Familiares del periodista mexicano Salvador Adame, cuyo cuerpo calcinado fue localizado en el estado de Michoacán, exigieron a las autoridades investigar el trabajo del comunicador como posible móvil del crimen y realizar una nueva prueba de ADN, a la par que rechazaron que haya tenido nexos con grupos criminales.
Frida Adame, hija del comunicador, rechazó en una rueda de prensa las primeras indagatorias de la procuraduría según las cuales el comunicador habría sido asesinado por “problemas de tipo personal” con un jefe de un grupo delictivo.
La hipótesis de la Procuraduría se basa en declaraciones de Daniel Rubio, apodado “El Cabezas”, un presunto delincuente detenido la semana pasada y quien declaró conocer a Adame y saber que fue mandado a asesinar por un jefe delincuencial debido a “asuntos personales”.
“No conocemos nosotros a ese señor”, dijo la joven sobre Rubio.
Adame, de 44 años, propietario de un canal de televisión local, fue el octavo periodista asesinado en México en 2017. Fue secuestrado en mayo en la comunidad de Nueva Italia, en el centro de Michoacán.
“Exigimos al gobierno de Michoacán agote todas las líneas de investigación, particularmente las relacionadas con la labor periodística del compañero Salvador Adame”, dijo de su lado la periodista Patricia Monreal, quien acompañó a Frida en la conferencia.
Monreal leyó un pronunciamiento de comunicadores de Michoacán en el que exigen a la Procuraduría General, que cuenta con una división que investiga crímenes contra periodistas, difundir los avances de sus investigaciones para determinar si coinciden con los de autoridades estatales.
Adame investigaba a una gasolinera con probables fondos del crimen organizado en colusión con autoridades, comentó una reportera del estado a la agencia AFP. La oficina en México de Reporteros Sin Fronteras ha cuestionado la premura con la que se busca resolver este caso.
El secuestro de Adame ocurrió sólo un día después de que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se comprometiera a fortalecer los mecanismos para garantizar la seguridad de los periodistas y a combatir la impunidad, como respuesta al asesinato de Javier Valdez, un reputado reportero cuya muerte, ocurrida el 15 de mayo, ha sido condenada dentro y fuera del país.
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(Con información de AFP)
