El reto del gobierno mexicano es transformar las reformas en beneficios tangibles para la ciudadanía.
Sería injusto escatimar lo logrado en los últimos 20 meses en México. En ese período se rompió la parálisis que prevalecía en el Congreso y se aprobaron 11 reformas que se negociaron infructuosamente por décadas.
Las reuniones promovidas por los “Chuchos”, Jesús Zambrano y Jesús Ortega, y por el exgobernador de Oaxaca, el priista José Murat, a las que luego se sumaron Gustavo Madero y Santiago Creel por el PAN, así como Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong por el equipo de transición del entonces presidente electo, Enrique Peña Nieto, dieron como fruto el Pacto por México.
Los acuerdos del Pacto se transformaron en iniciativas que el Poder Legislativo procesó con 58 modificaciones a la Constitución, 81 cambios a diversas leyes secundarias, la creación de 21 ordenamientos jurídicos y la abrogación de 15, reformas que dieron origen a tres nuevas instituciones y al fortalecimiento de 13 ya existentes.
Así, fueron aprobadas las reformas energética, de competencia económica, de telecomunicaciones y radiodifusión, la hacendaria, la financiera, la educativa, la político-electoral, la laboral, la de transparencia, la ley de amparo y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Si bien estos logros pueden ser considerados como “históricos”, el gobierno federal sabe que ahora requerirá de un esfuerzo igual de extraordinario para lograr lo más importante: la instrumentación de cada una de ellas y su transformación en beneficios tangibles para la ciudadanía.
El reto es enorme. Por ejemplo: ¿cómo poner en marcha una reforma educativa cuando siete de cada 10 aspirantes a dar clases en el nivel bachillerato reprobaron el examen de colocación? ¿O cuando 60 por ciento de los candidatos a ocupar una plaza docente fue calificado por la SEP y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) como “no idóneos”?
¿Cómo “obligar” a los bancos a otorgar créditos a personas físicas y empresas para financiar sus propios proyectos y generar el autoempleo, a tasas de interés que no sean usureras? ¿O cómo establecer incentivos suficientemente atractivos para que quienes se encuentran actualmente en el comercio en vía pública se sumen a la formalidad?
Además, estas reformas establecen compromisos muy concretos que no solo dependen de la voluntad del gobierno de la república. La reducción en las tarifas de energía eléctrica en dos años, así como en el precio del gas natural, además de la generación de medio millón de empleos formales adicionales al 2018, dependerán en buena medida de que las empresas transnacionales vean atractivo invertir en el sector energético nacional.
No solo eso. En su reciente visita a nuestro país, el gobernador de California, Edmund G. Brown, sugirió al gobierno y al Congreso mexicanos aplicar “mano dura” para regular a las empresas petroleras y eléctricas que vendrán a invertir en México, “o se los van a comer vivos”.
Y algo sabe de ello por la costosa experiencia que le representó a California la privatización del sector eléctrico y la consecuente crisis que provocó el consorcio Enron, ya que incurrió en prácticas ventajosas, infló los precios en más de 800 por ciento, provocó apagones y generó una deuda por 10 000 millones de dólares que al final tuvo que asumir el gobierno.
“El camino no será fácil, ni los resultados llegarán de inmediato”, advirtió el propio mandatario en un artículo que escribió para el diario español El País1, lo que demuestra que conoce el tamaño del reto que implicará poner las reformas en acción.
Las reformas que vienen
Como ocurre en cada sexenio, las elecciones intermedias vienen a romper en dos a los gobiernos en turno, y el de Peña Nieto no será la excepción. El próximo 7 de octubre, cuando inicia formalmente el proceso federal electoral de 2015, surgirán pugnas entre los partidos y los grupos parlamentarios que harán intransitable cualquier iniciativa hasta después de 7 de junio.
Y aunque este primer paquete de reformas incluía las más urgentes, hay otras que también son importantes, cuyo destino se definirá en la segunda parte de la administración peñista.
Una de ellas es la reforma al campo, de la cual se conoce ya un primer borrador que, entre otros aspectos, plantea ajustar los subsidios que otorga el Proagro Productivo (antes Procampo), al reducir de 100 a 20 hectáreas de cultivo la cobertura máxima.
El objetivo de los cambios a 16 leyes y 11 reglamentos es “transitar de un modelo agroalimentario asistencialista al de incentivos a la productividad” con la creación de un esquema de “crédito mutual” para pequeños productores que utilizan su cosecha para el autoconsumo.
Como parte de la reestructura del sector se plantea fortalecer a Diconsa como una empresa pública que participe como un nuevo competidor en el mercado agroalimentario, en el acopio, la comercialización y las ventas al menudeo.
Pese a que el uso de semillas transgénicas no es abordado en el texto preliminar, sí establece la creación de un Sistema Integral para el Desarrollo de la Investigación Científica, la Transferencia de Tecnología y la Promoción a la Innovación en el Sector Agroalimentario, mediante el cual se desarrollarán biofertilizantes y semillas mejoradas.
Otra reforma pendiente es la que modificará el artículo 4 de la Constitución para dar origen al Sistema Nacional de Salud Universal, que permitirá el acceso de toda la población, independientemente de su condición social o laboral, a los sistemas de salud.
Además, en junio de 2016 deberá operar en todo el país el nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial y Oral, que contempla la nada fácil tarea de que policías, peritos, ministerios públicos y abogados se conduzcan con profesionalidad, integridad y una nueva mística de servicio.
Para la implementación plena de este Sistema faltan aún por ser aprobadas la iniciativa de Ley sobre Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal que presentó el Ejecutivo, y la Iniciativa de Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales, propuesta por senadores.
Como se ve, la tarea pendiente no es nada fácil y la implementación de las reformas aprobadas, así como la presentación de las pendientes, marcarán el éxito de la actual administración y, por ende, del país.
Hannia Novell es periodista y conductora del noticiario de la televisión mexicana Proyecto 40. @HanniaNovell
