Terminamos 2017 con indicadores preocupantes en distintas esferas; en sí mismas, cada una de ellas sería preocupante, pero al presentarse de manera simultánea, constituyen una peligrosa combinación de factores que, en medio de un año electoral, deben ser asumidas con toda la seriedad y capacidades institucionales que exigen.

En primer lugar, se terminó el año con mayor número de homicidios dolosos en la presente administración; lo peor de este caso es que en los últimos días de diciembre, fueron asesinados distintos funcionarios públicos, casi todos militantes del PRD, hechos de suma gravedad por dos razones: si los homicidios se cometieron porque las víctimas tenían alguna relación con el crimen organizado, entonces habría que intervenir en sus localidades desde la perspectiva de una institucionalidad comprometida.

Por otro lado, si las víctimas no tenían relación alguna con grupos delincuenciales, la situación es igualmente delicada, porque entonces es la propia autoridad la que está bajo el asedio, amenaza y, de hecho, bajo el ataque artero del crimen organizado en distintos espacios territoriales en todo el país.

Además de la violencia, la otra agenda de suma preocupación se encuentra en el terreno económico. Cerramos el año con un indicador de prácticamente 7%, y ahora el Banco de México advierte que llegar a la meta de 3.9% en el 2018, aunque es plausible, se percibe más difícil de lo que originalmente se creía.

La inflación, es de conocimiento común, deteriora el poder adquisitivo, sobre todo para los más pobres; y no somos pocos quienes hemos advertido que sus efectos erosionarán rápidamente, si no es que ya lo hicieron, los magros avances que se habían tenido entre 2014 y 2016, en lo que a disminución de la pobreza se refiere.

Así, arrancamos 2018 con diferentes procesos de especulación, mediante los cuales se incrementa el riesgo de que los precios de los energéticos sigan incrementándose, y en consecuencia, los de otros básicos como los agropecuarios.

A ello debe añadirse los efectos de los sismos del mes de septiembre: no debe olvidarse que golpearon fundamentalmente a los estados del Sur-Sureste, las más pobres de México, y donde no solo prevalece la marginación, sino también, como ocurre en Guerrero y Oaxaca, cada vez mayores indicadores de violencia, expresados fundamentalmente en homicidios y lesiones dolosas.

Se prevé que a economía no crecerá, otra vez, más allá de un 2.5% en el año; lo cual, a pesar de que se ha logrado un récord de creación de empleos en las tres últimas administraciones, será a todas luces insuficiente para cubrir el déficit de plazas laborales en empleos que den acceso a la seguridad social y a las prestaciones que establece la ley.

Del otro lado, los partidos políticos parecen empeñados en lo mismo de siempre; sólo entre enero y marzo vamos a ver alrededor de 60 millones de “spots” a nivel nacional; a los que deberán agregarse los que se sumen de las 9 campañas para elegir gobernador en sendas entidades, y en general, para la elección de los tres mil cargos de elección popular que estarán en disputa.

Lo más probable es que sigamos viendo los excesos de siempre; como ejemplo basta con citar el caso de Veracruz, donde el candidato a suceder a Miguel Ángel Yunes es uno de sus hijos; mientras que el otro es alcalde en uno de los municipios más relevantes del estado, dando prueba así de que vivimos en un país en el que el nepotismo y la visión patrimonialista siguen siendo regla cotidiana.

No hay un solo gobernador que con su actuar ético ejemplar, o con un gobierno eficaz, pudiera marcar rumbo; no hay tampoco un solo legislador que se aproxime, ni de lejos, a una figura como la de Belisario Domínguez; por el contrario, hay muchos que sí se parecen a Huerta y sus secuaces; y todo esto es lo que hace obligado insistir en que estamos entrando a un 2018 decididamente sombrío.