Es escalofriante analizar comparativamente la historia reciente de el modelo de gobernabilidad democrática, derechos humanos y seguridad de Honduras y compararlo con el de nuestro país.

En los años 2011 y 2012 tuve oportunidad de trabajar en Honduras apoyando un proceso que en su momento me pareció visionario y futurista para apuntalar el mermado Estado de Derecho: la generación de una política pública en derechos humanos y la creación y reforzamiento de instituciones clave para el respeto y protección de derechos humanos, como la Comisión Nacional para la Prevención de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes (o CONAPREV).

Honduras creó, en aquel momento, ni más ni menos que una Secretaria Nacional de Derechos Humanos, construyó una política pública nacional de derechos humanos y políticas específicas para promover y proteger los derechos de mujeres, indígenas, niñez, personas con discapacidad y afrodescendientes, entre otros. Esto fue, en términos llanos, lo que le valió el perdón en el escenario internacional al Gobierno después del Golpe de Estado en 2009 al presidente Zelaya.

México inició un proceso similar precisamente a partir de la reforma constitucional de 2011, que asume el respeto, garantía y reparación de derechos humanos como piedra fundamental del Estado de Derecho, reconociendo las normas internacionales de derechos humanos y su desarrollo como referentes de obligada observancia. Al igual que en Honduras, a partir de entonces se reforzaron instituciones, se desarrolló un programa nacional y diversos programas estatales de derechos humanos; se generó una ley y un mecanismo de protección a víctimas y otro similar para defensores y periodistas, además de que se fortaleció el mandato de la CNDH. México entonces se puso al nivel de lo alcanzado hasta entonces por Honduras. Luego lo rebasó gracias al rol de vanguardia de la Suprema Corte de Justicia que se ha tomado muy en serio sus atribuciones constitucionales para la protección de derechos humanos a través del control de convencionalidad y a través del principio pro persona.

¿Qué ha pasado en Honduras después?

Una vez de vuelta en el concierto internacional Honduras organizó elecciones “abiertas y democráticas” en 2013, en las que se eligió a un hombre clave tanto en la etapa previa al Golpe de Estado como en la que se impulsaron las reformas posteriores. Una vez que tomó posesión, gran parte de lo avanzado en materia de derechos humanos se vino abajo. Se degradó la Secretaría de Derechos Humanos a una Sub dependencia de la Secretaría del Interior y Justicia. No fue prioridad nacional actualizar sus políticas públicas en derechos humanos y seguridad ciudadana. Se desapareció del organigrama estatal a instituciones responsables clave y las que quedaron jugaron un rol meramente nominal, sin presupuesto ni jerarquía en el Gobierno.

En paralelo, en el mismo año 2013 se creó la Policía Militar para apoyar labores civiles de seguridad ciudadana. La justificación fue que el cuerpo de policía civil estaba profundamente corrompido y que el crimen organizado y las pandillas les superaban en habilidades y capacidad. Se dijo que sería temporal y que por supuesto esta fuerza militar respetaría los derechos humanos a raja tabla.

Buena parte de la comunidad internacional y el mismo Alto Comisionado para los Derechos Humanos condenaron esta medida por el peligro que implicaba al no ajustarse a los estándares internacionales de derechos humanos.

Muy poco tiempo después se empezaron a documentar casos en los que se identificó la participación de militares, mismos que van desde abusos sexuales, tortura, secuestro, privación ilegal de la libertad, hasta sobornos en retenes de tránsito. Además de lo anterior, pronto se pusieron en evidencia problemas serios de coordinación con las autoridades civiles, un alto grado de resistencia y evasión de los militares para someterse a juicios del orden civil. Es decir, la rendición de cuentas en estos casos y el acceso a la justicia se ha visto entorpecida.

Han pasado 4 años y la Policía Militar sigue en las calles de Honduras y hoy en día, incluso hace labores de “pacificación” con lujo de violencia contra la población que reclama los resultados en épocas postelectorales. Honduras sigue igual o peor que cuando se tomó la decisión de impulsar una Policía Militar.

En su momento en Honduras, como hoy en México, se tomó la decisión de dar funciones a las fuerzas armadas en la preservación de la seguridad interior, más que por argumentos sólidos y profundos, por miedo. Un miedo entendible dada la situación desbordada de violencia y corrupción, sin embargo, el resultado ha sido francamente catastrófico. En aquel país, hoy por hoy la democracia y el Estado de Derecho están en peligro mayor.

Mal hemos hecho los mexicanos y mexicanas en postergar los diálogos y discusiones a fondo lo que queremos y lo que anhelamos de la seguridad en nuestro país, así como de lo que estamos dispuestos a pagar por ello.

Es desolador ver que nuestro país está siguiendo la misma ruta que trazó Honduras. ¿Será a propósito?…

¿De verdad se desarrolló la propuesta de ley de seguridad interior con base en datos y análisis de experiencias previas o con puro sentido de oportunidad política atizando el miedo?

¿Después de la aprobación de la ley de seguridad interior, podremos seguir vanagloriándonos con que México es un país de vanguardia por su constitución garante de derechos humanos con una ley potencialmente violatoria de los mismos?

Ojalá que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación estén a la altura de las circunstancias. La primera para promover una urgente acción de inconstitucionalidad y la segunda para darle trámite y pronta resolución. Si no, que Dios nos agarre confesados al igual que a nuestros hermanos hondureños.

@jmramosrrobles

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