La Universidad del Carmen (UNACAR) sigue sin pagar al Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) los más de 300 millones de pesos que una sentencia le obliga, derivado del caso que data desde 2016, cuando la escuela no entregó equipo de cómputo que la dependencia estatal le compró.
La aún directora del IEA, Lorena Martínez, explica que dicha universidad, con sede en Campeche, está en bancarrota y adeuda más de 2000 millones de pesos por diferentes conceptos, ante lo que se ha solicitado la intervención de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que el tema se concilie.
“Lo que no se ha podido realizar es la ejecución de la sentencia, es decir, hacer efectivo el triunfo de la demanda y poder cobrar el recurso, es un tema que yo he puesto ya en la mesa de la Secretaría de Educación Pública, lo he platicado con la propia secretaria buscando la posibilidad de que la SEP pueda apoyar a la Universidad del Carmen con recurso para que pueda pagarnos” reveló.
Martínez Rodríguez considera esencial la intervención del estado en este caso, pues sin el apoyo de los gobiernos locales y/o federal, “es complicado recuperar ese dinero”.
Caso Paco Chávez
Fue en 2012, durante la administración del ex gobernador Carlos Lozano, cuando el entonces director del IEA, Francisco Chávez, realizó la operación de compra – venta del equipo de cómputo como parte del programa Habilidades Digitales para Todos (HDT), que comprendía la instalación de aulas digitales y la entrega de más de 15 mil laptops, sin embargo, este equipo nunca se entregó.
Un año después, en 2013, se presentó una denuncia por el incumplimiento en la proveeduría ante el Juzgado Quinto de lo Civil de Aguascalientes, mismo que falló a favor del Instituto en septiembre de 2016, obligando a la UNACAR a resarcir el monto.
Meses previos al fallo, el 3 de junio de 2016, el IEA firmó la adjudicación directa por un monto de 7.3 millones de pesos al despacho jurídico de Juan Collado para llevar la denuncia contra la universidad campechana, servició legal que nunca se brindó, por lo que intervinieron autoridades anticorrupción.
Por lo anterior, en mayo de 2023, la Fiscalía Especializada en Anticorrupción sentenció a Paco Chávez, el entonces director del Instituto, a 2 años de cárcel, una multa de 3,188 pesos y el pago de más de 7 millones de pesos para reparar el daño por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
