En una noche de hace tres años, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, “Raúl Isidro Burgos”, fueron vistos por última vez. Los jóvenes se encontraban en Iguala, Guerrero, con la finalidad de “tomar” autobuses y se disponían a viajar hacia la Ciudad de México para la conmemoración de la matanza estudiantil del 2 de octubre ocurrida en Tlatelolco en 1968. Los normalistas fueron interceptados por autoridades municipales. Desde entonces, han pasado 36 meses y el gobierno mexicano aún no ha proporcionado un relato concluyente de lo que sucedió con ellos.
Según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), una organización líder en investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en las Américas, el progreso injustificadamente lento en un caso tan destacado “pone en duda el compromiso del gobierno mexicano con los derechos humanos y el estado de derecho, y destaca la necesidad urgente de seguir apoyando a las familias de los estudiantes en su búsqueda de la verdad y la justicia”.
En los tres años desde que ocurrió la desaparición masiva, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha sido capaz de llevar a una sentencia condenatoria a los más de 130 detenidos, la mayoría integrantes de la organización Guerreros Unidos. Para el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) la investigación que tiene abierto el gobierno federal con el número de expediente AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 está “estancada”.
“Hasta el día de hoy no hay ningún proceso iniciado por el delito de desaparición forzada ni mucho menos alguna sentencia que imponga sanciones por este crimen. Durante el periodo en que el GIEI estuvo en México detectó múltiples irregularidades en la investigación y demandó que éstas fueran debidamente indagadas y sancionadas”, dijo la organización en un documento citado por el diario El Universal.
En respuesta, la PGR ha dicho que la falta de sentencias se debe a que los procesados han estado agotando toda clase de recursos legales en contra de las decisiones judiciales que se van emitiendo; y a que no es legalmente posible cerrar la instrucción de esos procesos mientras se continúen ofreciendo pruebas. “La PGR, no obstante, continúa desplegando sus mayores esfuerzos para que los procesos judiciales avancen de la manera más expedita posible”, dijo.
Asimismo indicó que se ha enfocado en agotar todas las líneas de investigación que han resultado necesarias, entre las que en encuentran aquellas planteadas por los familiares de las víctimas, las indicadas en su momento por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, así como las relacionadas con las observaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Algo que no comparten las familias y organizaciones de derechos humanos.
“Es injustificable que el gobierno mexicano no proporcione respuestas a las familias sobre el paradero de sus seres queridos desaparecidos”, dijo Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México en WOLA en un comunicado de prensa. “La falta de progreso en un caso que el gobierno mexicano ha calificado como ‘la investigación más exhaustiva en la historia de México’, junto con la creciente evidencia de que funcionarios públicos obstruyeron la justicia y obstaculizaron la investigación, ha llegado a demostrar la impunidad generalizada en el problemático sistema de justicia penal en México y la falta de voluntad política del gobierno para investigar y sancionar con credibilidad violaciones de los derechos humanos”.
La hipótesis principal del gobierno mexicano es que un grupo de la delincuencia organizada mató y quemó a los 43 estudiantes en un basurero. Sin embargo, expertos independientes han encontrado evidencia de lo contrario. Esto incluye el GIEI, que en su informe final publicado en abril del 2016 describió las inconsistencias y negligencias que marcaron la investigación de la PGR. El informe concluyó que la hipótesis del gobierno sobre lo que le sucedió a los estudiantes era científicamente imposible y se basa en gran parte en testimonios obtenidos mediante tortura.
El informe describe varias líneas importantes de investigación que deben aclararse en el caso de Ayotzinapa, incluyendo la posibilidad de que los estudiantes fueran atacados porque viajaban, sin saberlo, en un autobús que contenía heroína con destino a los Estados Unidos.
Otras líneas de investigación relacionadas con la actividad que todavía tuvieron los celulares de los jóvenes días después del ataque; la posible participación de policías municipales de Huitzuco, de militares han sido exigidas por las familias y han sido señaladas con rezagos por el Centro ProDH, según reporta El Universal.
En su informe final, el Grupo de Expertos emitió recomendaciones específicas sobre cómo el gobierno mexicano puede mejorar su enfoque de las investigaciones criminales. También enfatizó la necesidad del gobierno mexicano de adoptar un marco jurídico más adecuado para responder a las desapariciones generalizadas en el país.
El mes pasado, la CIDH expresó su profunda preocupación por la falta de progreso del gobierno mexicano en la emisión de esa ley, así como por su incapacidad para explorar de manera completa y creíble las otras líneas de investigación identificadas por el Grupo de Expertos en el caso de Ayotzinapa.
“Si el gobierno mexicano está arrastrando los pies para que se haga justicia en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa con todo el mundo viendo, es desgarrador pensar en cuántos más de los desaparecidos enfrentan un destino similar. Ninguna familia debe tener que afrontar otro año sin saber qué pasó con su ser querido. El gobierno mexicano no sólo debe investigar el caso de los 43 estudiantes, sino también garantizar la justicia para todas las víctimas desaparecidas y sus familias”, dijo Meyer.