Con el propósito de amortiguar el impacto económico que deriva de la contingencia sanitaria, la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado, avaló la reorientación de más de 131 millones de pesos del Presupuesto de Egresos, para que sea utilizado en la aplicación de créditos que les permita a emprendedores de micros, pequeños y medianos negocios, solventar su nómina de personal y diversos gastos de operación, y de esta manera ofrecerles una alternativa para mantener su actividad económica.

En el dictamen que formuló la Comisión de Vigilancia sobre la iniciativa de adiciones al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020, que turnó el gobernador Martín Orozco Sandoval, se especifica que son 131 millones, 432 mil 100 pesos que provienen de la recaudación del Impuesto Sobre la Nómina (ISN), cantidad que se aplicará a través del Programa Emergente de Financiamiento Empresarial que opera el SIFIA a fin de que se otorguen créditos para capital de trabajo, gastos de operación, infraestructura y activos fijos.

En la exposición realizada por la diputada Karina Eudave, se señala que esta reforma tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de este año con lo que permitirá apoyar miles de fuentes de empleo que se han visto afectadas por la contingencia de la COVID-19 con acceso a recursos en condiciones preferenciales.

Momentos antes de la votación, la diputada Karina Banda Iglesias, enfatizó la importancia de las Mipymes en la economía de México, pues representan una fuente de empleo vital de la que dependen millones de familias. Refirió que, de acuerdo con cifras oficiales, en el 2108 se contabilizaron 4.2 millones de este tipo de negocios en todo el territorio nacional, aunado a que el 70 % de los ingresos provienen de este tipo de empresas, por lo que celebró que esta reorientación de recursos fortalecerá su funcionamiento y permitirá su rescate ante los impactos negativos que está dejando la pandemia, por lo que manifestó su voluntad de apoyar la iniciativa.

En otro punto del orden del día, el Pleno aprobó el dictamen de las comisiones unidas de Salud Pública y Asistencia Social y de Vigilancia en materia de salud con el que se establece que la rectoría y la administración de los recursos seguirá a cargo del Gobierno Estatal.

A raíz de la desaparición del “Sistema de Protección Social en Salud”, la creación del INSABI y el Acuerdo de Coordinación que suscribió con el Gobierno del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 20 de abril de 2020, la normativa para la prestación gratuita de los servicios de salud a la población no derechohabiente debió actualizarse.

En este sentido la presente Reforma armoniza la legislación local con la normativa federal, específicamente en lo concerniente a la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, “impulsando la coordinación del Instituto Nacional de Salud para el bienestar con la Secretaría de Salud”.

Respecto a la Ley de Ingresos, se Deroga la cantidad de 964,000 pesos correspondiente al REPSS y se abroga la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado “Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Aguascalientes”, de fecha 22 Octubre 2015, producto del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, publicado el 27 Julio 2015. Por lo que se extingue el Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Aguascalientes.

Cabe destacar que a partir de 1 de julio, será el ISSEA, el encargado de cumplimentar las obligaciones del REPSS.

Por su parte, la congresista del PES, Aída Karina Banda Iglesias se manifestó a favor del dictamen ya que se mantendrán vigentes los servicios de salud en el Estado, además informó que los bienes y recursos con lo que contaba el Sistema de Protección de Salud quedarán salvaguardados ahora por el Instituto de Servicios de Salud del Estado.

Acto seguido, fue rechazado por la mayoría del Pleno, con 14 votos en contra, 12 a favor y 1 abstención, el Punto de Acuerdo que propuso la diputada Érica Palomino Bernal, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, mediante el cual pretendía exhortar a los Ayuntamientos a que aplicaran pruebas para detectar el COVID-19 a sus servidores públicos.

Al respecto, la legisladora Patricia García García, indicó que si bien el Punto de Acuerdo conlleva una buena intención, esta estrategia impactaría las finanzas de los Municipios y disminuiría el stock de pruebas con el que cuenta el sector salud; recordó que el costo por prueba es de 2 mil pesos y sí son alrededor de 7 mil 500 trabajadores del Ayuntamiento de Aguascalientes, la cantidad para adquirirlas sería de 15 millones de pesos, por lo que se pronunció a favor de llevar a cabo medidas sanitarias más estrictas, sin necesidad de aplicar las pruebas a todos los trabajadores.

Por su parte, la diputada Karina Banda Iglesias, aseveró que esta aplicación de pruebas reduciría la propagación de contagios, principalmente en aquellas personas que “seguimos teniendo actividades esenciales”. No obstante, dijo que  ninguna estrategia será suficiente si las y los ciudadanos no cumplen con las medidas establecidas por la autoridad sanitaria.

A su vez, el legislador Gustavo Báez Leos, hizo uso de la voz para manifestar su voto en contra del Punto de Acuerdo, al tiempo que afirmó que Aguascalientes es una de las entidades que más pruebas aplica en todo el país y “al hacerlas a personas que no presenten síntomas”, se estarían distrayendo y se disminuiría la capacidad de reacción para atender a los pacientes que requieren mayor atención.

También aprovechó el espacio para expresar su reconocimiento a los miles de servidores públicos que continúan trabajando de manera ininterrumpida en beneficio de su población.

En su oportunidad, la diputada Elsa Landín Olivares, precisó que la solicitud va en el sentido de aplicar un tamizaje para disminuir los riesgos de contagio entre los servidores públicos, a diferencia de la prueba inmunológica que es la más costosa.

Por ello, sostuvo que esta estrategia de tamizaje no representa un mayor costo a la que aprueba el sector salud, y por ende, consideró necesaria esta aplicación para que se proteja la integridad de los servidores públicos que realizan trabajos esenciales en las calles de la ciudad; “no debemos ponerle precio a la salud de las personas”.

Por otro lado, fue retirado, por petición del Coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA, José Manuel González Mota, el Punto de Acuerdo que solicitaba la reanudación de la convocatoria para designar al Auditor Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes, dado que ya fue publicada el pasado lunes 25 de mayo en el Periódico Oficial del Estado, tal y como lo informó la presidenta de la Comisión de Vigilancia, diputada Karina Eudave Delgado, al abordarse este punto.

Finalmente, en asuntos generales, la diputada Elsa Landín Olivares, fijó un posicionamiento en torno a la decisión del presidente de desaparecer los fideicomisos y fondos asignados a la ciencia y tecnología, la cual se suma al recorte presupuestal que tuvo este sector con la llegada del nuevo presidente de México, ocasionará el desmantelamiento de los centros de investigación que desde hace décadas dan a conocer información cuantitativa, que sirve para la toma de decisiones en la definición de políticas públicas.

Ante este escenario, Landín Olivares señaló la urgencia de presentar un punto de acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión y al presidente de México para que garanticen los recursos necesarios con el fin de que ningún centro de investigación pública cierre o pare operaciones, así mismo, pidió que ya no se tome como pretexto la pandemia del coronavirus para tomar decisiones retrógradas.

Tras el desahogo de este apartado, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Salvador Pérez Sánchez, procedió a la clausura de los trabajos de la sesión ordinaria, al tiempo que informó que la siguiente asamblea se desarrollará hasta nuevo aviso.