HACE TRES DÉCADAS Konstanty Gebert solía infringir la ley. De manera continua. Participaba en manifestaciones antigubernamentales. Escribía para diarios clandestinos. E incluso ayudó a formar una universidad secreta donde impartían asignaturas prohibidas por el Estado.
No obstante, desde la caída del gobierno comunista de Polonia, en 1989, Gebert se ha esmerado en respetar el Estado de derecho por el cual los polacos lucharon tan arduamente. Y así lo hizo hasta principios de este año, cuando el partido gobernante del país, el ultraconservador Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco), declaró ilegal responsabilizar a Polonia de las atrocidades nazis cometidas durante la Segunda Guerra Mundial. Gebert sintió la necesidad de manifestarse y, en marzo, a pocos días de que la legislación entrara en vigor, el reportero judío, de 64 años, hizo una declaración al respecto en un artículo para su periódico varsoviano, Gazeta Wyborcza: “Muchos miembros de la nación polaca tienen corresponsabilidad en algunos crímenes nazis cometidos por el Tercer Reich”, escribió.
Gebert sigue en libertad, por ahora. Y es que a resultas de su artículo, podría hacer frente a una sentencia de prisión de tres años o una multa cuantiosa. “Sigo esperando”, dijo a Newsweek. “La fiscalía publicó un boletín de prensa diciendo que ha recibido 44 denuncias fundamentadas en la nueva legislación, y que están analizándolas. Espero no estar en su lista”.
Varsovia argumenta que la ley protege la historia nacional al proscribir aseveraciones de que los polacos intervinieron en los campos de extermino nazi como Auschwitz, cercano a la población de Oswiecim. Entre 1939 y 1945, Polonia sufrió una ocupación nazi brutal en la que perecieron hasta 3 millones de judíos polacos y 2.5 millones de polacos étnicos. Sin embargo, cada, año, el viceministro del Exterior polaco, Bartosz Cichocki, asegura que las embajadas polacas en el extranjero registran más de 1,500 acusaciones de atrocidades nazis atribuidas a Polonia, en vez de Alemania. Estos casos incluyen de todo, desde referencias a campos de extermino “polacos” hasta alegatos de que Varsovia colaboró con Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. “Hemos sido testigos de una oleada de artículos, opiniones y comentarios que demuestran que muchas personas carecen de conocimientos básicos sobre la historia de Polonia”, apunta Cichocki. “La situación que enfrentamos es que, de alguna manera, cuando la gente piensa en el Holocausto… solo hay víctimas judías y perpetradores polacos”.
Los detractores de la legislación afirman que se trata de un amplio ataque contra la libertad de expresión, redactado en términos ambiguos por el PiS para silenciar a sus críticos y sofocar el debate histórico. “Es un garrotazo general que pende sobre las cabezas de quienes pretenden hablar de la Shoah”, expresa Gebert (usando el término hebreo de Holocausto), “para asegurar que el gobierno pueda golpearlos en el momento que considere políticamente oportuno”.
Muchos polacos se resistieron al Tercer Reich, y el Centro del Holocausto Yad Vashem, en Israel, reconoció a más de 6,000 de ellos como “miembros de los justos” que brindaron refugio o ayuda a los judíos para escapar de los nazis. El movimiento de resistencia antifascista, organizado en el país durante la Segunda Guerra Mundial, es fuente de orgullo e identidad nacional para los polacos. “Polonia nunca creó un gobierno que colaborara con el Tercer Reich y jamás formó una división SS”, arguyó el primer ministro Mateusz Morawiecki, entrevistado en marzo por la revista Foreign Policy. “Mi familia cercana rescató judíos. En la hora más oscura, los lazos polaco-judíos resultaron ser más fuertes que la brutalidad inimaginable de la ocupación nazi alemana”.
Sin embargo, al paso de casi tres décadas —sobre todo, desde que el gobierno publicó sus archivos tras la caída del comunismo, en 1989—, nuevos estudios han puesto de relieve un asunto mucho más siniestro: la colaboración. En 2001, Jan Gross, historiador polaco-estadounidense, desató un debate nacional con la publicación de Vecinos: el exterminio de la comunidad judía de Jedwabne, Polonia, donde analizó el asesinato de 340 judíos polacos que, en 1941, fueron encerrados en un granero que los lugareños incendiaron. En 2006, Gross publicó un segundo libro, Fear: Anti-Semitism in Poland After Auschwitz (Miedo: antisemitismo en Polonia después de Auschwitz), en el cual documentó la violencia contra los judíos en los años posteriores a la liberación del nazismo.
Los alegatos llegaron más allá. En 2013, otro historiador polaco, Jan Grabowski, publicó Hunt for the Jews: Betrayal and Murder in German-Occupied Poland (A la caza de los judíos: traición y asesinato en Polonia durante la ocupación alemana). Esta obra hace un análisis meticuloso de los registros de un solo distrito rural polaco durante la ocupación nazi, Dabrowa Tarnowska, y revela que la gran mayoría de los judíos que se ocultaron de los nazis fueron traicionados —y en algunos casos, asesinados— por sus vecinos polacos.
Los dos historiadores aseguran que esta violencia no terminó en 1945. Un año después, en la aldea de Kielce, policías, soldados y civiles polacos mataron a más de 40 judíos que sobrevivieron al nazismo. “Esta explosión de violencia antijudía no [fue] un estallido de odio aislado —escribe Grabowski—, sino la continuación menguante de una práctica de tiempos de guerra, conocida por todos en las tierras ocupadas”.
Para historiadores como Grabowski, aceptar la colaboración polaca en los crímenes de la era nazi es importante no solo para Poloniaaº, sino para el resto del mundo. “Creo que las acciones de los seres humanos son universales”, apunta Grabowski, acerca de su investigación de los hechos en Dabrowa Tarnowska. “Tu vecino pide ayuda. Si lo ayudas, podrían matarte, si no lo haces, él podría morir. Esas decisiones terribles que debes enfrentar… es necesario debatirlas”.
Con todo, muchos polacos no están de acuerdo. En 2017, una encuesta del Centro Polaco para la Investigación de Prejuicios, organización de Varsovia, demostró que más de 55 por ciento de los polacos estaba “molesto” por lo que se decía sobre la participación del país en los crímenes de guerra contra judíos. “Polonia nunca ha reflexionado en la ocupación y en la guerra [ni tampoco], en la actitud hacia los judíos en tiempos de guerra”, acusa Grabowski. “Se ha limitado a encalarlo todo para hacerlo desaparecer”.
Para la extrema derecha nacionalista, las afirmaciones de que el país participó en el Holocausto han nutrido el argumento de que Polonia está siendo atacada por fuerzas europeas, ajenas al continente. Igual que Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, el fundador del PiS, Jaroslaw Kaczynski, ha enfrentado a la Unión Europea con exigencias de que los Estados miembro acepten una cuota de migrantes. Y así como Orbán fortaleció sus credenciales nacionalistas enarbolando el argumento del trato injusto que recibió Hungría tras la Primera Guerra Mundial, Kaczynski ha recurrido a los demonios de la Segunda Guerra Mundial. En 2016, Polonia enfureció a sus aliados de Kiev aprobando una resolución en la que acusaba a los colaboradores ucranianos de asesinar a 100,000 civiles polacos durante la Segunda Guerra Mundial. Ese mismo año, Varsovia amenazó con despojar a Gross (profesor de la Universidad de Princeton) de la Orden del Mérito —el máximo reconocimiento de Polonia—, porque osó escribir un artículo para el diario alemán Die Welt, en el cual afirmaba que Polonia “mató más judíos de los que mató Alemania durante la guerra”. Y en 2017, poco después de que el PiS asumiera el poder, el gobierno exigió que Alemania pagara más de 850,000 millones de dólares como compensación por crímenes de guerra y por la destrucción de ciudades polacas.
El objetivo oficial de la “ley Holocausto” es utilizar el término “campos de extermino polacos” para describir Auschwitz y otras instalaciones nazis. Pero los críticos consideran que dicho argumento es un mero subterfugio. La frase no solo era casi desconocida antes de 2015, sino que ni siquiera los historiadores revisionistas disputan que los polacos operaron dichos campos de extermino. “Si crees que [el tema de los campos de extermino polacos] es el objetivo de la legislación, te engañas”, asegura Grabowski. “Se trata de impedir que difamen a la nación polaca… Esta ley es nociva y tóxica”.
Tóxica o no, la legislación resuena con la base de Kaczynski. En abril, el Movimiento Nacional de Extrema Derecha exigió que se investigara al presidente israelí, Reuven Rivlin, después de que dijo a su homólogo polaco, Andrzej Duda, que “no podía ignorarse” la colaboración polaca con los nazis. Según los críticos de la ley Holocausto, la elección del momento no es casualidad, dadas las elecciones a celebrarse a fines de 2018 y las elecciones nacionales del año entrante. “Si el gobierno retrocede, corre el riesgo de perder el voto fascista, que representa alrededor de 10 por ciento del electorado”, informa Gebert. “Kaczynski necesita tener cerca de sí a sus fascistas”.
Sin embargo, si la intención de Kaczynski es “dar amor” a los fascistas, Varsovia ha tenido que pagar un alto precio interno por ello. Hasta los miembros de línea dura del partido se sorprendieron por el furor con que fue recibida la legislación de enero, y que ha persistido desde entonces. Washington ha acusado a Polonia de un ataque descarado contra la libertad de expresión, mientras que Israel ha dicho que la ley equivale a la negación del Holocausto. Enfrascada en una fuerte disputa con la Unión Europea por sus reformas a la rama judicial, Polonia se encontró de pronto con un fondo de aliados que mengua rápidamente.
El primer ministro Morawiecki empeoró la situación el 17 de febrero cuando, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, dijo a un panel de debates que los judíos —además de los polacos y los rusos— fueron “perpetradores” durante el Holocausto.
El comentario respondió a una pregunta del reportero israelí Ronen Bergman, de familia polaca y cuyos progenitores sobrevivieron al Holocausto. En una emotiva declaración, Bergman explicó que la familia de su madre fue traicionada por los vecinos durante la ocupación nazi de Polonia. Para Bergman, la respuesta de Morawiecki demostró que el debate sobre la legislación tiene tanto que ver con el presente como con el pasado. “Estoy muy consternado, casi al borde de las lágrimas”, dice, refiriéndose al video del intercambio, que ha sido ampliamente compartido. “Creí que [Morawiecki] diría algo como ‘lamento mucho su pérdida’. En vez de eso, me miró como si yo fuera un fastidio. Resultó evidente que… no hablábamos solo de historia”.
Si los comentarios del primer ministro polaco para Bergman fueron desdeñosos, el contragolpe de los nacionalistas solo puede calificarse de hiriente. Se diseminaron rumores en línea de que la familia de Bergman había entregado judíos a los nazis. Troles de la extrema derecha revisaron y criticaron su trabajo en sitios web extremistas. En el norte de Israel, como un intento de intimidación, alguien rastreó y fotografió la tumba de su madre. “Cosas horribles, espantosas”, dijo Bergman acerca de los mensajes que recibió en línea. “Era una campaña organizada. No fue una explosión espontánea de sentimiento nacionalista. Ese fue mi primer enfrentamiento con algo así, y dejó una mancha”.
Sería fácil descartar a quienes atacaron a Bergman a raíz de sus comentarios en Múnich como una minoría de troles marginales, ocultos en el anonimato cibernético. No obstante, las estadísticas publicadas por el Centro Polaco para la Investigación de Prejuicios sugieren que ese antisemitismo no solo se ha generalizado en Polonia, sino que va en aumento. Una encuesta realizada por la organización, en 2017, halló que, entre 2008 y 2013, la cifra de polacos que creían que los judíos cometen asesinatos rituales creció de 12 a 24 por ciento. Entre tanto, 85 por ciento de los encuestados manifestó que jamás había conocido a un judío en Polonia.
Es una estadística poco sorprendente, dado que dos tercios de los 300,000 judíos polacos que sobrevivieron al Holocausto emigraron a Israel después de la guerra. Otros 20,000 abandonaron Polonia en 1968, cuando el gobierno comunista lanzó una campaña “antisionista” dirigida contra los intelectuales polacos que criticaban al Estado. Según el último censo nacional (2012), solo 8,000 personas se definían como judíos.
El gobierno de Polonia, que se ha esforzado por estrechar relaciones con Israel, niega que el antisemitismo vaya en aumento. Cichocki, el viceministro del Exterior polaco, insiste en que es injusto acusar al país de odio antijudío, cuando hay neonazis marchando por las calles de las ciudades de Estados Unidos, y los judíos son objeto de ataques y asesinatos en Europa. “Polonia es un refugio para los judíos”, asegura.
Por otra parte, Cichocki arguye que la nueva ley equivale a la legislación que criminaliza la negación del Holocausto en 16 naciones europeas, así como en Israel. Y señala que el gobierno de Varsovia ha financiado investigaciones, exhibiciones y museos que documentan los aspectos más controversiales de la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos: el Museo de la Historia de los Judíos Polacos, inaugurado en 2013 en el sitio del antiguo gueto de Varsovia. “No tememos a las páginas más oscuras de nuestra historia”, declara. “Esta ley no pretende penalizar a las personas que dicen que polacos o grupos de polacos participaron en las atrocidades alemanas. Nadie está limitando la libertad de expresión en Polonia”.
Pese a la censura de Estados Unidos e Israel, el Ministerio de Justicia de Polonia todavía no ha enjuiciado a alguien por violar la ley Holocausto. En marzo, Duda refirió la legislación al tribunal constitucional de Polonia, que aún no ha emitido su fallo. Los críticos consideran esa medida como un intento para distanciar al gobierno de lo que se ha vuelto un asunto político cada vez más tóxico. De hecho, algunos opinan que Kaczynski tal vez espera que el tribunal —que está plagado de leales al partido— recomiende cambios en la legislación, volviéndola más aceptable para Israel y Estados Unidos, pero sin enfurecer a su base nacionalista. El PiS pretende lograr una mayoría parlamentaria de dos tercios en 2019, lo cual significa que no puede mostrarse débil ante la extrema derecha.
Los analistas consideran que es un acto de malabarismo muy delicado, y aun si Kaczynski decidiera que vale la pena que Polonia se convierta en un paria internacional a cambio de obtener una gran victoria el año entrante, Gebert no pierde su optimismo. La legislación ha enfrentado fuerte oposición en el país y en el extranjero, en forma de cartas públicas, protestas y declaraciones de grupos religiosos y políticos.
Gebert recuerda que, durante la campaña antisionista de 1968, los judíos de Polonia no tuvieron aliados. Aquel fue un momento formativo para él, y no solo porque recibió su primera paliza a manos de la policía antimotines. Fue entonces que su generación se dio cuenta de que era necesario abolir el sistema comunista. Y de que tendrían que hacerlo sin ayuda.
Transcurridos 50 años, la situación ha cambiado. “La diferencia fundamental en esta ocasión… es que no estamos solos”, afirma. “La sociedad civil polaca sostiene un debate interno sobre el tipo de país que quiere. La oposición nos respalda. Esta legislación ha sido condenada públicamente, hay solidaridad con los judíos, manifestaciones”.
Tal vez por eso Gebert se siente no solo confiado sino hasta cómodo infringiendo la ley. “No fue una decisión fácil”, confiesa. “Pero lo hice para averiguar qué dice”.
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Publicado en cooperación con Newsweek /Published in cooperation with Newsweek
