas. “No podemos permitir que vivan en esas condiciones”, afirmó, y agregó que la mayoría no quiere regresar a su lugar de origen, pero tampoco pueden permanecer en Guanajuato bajo el mismo esquema de vulnerabilidad.