¿Luego de una caída del 56 por ciento en la incidencia delictiva de alto impacto es posible continuar con ese ritmo? El porcentaje de reducción de los delitos en la Ciudad de México en los últimos seis años representa un desafío. Sostener esa tendencia no será fácil, pero tampoco imposible. Las expectativas en seguridad para el año 2025 son altas.
Frente al deterioro dejado por la administración de Miguel Ángel Mancera, la estrategia diseñada desde diciembre de 2018 en la capital nacional por la ahora presidenta Claudia Sheinbaum condujo a una alineación poco probable en cualquier urbe: la baja en la comisión de delitos y una mejor percepción ciudadana.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI —realizada de manera trimestral para registrar sistemáticamente la percepción de la ciudadanía— demuestra un crecimiento de 40 puntos porcentuales respecto a la sensación de seguridad.
Aun con los avances, la seguridad es uno de los temas de mayor interés ciudadano en 2025, concentrado en delitos patrimoniales como la extorsión y el robo.
En la CDMX, por instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se profundiza la estrategia de los cuatro ejes implementada por Sheinbaum —atención a las causas, más y mejor policía, inteligencia policial y coordinación—, con el fortalecimiento de herramientas tecnológicas y acercamiento ciudadano con una nueva estrategia de territorialización policial.
CÓMO SE PRESERVA LA SEGURIDAD EN 2025
Las denuncias por extorsión registraron una disminución de 49 por ciento en seis años, y con la intención de profundizarla, desde noviembre comenzó operaciones la Línea Antiextorsión (55 5036 3301), operada desde el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) para recibir reportes con la garantía de anonimato y confidencialidad.
Hasta el 13 de enero habíamos atendido 1,053 reportes. Las víctimas reciben orientación jurídica para la integración de la carpeta de investigación y, en caso de tratarse de un delito en curso, se detona la intervención policial. Además, la información permite conocer la forma de operar de los delincuentes y contribuye al diseño de la estrategia para prevenir y erradicar las extorsiones.
Hay una política integral encaminada a estrechar el vínculo con la ciudadanía en la atención a sus principales preocupaciones. El incremento de 847 a 1,011 cuadrantes policiales delimita responsabilidades geográficas en territorios de menor dimensión, facilita la identificación de zonas de riesgo y reduce tiempos de respuesta ante emergencias.
Este cambio se nutre del apoyo tecnológico y asistencial desde las 83,400 cámaras de videovigilancia del C5 y la línea de emergencias 9-1-1 y 089 para la denuncia anónima. El reto es grande, pero no insuperable. N
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Salvador Guerrero Chiprés es doctor en Teoría Política por la Universidad de Essex, Inglaterra, y presidente del Consejo Ciudadano. Los puntos de vista expresados en este artículo son responsabilidad del autor.
