Pronto iniciará una nueva era para las plataformas digitales en México, ya que deberán asumir obligaciones laborales y de seguridad social para con sus colaboradores.
Durante la nochebuena se publicó oficialmente el decreto que regulará el trabajo de los conductores y repartidores de plataformas digitales en México, tales como Uber, Rappi, Didi, etc., el cual entrará en vigor a los seis meses de su publicación.
Buscan reconocer los derechos laborales de aproximadamente 650 mil trabajadores en México
Desde octubre que se empezó a discutir este tema en la Cámara de Diputados, hubo varias iniciativas presentadas por distintos partidos, las cuales buscan regular el trabajo en este tipo de plataformas y reconocer los derechos laborales de aproximadamente 650 mil trabajadores en México.
Empecemos por decir que no en todos los países se les considera empleados, en muchas legislaciones ese tipo de trabajadores se consideran como independientes por la naturaleza del trabajo y flexibilidad que conlleva. Sin embargo, en México muchos de ellos si son trabajadores de tiempo completo, es por ello que buscan garantizar sus derechos laborales.
Impacto de la reforma laboral en la industria restaurantera y los derechos de los repartidores de plataformas digitales
Esta reforma no solo afecta a conductores y repartidores si no también indirectamente a la industria restaurantera que en sus modalidades de entrega a domicilio recurre a ese tipo de plataformas. De hecho, algunos negocios han dejado de contratar repartidores usando esas herramientas tecnológicas con cargo al usuario como consumidor final. Si los restaurantes dejan de contratar a sus propios colaboradores para hacer sus repartos, lo justo es que esas personas cuenten con los servicios de salud que ampara la Ley del Seguro Social, así como el derecho a recibir una pensión de retiro y la posibilidad de adquirir una vivienda. De la misma manera, los conductores deben tener los mismos derechos que los demás choferes de taxi de pasajeros, por lo que este esquema busca garantizarlos.
¿Cuáles son los puntos principales de la reforma?
1) Se reconoce que en algunos casos se trata de trabajadores independientes. Eso si no alcanzan el monto equivalente a un salario mínimo mensual como determinante de la obligación. En mi opinión, no debería ser solamente el monto de los ingresos lo que determine la independencia o subordinación, por lo que creo que las plataformas deberán revisar este cambio a la luz de la nueva ley y con ayuda de sus asesores expertos en materia laboral.
2) También establece que, en caso de despido, las indemnizaciones se deberán calcular según condiciones particulares del esquema de trabajo por plataformas digitales, el cual es muy flexible.
3) Aclara que las personas trabajadoras tendrán derecho a participar en la repartición de utilidades de la empresa.
4) Precisa que la responsabilidad laboral como patrón cae en quien gestiona la plataforma, no en los usuarios de los servicios, lo cual tiene sentido.
5) Se garantizará el derecho a la seguridad social, por lo que las plataformas deberán inscribir a las personas trabajadoras en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y hacer aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), siendo este uno de los puntos medulares de esta reforma.
Por lo anterior, se establece un régimen transitorio para que el IMSS ejecute un programa piloto de 180 días, de carácter obligatorio para las plataformas digitales. Esperemos funcione pronto.
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Hay mucho que analizar aun de esta reforma la cual beneficiará a las personas trabajadoras que eligen este tipo de plataformas como fuente de empleo, sobre todo a quienes lo toman como un trabajo de tiempo completo y habrá que ver en cuales casos siles aplica.
Como vemos, el gobierno actual, igual que el anterior, se caracteriza por crear políticas públicas que buscan mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras y a la vez incrementar la base de recaudación de la seguridad social, y ahora les tocó a las plataformas digitales. N
La autora es contadora pública certificada especialista en seguridad social.
