La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó el apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) para investigar el uso de un software espía, en poder del gobierno mexicano, que habría sido usado para vigilar a activistas, defensores de derechos humanos y periodistas.
Ricardo Sánchez, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), informó que la PGR investigará el caso con un equipo internacional conformado por la Unión Internacional de Comunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Asociación Mundial de Operadores Móviles (GSMA) y el Ministerio de Justicia de Canadá.
Como apoyo nacional dentro del grupo estará la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el expresidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Héctor Osuna Jaime.
Sánchez anunció que la FEADLE solicitará a las compañías proveedoras de servicios de telecomunicación el registro de llamadas a los celulares de los periodistas y defensores para detectar similitudes entre los números de los equipos infectados.
“Se ha ordenado a todas las dependencias federales y estatales de seguridad que pudieran tener acceso a equipos y software para realizar intervención de comunicaciones que resguarden toda la información de la contratación de Pegasus u otras similares o análogas”, añadió.
El fiscal dijo que pedirán el aporte físico de los dispositivos móviles para realizar un análisis forense.
Pegasus, el programa de espionaje adquirido por el gobierno mexicano que supuestamente sólo debe ser usado para investigar a criminales y terroristas, habría sido usado para vigilar a defensores de derechos humanos, publicó el lunes pasado el diario The New York Times.
Las personas que denuncian haber sido objetivo de esta vigilancia presentaron una denuncia penal contra actos de espionaje en la que exigen que las autoridades investiguen y castiguen a los autores materiales e intelectuales de la contratación de este malware. En la denuncia también se pide que se inicie una reforma de ley para regular estas prácticas.
