Es el consenso de los especialistas, pero también el retrato que arrojan los datos oficiales, como el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) o la Encuesta Dinámica de Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del INEGI: los feminicidios pasaron de 6.3 a 7 diarios entre 2014 y 2017, y la incidencia de agresiones o conducta violenta contra mujeres fue de 62 a 66 por ciento entre 2011 y 2016. En el mismo periodo, los casos de violencia sexual también aumentaron, de 35 a 41.3 por ciento.
El incremento en la violencia de género ha sido paralelo al impulso y aprobación de nuevas leyes, códigos, institutos y políticas públicas que, a decir de especialistas, han fallado por cálculos políticos. Pero igual existen fracasos notables en materia de prevención y acceso a la justicia para las mujeres violentadas.
En el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y “Mes Naranja”, investigadores y especialistas realizan un balance de escenarios, retos y responsabilidades, así como un repaso por la suerte que experimentan las víctimas que buscan denunciar algún tipo de agresión en su contra.
EL SILENCIO DE LOS GOBERNADORES
Entre 2013 y 2014, la investigadora de la UNAM Emanuela Borzacchiello fue integrada al equipo de especialistas encargadas de realizar un diagnóstico para determinar la viabilidad de emitir una Alerta de Violencia de Género (AVG) en un estado más recordado por sus sitios turísticos: Guanajuato.
Tras pasar dos años realizando trabajo de campo y documentando casos de violencia contra las mujeres, Borzacchiello y el equipo de investigadoras registraron un alza en incidencia de feminicidios, agresiones sexuales y amenazas que provocaron incluso desplazamientos forzados de mujeres y sus familias.
De igual forma, dentro del diagnóstico elaboraron un mapa de riesgos prospectivos, a partir de los hallazgos de mujeres asesinadas alrededor de la región industrial de Silao, que según Borzacchiello “es como una Ciudad Juárez contemporánea, pero con un alto nivel de sofisticación en cuanto a la violencia feminicida”.
Al concluir, entregaron el dossier de mil páginas al gobierno del estado y al Inmujeres, pero estos optaron por no hacerlo público, sin ofrecer explicación.
“El gobierno tenía la obligación de colgar la información en la página web y no lo hizo, lo guardaron en un cajón. El problema, en este caso, es que el gobernador [Miguel] Márquez quería candidatearse a la Presidencia y por eso tener la Alerta de Género no era el mejor símbolo para presentarse, esa es mi hipótesis”, dice Borzacchiello.
La investigadora de la UNAM agrega que la actitud del gobierno de Guanajuato se repite en otros estados ya que, lamentablemente, en México los cuerpos de las mujeres son usados como “botín político” en el marco de disputas electorales.
Desde redes sociales, la comunicadora Verónica Villalvazo —@Fridaguerrera en Twitter— también lucha contra los gobiernos que no quieren contar a sus muertas. A diario diseña y alimenta una base de datos vinculada a “Google Maps” con los homicidios de mujeres que reportan los medios de todo el país.
En los primeros diez meses de 2017, el mapa digital “Feminicidios: Emergencia Nacional”, tenía ubicados 1,475 asesinatos de mujeres con lugares, fechas, nombres, presuntos responsables y estatus del proceso legal. Una base de datos más completa que cualquier estadística oficial, a juzgar por el contenido de las plataformas disponibles.
La activista @FridaGuerrera explica que la recolección de datos sobre feminicidios también le ha permitido conocer a los familiares de las víctimas para profundizar en las historias de las mujeres asesinadas, y que estas no queden solo en estadística.
“Ellas no son números y no se lo buscaron. Cada una de las mujeres que han sido arrebatadas lo han sido porque en México se puede matar mujeres y no pasa nada”.
SORDERA INSTITUCIONAL
Otro de los infiernos cotidianos que padecen las mujeres en México es la falta de interés de las autoridades ministeriales por atender sus denuncias de violencia intrafamiliar, que muchas veces terminan en tragedia.
Así lo comprobó Margarita Domínguez, de 24 años, en Tonalá, Jalisco, el tercer estado con mayor índice de violencia contra la mujer. De acuerdo con versiones de sus familiares, Margarita presentó en el Centro de Justicia para la Mujer un par de denuncias, una por violencia intrafamiliar y otro intento de homicidio, ambas en contra de su expareja. Las autoridades no le dieron seguimiento porque no se concluyeron los trámites burocráticos. El 23 de agosto de 2017, Margarita fue asesinada de cuatro balazos en el tórax y cuello después de dejar a uno de sus hijos en el kínder. La indolencia oficial cobró una vida más.
“PARA QUE OCURRA un
feminicidio hay muchos antecedentes y avisos de violencia doméstica, pero las
autoridades no actúan”. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO
Sobre esta arista de la violencia de género, Verónica Navarro, psicóloga y directora de la asociación Mujeres Aportando a Mujeres (MAM) dice que el gran fallo del Estado mexicano es la ausencia de políticas y recursos para prevenir la violencia doméstica, que es el germen de la violencia feminicida.
“Para que ocurra un feminicidio hay muchos antecedentes y avisos de violencia doméstica, pero las autoridades no actúan”, explica Navarro.
Ella misma dice que en su experiencia como capacitadora de jueces, ministerios públicos, fiscales y policías, resulta complejo “cambiar el chip” y romper los estereotipos sobre las mujeres, especialmente cuando los funcionarios son, en su mayoría, hombres mayores y con convicciones arraigadas.
La investigadora Emanuela Borzacchiello coincide en que prevalecen muchos estereotipos en las instancias de procuración de justicia, y por eso ocurren las fallas operativas. Considera que uno de los estereotipos que urge desterrar es el que sostiene que las mujeres no denuncian.
“Las mujeres sí denuncian: en el 75 por ciento de los casos de violencia de género que hemos analizado en Guanajuato, las mujeres denunciaron. Solo que cuando iban al ministerio público la frase que siempre le repetían era que si no hay lesiones, no hay delito. Entonces, el problema es que no hay capacitación, no hay formación; los ministerios públicos cuando atienden a las mujeres y denuncian de primera instancia, no están capacitados y están llenos de estereotipos que perciben la violencia solo como una lesión grave sobre el cuerpo y no ven todos los actos violentos que la mujer sufre”.
LEYES INOPERANTES, ALERTAS MAL IMPLEMENTADAS
Desde 2007, México cuenta con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que según Borzacchiello es una de las legislaciones mejor diseñada a escala internacional, de acuerdo con un estudio financiado por la Unión Europea.
“A la Complutense de Madrid le han encargado un estudio, y comparando las leyes en todo el mundo, la ley mexicana es lo mejor que se puede tener, y eso gracias al trabajo incansable de la academia y activistas”, explica.
Sin embargo, agrega que el gran diseño normativo es directamente proporcional a lo mal que se ha implementado la ley en su primera década: “La ley está bien hecha, el problema es la impunidad del 95 por ciento de los casos de Feminicidio”.
En el mismo sentido opina la académica del Departamento del Colegio de la Frontera Norte, Julia Monárrez, al considerar que esta es una ley que nace sin recursos, sin presupuesto y sin una infraestructura. Por ello es una ley que no funciona.
“En Ciudad Juárez se han creado estos Centros de Justicia y se han capacitado a funcionarios en cuestiones de derechos humanos y de género, pero todavía no se puede decir que funciona la Ley”, dice.
Respecto a la efectividad de las Alertas de Género, la especialista en feminicidios y seguridad ciudadana argumenta que es erróneo pensar que esa medida emergente podrá erradicar la violencia, además de que pone la carga de prueba (diagnóstico) para su activación a los organismos no gubernamentales.
“Es un mecanismo de emergencia en lugar de ser un mecanismo que previniera y que no dejara que estas emergencias afecten directamente a las mujeres y las niñas. Por otro lado está la resistencia de los gobernadores a que se emita la Alerta de Género, porque están diciendo: aquí no hay violencia y aquí no es Ciudad Juárez, como si Juárez fuera el símbolo y el único lugar donde existe la violencia de género”.
Por su parte, la directora del MAM, Verónica Navarro, también cree que la efectividad de las Alertas de Género se ha limitado porque “se ha convertido en una herramienta política” y los gobiernos se concentran en ejecutar acciones aisladas y sin estrategia, con el solo objetivo de cumplir con protocolos y desactivar cuanto antes la Alerta.
FOTO: ARTEMIO GUERRA/CUARTOSCURO
A finales de octubre, el Observatorio de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) informó que 7 de cada 12 feminicidios registrados por día en Latinoamérica suceden en México.
Además de crecer en cantidad, la brutalidad de las agresiones también ha llegado a niveles preocupantes. Un día sí y otro también, mujeres y niñas son violadas, torturadas, mutiladas, descuartizadas y sus cuerpos arrojados en predios, lotes baldíos, parajes desiertos y carreteras.
La investigadora Borzacchiello infiere que este clima de brutalidad tiene que ver con la existencia de una generación de hombres jóvenes, de entre 20 y 25, que ha crecido con una “normalización” de actos de violencia barbáricos, en el contexto de la guerra contra las drogas y el narco.
“En México es más fácil matar que obtener justicia, y los hombres matan con mucha más facilidad, porque quieren demostrar su fuerza y su virilidad, y lo hacen porque hay un clima de impunidad generalizado donde la norma que hay nunca está aplicada”, dice la académica.
La psicóloga Verónica Navarro, por su parte, considera que una de las evidencias en este cambio de modelo en la violencia contra la mujer, empezando por la doméstica, lo ha escuchado de la boca de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, que buscan atención terapéutica en la casa albergue donde opera su asociación civil.
“Antes las mujeres llegaban y nos contaban que sus parejas las amenazaban con madrearlas y amarrarlas. Hoy tenemos que cada vez llegan más casos de mujeres cuyas parejas les dicen que las van a matar y disolver en ácido. Esa es la diferencia”.
En el plano psicológico, Navarro explica que con las agresiones físicas y feminicidios, los perpetradores buscan mandar un mensaje “moralizante y correctivo” sobre el rol social que, a su parecer, deberían cumplir las mujeres.
“Es el ejercicio de la violencia extrema, son rituales para probar y hacer una enseñanza pública de la masculinidad dominante. Un feminicidio contiene un lenguaje simbólico que busca transmitir un mensaje de masculinidad con un contenido moral: el feminicida cree que es un agente que está realizando un acto disciplinador ante otras mujeres que están genéricamente desbordadas. En el fondo, es un mensaje para otras mujeres porque cree que tienen el derecho viril para ejercer un control moral sobre todas. Eso reafirma su poder y la jerarquía masculina”.
Cada que matan una mujer, agrega Navarro, los feminicidas también exhiben la incapacidad del Estado por mantenerlas a salvo.
“El agresor le manda un mensaje al Estado, porque cuando en un feminicidio nos matan cruelmente a las mujeres, están exhibiendo al Estado en su inoperancia, en su falta, y están diciendo que pueden matar mujeres impunemente, y en ese sentido, no puedes hablar de feminicidios sin impunidad”.
La comunicadora @Fridaguerrera coincide en que el principal aditivo para la violencia de género es la impunidad: “si hay fosas en todo el país, si hay miles de desaparecidos que no se buscan, a cualquiera se le hace sencillo cometer un delito, más tratándose de una mujer, porque las mujeres son invisibilizadas”.
Ante este problema social y de impunidad, Emanuela Borzacchiello considera que una alternativa fundamental para comenzar a combatir con más eficacia la violencia de género es el trabajo para deconstruir los patrones conductuales de los principales agresores de mujeres: los hombres.
“El problema es que cuando pensamos en la violencia de género, las políticas públicas miran solo a las mujeres. No hay ninguna política pública en materia de violencia de género dirigida hacia los hombres y nunca se implementan políticas públicas para detener procesos violentos en las masculinidades, porque también es un problema de hombres, no de solo de mujeres”.
