Tras la devastación, el reto de reconstruir.

Como hace 32 años, después del sismo del 19 de septiembre, México no volverá a ser el mismo.

Aunque la UNAM calcula que el terremoto fue 30 veces menor que el ocurrido hace 32 años, la cercanía de Ciudad de México con el epicentro (120 kilómetros en Morelos) dejó devastadoras consecuencias en el corazón del país: un saldo –hasta el viernes 29– de 345 personas fallecidas, 150,000 viviendas dañadas (55,000 de manera total), 250,000 personas sin hogar; pérdidas de inmuebles que son patrimonio nacional y 2,930 edificaciones del sistema educativo con severas afectaciones. Se trata de cifras que aumentarán en la medida que el gobierno avance en el censo de daños.

En una estimación inicial, la reconstrucción costará más de 38,000 millones de pesos, para la que, además de los recursos públicos vía dependencias de gobierno, se canalizarán los millonarios donativos en dinero y especie recibidos de gobiernos extranjeros, la iniciativa privada, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil que se han sumado a través de diversas modalidades: aportaciones en especie en centros de acopio, donativos en cuentas abiertas por instituciones bancarias y a través de campañas convocadas por Cruz Roja Mexicana, el fideicomiso denominado Fuerza México y muchas otras convocadas por industriales y empresarios.

Sin embargo, aún no hay claridad suficiente sobre los mecanismos que se utilizarán para garantizar que la ayuda llegue a los damnificados y no acabe en bolsillos de funcionarios públicos o se utilice en acciones proselitistas, de cara a las presidenciales de 2018.

Lo anterior pudo ser constatado por Newsweek en Españolal consultar con diversas organizaciones que hasta ahora están recibiendo donativos, pero que aún no tienen claridad sobre los mecanismos que regirán su distribución.

De no resolverse la duda, podría ser el comienzo de un nuevo capítulo de corrupción en el país, considerando los malos precedentes que ha tenido México con desvíos de recursos en casos de desastre. Así ocurrió tras el terremoto de 1985, en el que donativos provenientes de fuera y dentro del país terminaron en bolsillos ajenos. Así también, el desvío y malversación de casi 1,000 millones de pesos que, con fines electorales, en el gobierno de Vicente Fox se hizo del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden).

El Fondo fue creado precisamente a partir del terremoto de hace 32 años. Sin embargo, durante la administración del panista se destinó para aliviar a víctimas de huracanes. Al menos en la teoría, porque parte de ese capital fue transferido a empresas ficticias y campañas políticas. Más recientemente salió a la luz pública la triangulación de millones de pesos de los fondos de Sedesol, vía universidades públicas, a empresas fantasma, durante el periodo de Rosario Robles Berlanga (véase Newsweek en Español, edición del 25 de febrero de 2017).

Robles encabeza ahora la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), una de las instancias de gobierno asignada por orden presidencial para el manejo de ayuda a los damnificados.

La primera dificultad que enfrentan los donadores desde el extranjero es la desconfianza en las instituciones mexicanas. FOTO: CUARTOSCURO.

Reconstrucción sin rumbo

El miércoles 27 de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto anunció un plan de reconstrucción que no dejó claro el manejo de los recursos públicos.

Desde ese mismo día, Newsweek en Españolsolicitó a Presidencia conocer los mecanismos específicos para garantizar la transparencia en la distribución, tanto del dinero público como de los donativos privados que se han recibido de gobiernos extranjeros y organismos particulares, pero no hubo respuesta.

Lo mismo ocurre con otras instituciones que se encuentran captando donativos. Por ejemplo, se solicitó entrevista con el director de Cruz Roja Mexicana, Fernando Sainada, para conocer el monto de donativos que esa institución ha recibido para los damnificados de los sismos, así como sus mecanismos de distribución. El coordinador de Comunicación e Imagen respondió con ambigüedad:

“Seguimos en la etapa de solicitar apoyo a la sociedad en materia de alimentos, artículos de higiene para el hogar e higiene personal, así como el apoyo económico. Al iniciar la segunda etapa de apoyo, necesitamos evaluar los requerimientos o prioridades de las comunidades de los diferentes estados del país”, dijo.

Lo que hasta ahora se ha dado a conocer es que en ese plan oficial de reconstrucción, la Sedatu, que encabeza Rosario Robles, distribuirá monederos para materiales de reconstrucción, y que el fideicomiso Fuerza México, constituido en Nacional Financiera por representantes del sector empresarial, captará donativos y aportaciones que realicen personas, organizaciones y empresas desde el interior o exterior de la república mexicana, y se convertirá en el principal receptor de los donativos que realicen particulares.

La falta de transparencia en el plan de reconstrucción hizo eco en el Congreso de la Unión, y al día siguiente, en la Cámara de Diputados, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Marko Cortés, propuso la creación de una contraloría para que organizaciones no gubernamentales verifiquen el destino de los donativos.

También se planteó que la Auditoría Superior de la Federación comience auditorías en tiempo real para que se conozca la manera en la que el gobierno está distribuyendo el dinero destinado a los damnificados.

“El tema del Fonden, y la opacidad en las decisiones que están tomando el gobierno federal y los de los estados de la manera en la que dispondrán de los recursos para la reconstrucción, sí es para encender las alarmas, porque los antecedentes de manejo de fideicomisos y de contextos de tragedias, crisis y contextos electorales nos han mostrado que esta clase política mexicana se puede permitir lo peor. Esto es una alerta para que la sociedad se involucre, como no lo ha hecho nunca, en el tema de rendición de cuentas, exigir transparencia y exigir castigo a quienes se atrevan a ser corruptos, medrar, abusar o lucrar con el dolor de la gente o con estas circunstancias”, señala el abogado Miguel Pulido, experto en mecanismos de rendición de cuentas y transparencia.

Al considerar que la reconstrucción es “el desafío más grande que enfrenta este país: el más complejo en términos logísticos por el volumen de afectaciones, por la gravedad de las destrucciones, por el nivel de impacto y personas afectadas”, Pulido, exdirector de Fundar, organización especializada en temas de transparencia, refiere que la circunstancia propia del desastre natural se agrava “porque se cruza tristemente con varios de los estados que peor circunstancia de gobierno tienen en este momento: Chiapas, Oaxaca, Morelos. Y, por lo menos esos tres, son gobiernos críticos en términos de corrupción y del manejo de los recursos públicos, y el gobierno federal, que no se distingue ni por su probidad, ni su ética, ni su rendición de cuentas”.

“Si sumamos todo –prosigue–, tenemos un escenario que no tiene precedentes en la historia del país en términos de destrucción, y este escenario se agrava porque muchos gobiernos están terminando su ciclo, porque está de cara a procesos electorales y porque, además, las personas que los encabezan tristemente de lo que han dado muestra es de que son gobernantes corruptos”.

No obstante, a diferencia del proceso de reconstrucción de 1985, ahora existe todo tipo de herramientas para la rendición de cuentas y transparencia, dice.

“En este momento las condiciones para tener transparencia en el manejo de los recursos de reconstrucción no son un problema, porque la tecnología está desarrollada por las experiencias internacionales en estos fenómenos, y tampoco es un problema jurídico porque la Constitución y la Ley General de Transparencia ya establecen muchos parámetros de qué es lo que se tendría que hacer”, explica. “Tampoco es un problema técnico de implementación y de capacidad ni en los gobiernos ni en la sociedad civil, así que es estrictamente un problema político. Es un problema de falta de decisión para implementar las cosas”.

Bajo esos parámetros, a la sociedad civil le toca exigir que justo los gobernantes no se refugien en pretextos innumerables.

Connacionales en Estados Unidos y Europa han enviado donativos en especie a través de aviones y vía carretera por la frontera norte, en recepciones facilitadas por las aduanas.

También grupos de connacionales han hecho colectas para enviar dinero en efectivo al país; sin embargo, organizaciones no gubernamentales y grupos de derechos humanos extranjeros aún están a la espera de tener mayor claridad de la etapa de la reconstrucción y del mapeo de los damnificados para poder contribuir con donativos, pero de manera directa. La razón es la innegable desconfianza que tienen de enviar esos donativos y que no lleguen a quienes lo necesitan.

Una de estas organizaciones es Pacta Servanda, uno de los grupos de defensores de derechos humanos con mayor trabajo activo en apoyo a mexicanos y a otras organizaciones de derechos humanos mexicano desde Alemania. Al frente de esta organización, Teresa Ávila explica en entrevista desde Múnich que ellos, al igual que otras organizaciones y particulares, están a la espera de poder enviar donativos directamente a los afectados.

“Nosotros donamos directamente a las víctimas porque, además, apoyamos y acompañamos muy de cerca no solamente un día, sino un periodo. Nos interesa siempre saber que el apoyo realmente contribuyó de manera positiva”, dice.

Ávila destaca la responsabilidad que tiene el gobierno de cada país para responder ante situaciones de desastre, sobre todo cuando existen fondos públicos destinados para este tipo de eventos, como es el caso del Fonden en México. De manera que, explica, deben respetar primero la obligación del gobierno.

La directora de esta organización, que se caracteriza porque una buena parte de sus miembros son de origen mexicano radicados en Alemania, señala que, en el marco de los recientes desastres en México, han sido llamados en auxilio tanto por ciudadanos necesitados en el país como por civiles y organismos europeos, que buscan su guía para proceder al envío de donativos.

La primera dificultad que desde el extranjero enfrentan es la desconfianza en las instituciones mexicanas.

“Vemos cómo en algunos casos se está utilizando una tragedia humana para motivos políticos, electorales, o con poca transparencia en el manejo del dinero”, sintetiza Ávila.

“Muchas personas nos han pedido que no donemos ni a la Cruz Roja ni a ninguna institución bien asentada en México debido a esa desconfianza existente. Por medio de las redes sociales nos llegan videos, artículos de periódicos y noticias de personas en donde se lee y se ve que personas, con buena voluntad de apoyar, son atacadas por policías o militares para despojarlos de la ayuda, para que la entreguen las instituciones oficiales del gobierno como el DIF y otras. Por eso nosotros hemos decidido apoyar muy directamente porque esto nos lleva a una rendición de cuentas más precisa”, añade.

El mismo criterio lo aplican otras organizaciones europeas que desde hace años realizan labores humanitarias en México. Como el Centro Franciscano de Desarrollo y Misión (MZF), organización de los franciscanos en Europa con miembros asociados en todo el mundo, que presta ayuda humanitaria en México, pero también de manera directa.

Desde su sede en Bonn, la organización explica a Newsweek en Españolque, como una organización internacional de socorro, están comprometidos a asegurar que todo el dinero donado a sus proyectos se use de manera apropiada.

“Para cumplir con esta obligación no enviamos dinero a las autoridades oficiales o a terceros en México, excepto a nuestros socios del proyecto, las hermanas o hermanos franciscanos. Por lo tanto, solo usamos cuentas propiedad de la Provincia Franciscana. No se transfiere dinero a cuentas de retención privadas.

“En los proyectos de socorro de emergencia –como los terremotos en México– seguimos el mismo procedimiento. Nuestros socios franciscanos hacen a menudo vida y trabajo en las áreas de emergencia directamente, o en regiones vecinas, y organizan y examinan la ayuda del alivio personal o por su propio personal. Por lo tanto, todo es transparente y eficiente”, explican.

En tanto, en Canadá y Estados Unidos los ciudadanos se encuentran organizando colectas para enviarlas a los damnificados, pero que sean recibidas de manera directa. El problema, al parecer, es la insuficiencia en la transparencia en el manejo de recursos que hoy prevalece en medio del desastre.

LA AYUDA LLEGA DE TODAS PARTES, ¿a dónde irá a parar?

En el detalle de algunas de la aportaciones: el gobierno de Corea del Sur anunció un donativo de un millón de dólares; El Vaticano, a través de un anuncio hecho por el papa Francisco, dijo que enviaría 150,000 dólares.

Estados Unidos envió 80 toneladas de equipo médico, agua y alimentos enlatados; Venezuela envió 10.6 toneladas de alimentos enlatados, agua, equipos de trabajo y herramientas; Turquía mandó 50 paquetes de equipos sanitarios; Ecuador, 13 toneladas de alimentos.

El gobierno de Canadá envió 1,500 tiendas de campaña, además de un donativos de 100,000 solares canadienses a través de la Cruz Roja Mexicana; China envió otras 1,500 tiendas de campaña y 252 camas plegables; Rusia mandó 64 casas de campaña comunitarias y 24.5 toneladas de alimentos enlatados; Bolivia anunció que enviaría diez toneladas de víveres y, Argentina, 4.2 toneladas.

El Grupo Financiero BBVA Bancomer y el Grupo BBVA anunciaron una aportación conjunta de 180 millones de pesos (10 millones de dólares), para ayudar a la reconstrucción de escuelas que se vieron afectadas por los dos sismos.

Entre los organismos internacionales, el Banco Interamericano de Desarrollo anunció un donativo de 4.6 millones de dólares; en tanto que la Unicef es una de las instituciones que se sumó a la ola de donativos para México. Así, desde los primeros días del siniestro, anunció un donativo de 400,000 dólares, y a través de este Fondo de las Naciones Unidas, cantantes y actrices canalizarán sus donativos, como la actriz Salma Hayek, quien dijo que donaría a través de Unicef, y la cantante Thalía, quien anunció una donación de 100,000 dólares también por esta vía.

Por los montos anunciados, destaca el de la cantante Lady Gaga, quien dijo que donaría 2 millones de dólares.

De entre las fundaciones privadas, la de Carlos Slim anunció que haría donaciones a las víctimas del sismo. Se anunció que a través de una cuenta en Banco Inbursa se recibirían donativos y que por cada peso donado, esa fundación aportaría cinco pesos.

A través de Telmex se están captando donativos (según el anuncio de que marcando el número *5566 se podrían donar montos de 100, 200, 300 y 500 pesos).

A través de ella, otros cantantes han hecho donaciones, según han dicho a través de sus redes sociales. El grupo Maná anunció una donación de 3.5 millones de pesos a través de esta fundación, por ejemplo. También el cantante Pepe Aguilar dijo que donaría los ingresos completos de su concierto del 29 de septiembre en la Arena Ciudad de México.

Otras fundaciones como la Fundación del Empresariado en México (Fundamex) anunciaron que recibirían donativos en su cuenta bancaria para destinar estos recursos a la atención inmediata de las tareas de emergencias y deducibles de impuestos, de acuerdo con informes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

En el sector de instituciones financieras, diversos bancos abrieron cuentas para captar donativos. Por ejemplo, Banorte abrió una cuenta a nombre de la Fundación Banorte, donde se dijo que la institución dará un peso por cada peso donado por la ciudadanía.

Otros bancos que también abrieron cuentas fueron Santander, Bancomer e Inbursa.

En este sector han ocurrido irregularidades con poca claridad en la toma de decisiones para transferir los donativos. Por ejemplo, desde tarjetas de crédito Banamex se han transferido donativos a nombre de Cruz Roja Mexicana, sin que previamente se solicitara autorización a los clientes.

Entre las aportaciones, la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi) informó que aportó 885,000 pesos en efectivo vía la Cruz Roja Mexicana.