MONTEVIDEO, UY.— Los datos y hechos no mienten. Desde que el 10 de diciembre de 2013 Uruguay aprobó la ley que regula el consumo, cultivo y venta de marihuana, este país respira libertad en la materia.

No es que antes no se pudiera consumir hierba. De hecho, eso nunca estuvo penado. La novedad internacional del marco regulatorio actual estriba en la posibilidad de que el Estado permite a la población mayor de 18 años cultivar y producir cannabis.

Las consecuencias sociales que esto ha traído se pueden medir en las distintas encuestas realizadas en los últimos años.

El primer sondeo hecho por la Junta Nacional de Drogas (JND) durante los meses de agosto y septiembre de 2014, entre personas con una edad que va de los 15 a los 65 años, arrojó como primer resultado que no se registró un aumento en el consumo de esa droga.

La Sexta Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Hogares, realizada en 2014 a 60 por ciento de la población uruguaya —tres millones de habitantes—, apuntó que 9.3 por ciento de la población consumió marihuana en los últimos 12 meses, frente a 8.3 registrado en 2011, el menor aumento contabilizado en 14 años. En tanto, 6.3 de los uruguayos se declararon consumidores habituales de cannabis.

Según las conclusiones de la JND, el crecimiento en el consumo responde a la tendencia iniciada en 2001, lo que indica que la discusión que se dio en el Parlamento uruguayo, al presentar el proyecto de ley sobre la regulación de la marihuana, no afectó las pautas de consumo históricas.

El estudio señaló que las mayores diferencias se dieron entre 2001 y 2006, cuando el porcentaje pasó de 1.4 por ciento a 5.5, y luego en 2011 cuando se elevó a 8.3 por ciento.

La Encuesta Nacional sobre el Consumo en Estudiantes de Enseñanza Media, dada a conocer en diciembre de 2014 por la JND por medio del Observatorio Uruguayo de Drogas, demostró que 17 por ciento de los adolescentes fumó marihuana en el último año, mientras que un 15.5 compró tabaco.

Por primera vez en la historia, señala el estudio, el consumo de cannabis entre estudiantes menores de edad superó al de tabaco. La anterior encuesta de 2011 estableció que 20.2 por ciento había fumado tabaco en el último año y que 12 por ciento, marihuana.

El estudio, realizado a 11 248 estudiantes de entre 13 y 17 años en escuelas públicas, colegios y centros de educación técnica de ciudades con más de 10 000 habitantes, indica que 20.1 por ciento de los estudiantes probó alguna vez en su vida marihuana y la mitad de ellos continuó consumiendo.

Se concluyó que el 7.8 de ellos lo hizo antes de los 15 años y que el consumo es mayor en hombres que en mujeres, y en Montevideo se fuma más que en el interior.

El 20 de agosto de 2015, durante una visita a Costa Rica, el expresidente uruguayo José Mujica dijo que reconocer el consumo de marihuana y la homosexualidad es solamente “ver la realidad”.

Expresó que en su país no existe una legalización de la marihuana, sino un ensayo para su regularización: “Estamos aburridos de meter gente a la cárcel. Cada vez nos va peor. Estamos ensayando un método que procure robarle el mercado al narcotráfico para que el consumidor no tenga que acudir a lo clandestino y vaya a un lugar identificado para que se le venda legalmente”.

El exmandatario indicó que el aumento de la violencia en Latinoamérica y, en especial, en Centroamérica, “tiene que ver con la penetración de la metodología del narcotráfico que termina mucho más allá del camino del crimen organizado. La humanidad tiene que revisar esas políticas”.

Manifestación a favor de la legalización de la marihuana en Montevideo, en el aciago año de 2013. Foto: Pablo Porciuncula/AFP

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La noche del 10 de diciembre de 2013, la Comisión de Adicciones de la Cámara de Diputados de Uruguay aprobó una ley que permite a las farmacias vender hasta 40 gramos de marihuana mensualmente, posibilitar la creación de clubes cannábicos y que la gente autocultive de manera individual hasta un máximo de seis plantas hembra sin exceder los 480 gramos anuales.

La ley 19172 también estipula la regulación de permisos a empresas privadas para el cultivo de marihuana psicoactiva orientado al uso medicinal o recreativo, cultivo de cáñamo para usos industriales (producción de papel, textiles o combustibles, entre otros) y cultivo con fines de investigación. En consecuencia, el Estado pasó a asumir la rectoría y el control de la distribución de la marihuana.

En Uruguay se puede consumir cannabis desde hace cuatro décadas, pero estaba prohibida su producción y venta hasta diciembre de 2013. Desde que se hizo público el marco regulatorio de la ley, los ciudadanos o residentes permanentes, mayores de 18 años, que deseen cultivar en su casa pueden acudir a una oficina de correos y solicitar una licencia de productor.

El 7 de septiembre pasado, Diego Olivera, secretario general de la JND, recordó que para poder comprar cannabis las personas se deben registrar previamente en un sistema de información de consumidores, lo que les permitirá tener acceso a 10 gramos semanales y 40 al mes. Si bien el precio de venta todavía no se ha estipulado, se prevé que el gramo podrá ser adquirido alrededor de 1.2 dólares.

Justamente una de las medidas más polémicas que ha traído como consecuencia la ley es la de crear un registro de consumidores.

Ana de León, profesora en la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República, y consumidora, piensa que con este registro se estableció un sistema de consumo, de venta y no una liberalización real en la que cualquier persona sin la necesidad de pasar por ningún trámite puede tener una planta en su casa.

“En mi situación de militante política no confío en el Estado. Quisiera saber si los registros se usan solamente para saber quién consume y cómo lo hace o para otra cosa. El alcohol es más nocivo que la marihuana y a mí nadie me registra por tomar alcohol, por ejemplo. El alcohol propicia muchas más muertes en Uruguay que la marihuana. En realidad, en el país no hay muertes por marihuana”, dice.

Hay quienes sí están a favor de este registro.

Martín Collazo, especialista en la ley de la despenalización del cannabis, explica que “las encuestas muestran que la gente que está en contra del registro es aquella más vieja que vivió la dictadura. Nosotros pensamos que llegado el momento de registrarse el usuario que no cultiva y está en un club o va a ir a la farmacia a comprar marihuana, se va a anotar en el sistema antes que seguir adquiriendo mota en el mercado negro. Hay tres razones para que la gente adquiera la hierba en el mercado legal: es de buena calidad, más barata, y está bien presentada. Lo que decimos las organizaciones sociales es que el registro es seguro. No hay chance de afectar a los usuarios. Difundir este registro sería violar la ley”.

Las primeras legislaciones en Uruguay respecto a la regulación del uso de drogas fueron establecidas por la ley 9 155, el 4 de diciembre de 1933, en la cual se promulgó el Código Penal que definió el Artículo 223 respecto al comercio de la coca, opio o sus derivados: “El que, fuera de las circunstancias previstas reglamentariamente, ejerciere el comercio de sustancias estupefacientes, tuviere en su poder o fuere depositario de las mismas, será castigado con seis meses de prisión a cinco años de penitenciaría”.

El 11 de septiembre de 1937 se votó la ley 9 692 que adecuó la legislación interna a los compromisos adquiridos por este país en instancias como la Convención Internacional del Opio de La Haya en 1912, las conferencias para la limitación de la fabricación de estupefacientes, realizadas en Ginebra en 1925, 1931 y 1932 que culminaron con el Convenio para la supresión del tráfico ilícito de drogas nocivas.

En 1974, en plena dictadura militar, el decreto 14 294 derogó la ley de 1937. Reguló la comercialización y uso de drogas y estableció medidas contra su comercio ilícito. Esta ley definió —con algunas excepciones como la investigación o uso medicinal— que la plantación, tráfico o posesión de cannabis sería penada con cárcel, salvo las personas que tuvieran una cantidad mínima destinada exclusivamente para consumo personal.

En 1998, el Parlamento de Uruguay promulgó la ley 17 016 que estableció cambios al decreto de 1974 y que constituyó hasta 2013 la legislación vigente respecto al uso de cannabis. La misma establecía que el consumo y la posesión son legales cuando las cantidades fueran para uso personal. Se prohibía la producción y comercialización.

En diciembre de 2013, Guillermo Garat, especialista en la materia, publicó un trabajó para la Friedrich Ebert Stiftung de Uruguay, donde explica que la ley aprobada por el gobierno del entonces presidente José Mujica busca “reducir los riesgos a los que se exponen los usuarios de marihuana, la cuarta droga más consumida del país; separar a los usuarios de esos territorios para que se alejen de otras sustancias de tráfico ilícito que también se ofrecen en los expendios clandestinos, como cocaína o pasta base, sustancias toxicológicamente más riesgosas que la marihuana y quitar recursos económicos al narcotráfico, de modo que los grupos de crimen organizado tengan menos incidencia en la sociedad”.

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De la Ciudad Vieja a la Avenida 18 de Julio; de la Rambla a Pocitos; del Mercado del Puerto a la Fortaleza de Artigas, del Memorial de los Desaparecidos de la dictadura militar (1973-1985) al Parque Rodó, el mismo olor se hace presente: la marihuana está en todos lados.

Martín Collazo, integrante de Pro Derecho, una organización que ha trabajado con la despenalización de la hierba, reflexiona sobre las ventajas de la ley:

“Lo primero es que el tema acabó con la hipocresía cada vez más creciente en el mundo de que los usuarios de cannabis se tienen que seguir escondiendo y negando su uso frente a la sociedad. Se empezó a hablar en la familia de este tema. No es poca cosa que el presidente de la república diga que va a regular el cannabis. También sirvió para que mucha gente pudiera blanquear su situación y salir del clóset como consumidor. Lo segundo es tener hasta ahora dos maneras legales y seguras para consumir marihuana: adquiriéndola en clubes cannábicos o cultivándola en tu casa hasta que se empiecen a vender en las farmacias. Ahí hay beneficios en términos de derecho porque los consumidores ya no tenemos que ir al punto de venta ilegal”, considera.

Pro Derecho se reúne todas las semanas en Casa Tomada, un espacio de militancia en la zona de la Ciudad Vieja donde convergen varios colectivos que trabajan temas como la legalización del cannabis, diversidad sexual, aborto y seguridad, entre otros.

El lugar parece abandonado y está mal iluminado. Al entrar cualquier visitante se encuentra con dos grandes salones que tienen un par de mesas, unas sillas y las paredes descarapeladas; después una puerta que lleva a un pasillo y este, a su vez, dirige a la gente a un gran patio, al cual se accede descendiendo unas escaleras.

Durante la conversación, Collazo mencionó la venta de marihuana en las farmacias, algo que, si bien está previsto en la ley aprobada en diciembre de 2013, no se ha implementado.

El 5 de julio pasado, la JND informó que se espera que de las 1200 farmacias que hay en el país, al menos 50 vendan cannabis. El acuerdo al que se llegó con los dueños de estas boticas es que la marihuana no estará expuesta al público y el consumidor podrá adquirir hasta 40 gramos mensuales, diez semanales que vendrán guardados en pequeñas bolsas transparentes.

Una semana después, el 13 de julio, la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay (AQFU) se manifestó contra esta decisión durante una comparecencia en el Congreso. Si bien la organización fue invitada al lugar para expresarse sobre tres proyectos de ley diferentes, la conferencia en la que participaron sirvió para que sus integrantes rechazaran la posibilidad de vender cannabis en las farmacias debido a los problemas de seguridad que esto les traerá.

Pedro Biachi, dueño del Club Cannábico Tricoma, dice al respecto: “La Asociación se opone por una cuestión obviamente de prejuicios, pero también de inseguridad. Hace unos meses un farmacéutico me decía: ‘No voy a vender porque tengo la boca a dos cuadras. Sí lo hago me van a venir a complicar la tarde y no tengo ganas’. Su respuesta fue ridícula porque cuando vos entrás a una farmacia, y vas con la receta, lo que te venden es una droga. Para mí el Estado después de esta etapa va a terminar generando puntos de ventas de marihuana con las mismas condiciones que tiene hasta ahora, para los uruguayos y residentes permanentes, pero sacando lo de las farmacias”.

—¿Quién va a abastecer a las farmacias?

—Serán abastecidas por dos empresas. El Estado hizo una licitación para escoger cuáles serían. No va a alcanzar la producción que tienen prevista para todos los consumidores, por lo que tendrán que abrir nuevas licitaciones o solicitarles a estas empresas mayor producción.

Juan Manuel, propietario de la primera tienda dedicada a la comercialización del cannabis en la capital uruguaya. Foto: Miguel Rojo/AFP

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Matías tiene 26 años. Atiende una ferretería. Usa cabello largo. Toca la guitarra. En su adolescencia tuvo problemas con las drogas. Los superó. Hoy está a favor de la despenalización de la marihuana.

Coincide con Collazo en lo positivo que ha traído para Uruguay la ley. Agrega: “Venimos de muchos años de algo muy raro donde era legal el consumo, pero ilegal el cultivo y la venta. ¿Dónde se consigue la marihuana? Del cielo no cae. Es mucho más sano el autocultivo, los clubes o fumar de la planta, que consumir el presado paraguayo que se vende ilegalmente. Además, se evita que especialmente los adolescentes se dirijan a lugares que se manejan con otros códigos consigan cannabis en una boca”.

—¿Qué beneficios le ha traído la legalización de la marihuana a Uruguay?

—La verdad no tengo claro si tenemos beneficios. Lo que se observa es que somos muy vistos por el mundo. Antes mucha gente no sabía dónde estaba Uruguay y ahora desde que se legalizó ya nos ubican. Te puedo hablar de lo cotidiano: es mucho más sano plantar la hierba, saber lo que fumas, puedes tenerla en tu casa y no fumar prensado paraguayo.

Pedro Bianchi, piensa que el mayor beneficio que se tuvo con la despenalización de la marihuana fue que “socialmente ha habilitado un consumo cuidado y a problematizar o discutir sobre el tema. En Uruguay siempre se pudo fumar en cualquier esquina. Eso no estaba penado. En este sentido no hubo un gran cambio. Lo cierto es que desde la legalización sí se ve mucha más gente en la calle fumando. Las personas hablan del cannabis con otra libertad”.

Lourdes Hernández es trabajadora social. También se encuentra a favor de esta ley. Responde a una breve entrevista en el bar Andorra del centro de la ciudad. A un costado de ella se encuentra Ana de León. Con música de fondo, pizzas, cervezas y refrescos, dice: “La ley ha favorecido que el consumo se pueda dar de una forma más libre y que la gente no tenga que ir a determinados lugares a comprar. Actualmente se compra lo mismo, pero se pueden tener plantas en casa. Si bien antes las tenías, ahora las puedes cultivar, lo que permite que ya no se compre marihuana paraguaya que, por otra parte, es prensada”.

—¿Eres consumidora?

—Socialmente. Cuando me encuentro con alguien que fuma, fumo, pero no lo hago a diario.

—¿Tienes plantas en tu casa?

—No.

—¿Has pensado en tenerlas?

—Sí, pero tengo un conflicto de pareja porque mi compañero no quiere. No hemos llegado a un acuerdo.

Y agrega: “Aunque no me parece que sea la ley adecuada, sí hay aspectos positivos. El hecho de que haya disminuido el narcotráfico, que haya gente que no va a comprar más a la boca, es importante. Las bocas igual existen porque la marihuana no es la droga que más les rinde. Me parece bien que los consumidores de marihuana no tengan que recurrir a ellas. Que el tema se haya abierto a la investigación médica y farmacéutica, aunque se encuentra la contraparte en la que Estado y la industria farmacéutica quieren sacar el mayor beneficio al respecto”.

De León aborda el tema de las bocas, lugares a los que la gente acude a comprar cualquier tipo de drogas.

La Sexta Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Hogares, realizada por la oficina en Uruguay de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung en 2015, revela algunos datos sobre el consumo de cannabis desde su legalización.

Uno de ellos es sobre dónde se adquiere. Un 23 por ciento de los consumidores la compra en el mercado ilegal y un nueve por ciento ha declarado autocultivarla. El resto de los usuarios accede a ella porque un amigo le compra (22 por ciento) o le regalan (46 por ciento). La encuesta también habla de los riesgos que contrae la gente al comprar marihuana:

“Un 23 por ciento de los usuarios del último año son compradores directos y el resto accede al cannabis por otras vías. El primer grupo se divide en una mayoría, 16.9 por ciento, que compra prensado paraguayo y un 6.1 que compra flores: ¿qué situaciones enfrentan estos usuarios en la compra? La evidencia tiende a confirmar que tanto el riesgo de violencia como el ofrecimiento de otras drogas son realidades que enfrentan los compradores que se abastecen en el mercado ilegal”.

“Al preguntarle a la gente por los riesgos que enfrentan al comprar marihuana, 44 por ciento de los consumidores entrevistados perciben que están sometidos a una situación de vulnerabilidad por la policía, la cual les puede quitar la vida o generar algún tipo de daño físico. El 17 por ciento de los compradores estuvo expuesto alguna vez a una situación de violencia mientras compraba marihuana, fundamentalmente”, revela la encuesta.

En agosto de 2015, el expresidente uruguayo José Mujica dijo que reconocer el consumo de marihuana y la homosexualidad es solamente “ver la realidad”. Foto: Daniel Caselli/AFP

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La cita con Pedro Bianchi es a las 8:30 horas en el Club Cannábico Tricoma. El lugar se encuentra en una casa habitación custodiada por un perro labrador cariñoso y juguetón color miel. Una especie de galpón de 1.20 metros de ancho por tres de largo resguarda el segundo club cannábico que se abrió en Uruguay bajo las estipulaciones de la ley que regula el consumo de marihuana y el primero en hacer todos los trámites para ser habilitado por el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), de ese país.

Al abrir sus puertas, el espacio parece un laboratorio salido de una novela de ciencia ficción. Las paredes hacen la función de la tierra donde se planta la hierba.

—¿Cómo surgió este club cannábico?

—Luego de que en Uruguay se regularizó la ley de la marihuana, decidimos junto al otro socio del club, Federico, plantar cannabis. Nos organizamos y formamos un proyecto de manera legal. Para hacerlo lo primero que se necesita es conformar una asociación civil integrada por 16 personas que sean socios fundadores. Luego se requiere un plan de producción que debe ser presentado en el IRCCA, junto a otros papeles que demuestran que el cultivador tiene de manera legal un espacio alquilado, cedido o propio, para cosechar y la habilitación ante el Ministerio de Educación y Cultura que es la que te da el parámetro de asociación civil. El trámite lo iniciamos en 2015. Nos llevó tres o cuatro meses. Después de que conformamos la asociación civil le pedimos al IRCCA que viniera a habilitarnos. Realizaron una inspección. No hicieron ninguna observación. Nos habilitaron al mes. Comenzamos a plantar.

“Al principio no teníamos un lugar específico para hacerlo. Por lo que dos socios del club cedieron este galpón en comodato y nos empezamos a manejar con el propósito de atender a 15 o 20 personas con un tamaño reducido. El cuarto de plantación mide 1.20 por tres metros. En esa lógica tuvimos que cambiar en mucho nuestra forma de cultivar. Por lo general se planta en el piso. Nosotros tuvimos la idea de plantar en las paredes, y que estas sean nuestro piso, para que de esa manera pudiéramos utilizar de mejor manera el espacio y así abastecer a nuestros socios”, cuenta Pedro.

—¿A qué se dedican básicamente los clubes cannábicos?

—Lo que está estipulado en la ley es que los clubes deben cultivar, cosechar y entregar cannabis a sus socios. También hacer talleres, charlas, espacios de formación y debate en la sede del club y con los socios. El club puede hacer actividades de difusión, promoción, de debate sobre la problematización de las drogas invitando a más gente en otro lugar. En su sede solo lo puede hacer con los socios. La gente que se encuentra en el club puede venir a retirar su porción mensual de marihuana, que es de 40 gramos mensuales y 480 anuales. Nosotros tratamos de ampararnos y hacer las cosas reglamentariamente porque esa es la forma de conseguir las cosas más rápido. Esto es algo que se está probando. Tenemos un intercambio fluido con el IRCCA. Nos mantenemos de lado de la ley.

El guardián de la casa, el labrador color miel, interrumpe varias veces. En realidad, pareciera que quiere intervenir. Es un fiel amigo del dueño de la casa y está a su lado en cada momento. Con un cigarro de marihuana en la mano, Pedro se levanta varias veces de su asiento para llevárselo al interior de la vivienda, mientras explica que la ley también estipula que los clubes cannábicos deben ser lo más confidenciales posibles, para que no haya robos o situaciones violentas en sus sedes.

Para echar a andar un club, el IRCCA les solicita a los interesados crear un sistema de seguridad: “Alarma, algunas cámaras y que sea lo más disimulado posible. En la calle esto aparenta ser un galpón. Para llegar hasta acá tenés que pasar tres puertas. Afuera parece una casa de familia. Esas cosas son las que gustaron al IRCCA. Son cuestiones paliativas de la seguridad. En cultivos a gran escala lo que te piden es un cerco perimetral, cámaras por todos lados y personal de seguridad privada”, cuenta.

—¿Crees que van a seguir creciendo los clubes en Uruguay?

—Actualmente hay 20 autorizados y en proceso de autorización. Hay otros 20 más dando la vuelta. Gran parte de ellos están en Montevideo y Canelones. Después hay otros en el interior del país. Sabemos de uno en Artigas. Estamos en un momento crucial en el que se viene la entrega de cannabis en las farmacias. Muchas personas que quieren poner un club están a la espera de qué va a pasar con esa producción. Quieren saber de qué calidad va a ser y de qué manera se va a vender. Los clubes que ya tienen un tiempo no van a cambiar en nada, pero sí los que quieran arrancar. Las farmacias van a vender a 1400 o 1500 pesos los 40 gramos, que es un precio muy barato en realidad en comparación con el mercado ilegal.