Es difícil para cualquier abogado
representar a alguien que es proclive a decisiones impulsivas, declaraciones
autoincriminatorias y enredos potencialmente corruptos. Pero cuando ese alguien
es el presidente, tu asesoría legal recibe exponencialmente más escrutinio y
peso.
Razón por la cual Don McGahn, el
consejero de la Casa Blanca, tiene uno de los trabajos más difíciles en
Washington. De 48 años y experto en ley electoral, McGahn ha enfrentado muchos
ataques por su participación en casi toda controversia con la administración de
Trump. Fue el interlocutor inicial con la fiscal general interina Sally Yates
cuando ella se acercó para advertir de las conversaciones potencialmente
comprometedoras del entonces asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, con
el embajador ruso. Fue quien trató de limpiar el desastre de la primera
prohibición de viajes del presidente Donald Trump. Y fue parte de un pequeño
círculo de asesores presente cuando Trump decidió despedir al director del FBI,
James Comey, el hombre que investigaba las acusaciones de colusión entre la
campaña del presidente y Rusia durante la elección de 2016. Ahora, cuando
cuatro comités congresistas y un consejo especial continúan investigando la
Casa Blanca, él defiende a Trump mientras el presidente trata de eludir los
desafíos a su autoridad ejecutiva y una investigación de posible obstrucción de
la justicia.
El reto para McGahn: es el principal
asesor legal de Trump, pero también sirve a la presidencia como institución.
Nadie sabe cuán complicado es eso mejor que John Dean, el joven consejero del presidente
Richard Nixon durante Watergate. Dean inicialmente ayudó a cubrir el robo de
Watergate antes de convertirse en el testigo estrella que finalmente hundió al
presidente. “El verdadero problema cuando estuve allí fue quién era mi
cliente”, recuerda Dean, ahora de 78 años. “Nixon pensaba que él era el
cliente”. Pero el cliente en realidad es la oficina del presidente, la cual
incluye no solo al hombre elegido para el puesto sino el rol del ejecutivo en
sí, sin mencionar al personal que le sirve.
Tal distinción es clara en teoría, pero
no siempre es fácil de discernir en la práctica. Desde los Irán-Contra, pasando
por Whitewater y hasta el programa de espionaje local de la Agencia de
Seguridad Nacional, el asesor legal del presidente a menudo se ha visto
enredado en una guerra entre prioridades políticas y protocolos legales. Y el
patrón que ha surgido es muy claro: cuando la Casa Blanca permite que la
política inunde las preocupaciones constitucionales, el resultado es
inevitablemente un escándalo.
Dean, quien purgó cuatro meses en prisión
por su papel en Watergate, advierte que el presidente y su administración no
son los únicos en peligro por las investigaciones a Trump y Rusia. Dado que no
es el abogado privado de Trump, McGahn podría ser obligado a cumplir con una
citación del gran jurado, algo que la oficina del asesor de la Casa Blanca de
Bill Clinton enfrentó durante Whitewater. También hay algo de ambigüedad con
respecto a si McGahn podría ser obligado legalmente a reportar delitos
cometidos por Trump, dice Dean. “Esto es material gris”, dice él. Y ello
finalmente podría obligar a McGahn a tomar la misma decisión que Dean enfrentó
hace 40 años.
NIÑO MIMADO: John Dean, el consejero de
la Casa Blanca de Richard Nixon durante Watergate, inicialmente ayudó a cubrir
el robo antes de convertirse en el testigo estrella que finalmente hundió al
presidente. FOTO: AP
No hay muchos parámetros formales para
guiar al consejero de la Casa Blanca. La oficina de McGahn es una creación ad
hoc del presidente Franklin D. Roosevelt, quien ideó el puesto para su asesor
político y redactor de discursos de toda la vida, Sam Rosenman, quien también
era un juez. En las siguientes décadas, los sucesores de Roosevelt contrataron
a un miembro de su personal llamado alternativamente consejero especial o
consejero para asesorarlos, aunque no todos fueron abogados, y su asesoría a
menudo era más política que otra cosa.
No fue sino hasta Dean y Watergate que el
puesto cobró un cariz más oficial y legal. Como recuerda Dean, su meta era
crear “un pequeño despacho legal” dentro de la rama ejecutiva. Él y sus
cohortes se enfocaban en muchas de las cosas que han sido responsabilidad de
sus sucesores desde entonces, como revisar nombramientos y mitigar conflictos
de interés, ayudando a seleccionar y revisar nominaciones judiciales y proteger
los poderes del presidente. Pero para su tercer año en el puesto, Dean había
sido jalado por la resaca del escándalo que finalmente ahogó a la
administración de Nixon.
Desde entonces, organizaciones legales
han tratado de establecer algunas directrices éticas para el puesto y otros
similares. El Colegio Estadounidense de Abogados reescribió el código de ética
que aplica a sus abogados, incluidos aquellos abogados quienes representan a
una corporación o entidad como la Casa Blanca. El código exige que dichos
abogados reporten potenciales violaciones a la ley a “una autoridad superior en
la organización”. De no hacerlo, podrían perder su licencia de derecho. Pero en
el gobierno federal, ¿quién es una autoridad superior al presidente? Dean
argumenta que si Trump es quien viola la ley mediante, digamos, tratar de
obstruir la justicia, McGahn podría reportarlo al Congreso o al consejero
especial del Departamento de Justicia, Robert Mueller. Pero otros analistas
legales dicen que el código no aborda adecuadamente los problemas únicos del
papel de un consejero del gobierno, lo cual le deja mucho espacio de movimiento
a McGahn.
De cualquier manera, la evolución de la
ética no ha aislado la oficina del consejero de la intensa presión política que
viene con el puesto. “En realidad, yo abarcaba ley y política”, recuerda Jack
Quinn, abogado y cabildero quien fungió como consejero de la Casa Blanca de
Clinton entre 1995 y 1997, conforme aumentó la investigación de Whitewater. Y
es revelador que incluso cuando los críticos han atacado a McGahn por fracasar
en alejar a Trump de los inconvenientes legales en sus primeros meses en el
cargo, sus predecesores han sido más cautelosos con respecto a dar un juicio.
La asesoría legal de un consejero está
diseñada para mantenerse privada, por lo que es difícil saber exactamente qué
le ha recomendado McGahn a Trump, y si el presidente lo ha escuchado. El hecho
de que McGahn estuviera en la sala cuando el presidente tomó la decisión de
despedir a Comey no es “necesariamente problemático”, dice Quinn. “Es mucho
mejor que él esté enterado a que estos funcionarios no busquen asesoría legal”.
La Casa Blanca sí causó revuelo cuando el portavoz Sean Spicer defendió la
decisión demorada del presidente de despedir a su asesor de seguridad nacional
al decirles a los reporteros que la oficina del consejero había determinado que
las conversaciones de Flynn con el embajador ruso no se consideraban “un
problema legal”. Pero Dean observa: “No sabes si eso es McGahn o Spicer
saliendo después de que le ordenaran decir esto”. Y como escribió Bob Bauer,
consejero de la casa Blanca de Barack Obama, en el blog Lawfare previamente
este año, es difícil calificar la actuación de un consejero “en la ausencia de
todos los hechos”. La decisión del Departamento de Justicia de lanzar una
investigación de un consejo especial sobre la Casa Blanca de Trump y sus nexos
con Rusia a la par simplifica y complica el trabajo de McGahn. Por una parte,
provocó que el presidente retuviera un abogado personal, Marc Kasowitz, quien
no está en riesgo de ser citado de la manera en que McGahn y su personal lo
están. Ello le permite a la oficina del consejero de la Casa Blanca volver más
de su enfoque a cuestiones legales rutinarias. Cuando la investigación de
Watergate cobró fuerza, Dean fue capaz de separarse enteramente de las
discusiones sobre Watergate en la Casa Blanca (hasta que Nixon lo despidió por
hablar con los fiscales). “Por ocho meses, nunca hablé con Nixon sobre Watergate”,
recuerda él. “No tenía idea de lo que él sabía. Nadie me dijo lo que le decían,
lo cual fue extraño”.
Pero es difícil ver cómo el consejero de
Trump logrará eludir por completo los informes de Rusia. Las demandas de los
investigadores congresistas de acceso al personal de la Casa Blanca y sus
registros ya han provocado muchas discusiones sobre la separación de poderes y
lo que la rama ejecutiva puede retener legalmente. Durante la investigación de
Whitewater, Quinn trabajó de cerca con los abogados personales de Clinton. El
solapamiento es inevitable, dice él, dado que ambos abogados representan al
mismo hombre.
Kasowitz la tiene más fácil que McGahn,
ya que sus responsabilidades legales son mucho más claras, aun cuando él ha
provocado algo de preocupación al cruzarse en territorio de McGahn. Kasowitz no
solo ha invocado un privilegio ejecutivo en su defensa de Trump, The New York
Times reportó que él asesoraba a personal de la Casa Blanca, propiciando que un
grupo observador presentara una queja ante el Colegio de Abogados de D.C.
Conforme se multiplican los dolores de cabeza, uno se pregunta: ¿McGahn, como
Dean, tiene un punto de quiebre? Trump supuestamente está probando los límites
de McGahn con algunos de sus comentarios mal asesorados en medios sociales. El
senador Lindsey Graham fue al meollo del problema durante una entrevista el 7
de junio con Fox News. “Necesita escuchar a sus abogados, Sr. presidente”, dijo
el republicano de Carolina del Sur. “Cada vez que tuitea, nos lo dificulta a
todos los que tratamos de ayudarle”.
O como Quinn observó, reflexionando sobre
su propio período en el crisol de una investigación a la Casa Blanca: “Gracias
a Dios no teníamos Twitter”.
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Publicado en
cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek
