En su momento, los expresidentes latinoamericanos Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria Trujillo y Ernesto Zedillo Ponce de León, de Brasil, Colombia y México, respectivamente, pusieron sobre la mesa la conveniencia de una discusión seria y concreta respecto a la legalización de las drogas.

 

La violencia y el crimen organizado asociados al tráfico de drogas ilícitas constituyen uno de los problemas más graves de América Latina, argumentan los exmandatarios en el informe Drogas y democracia, hacia un cambio de paradigma como copresidentes de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia.

 

“Frente a una situación que se deteriora a cada día con altísimos costos humanos y sociales —se lee en el informe—, es imperativo rectificar la estrategia de ‘guerra a las drogas’ aplicada en los últimos 30 años en la región”.

 

La Comisión, integrada además por personalidades del mundo académico e intelectual como Mario Vargas Llosa, Enrique Krause y Tomás Eloy Martínez (1934-2010), también considera que las políticas prohibicionistas basadas en el combate a la producción, tráfico y distribución de enervantes, así como la criminalización de su consumo, no han producido los resultados esperados. “Estamos más lejos que nunca del objetivo proclamado de erradicación de las drogas”.

 

Drogas y democracia, hacia un cambio de paradigma manifiesta asimismo que América Latina sigue siendo el mayor exportador mundial de cocaína y marihuana, se ha convertido en creciente productor de opio y heroína, y se inicia en la producción de drogas sintéticas, por lo que la revisión a fondo de las políticas actuales es aún más urgente a la luz de su elevadísimo costo humano y amenazas a las instituciones democráticas.

 

América Latina paga por EE UU

 

El doctor en Derecho Miguel Carbonell Sánchez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en derecho constitucional y derechos fundamentales y autor de más de 40 libros en materia legal, opina que, hoy más que nunca, el debate sobre la legalización de las drogas se encuentra en un punto preponderante.

 

“La discusión se ha abierto más sobre todo a partir de la toma de postura muy clara de los expresidentes Cardoso, Gaviria y Zedillo. La plataforma de discusión la pusieron ellos, este panel de expertos, a partir de la claridad que tuvieron en sus propuestas”.

 

La importancia sobre este debate radica sobre todo en que a América Latina le está costando mucho la lucha contra las drogas, según dijo Carbonell Sánchez en entrevista con Newsweek en Español: “Le está costando mucho en términos de vidas humanas, además de dinero. El daño que esta guerra ha causado en Colombia, México, Bolivia es un costo que estamos pagando prácticamente solos cuando en realidad el consumo fuerte está en Estados Unidos”.

 

El doctor en Derecho añade que Latinoamérica debe tener el coraje, atrevimiento, arrojo y visión de altura para mantener esta discusión con toda seriedad.

 

“Y si Estados Unidos acompaña, qué bueno, hay que procurar ese acompañamiento y buscar una compatibilidad para que ordenemos muy bien las responsabilidades y los derechos de cada una de las partes. Pero si decide no acompañar en esto, ni modo, América Latina debe tomar sus decisiones en este sentido y hacerse cargo de lo que más le conviene a los latinoamericanos”. 

 

Barack Obama avala solo debatir

 

Hace unas semanas, al clausurar la Cumbre Empresarial de las Américas, en Cartagena de Indias, Colombia, el presidente de EE UU, Barack Obama, avaló debatir una política antidrogas en Latinoamérica que considere no solo el tráfico, sino la demanda estadounidense y el flujo de dinero.

 

Según declaró el mandatario, “no podemos ver el tema de la oferta sin considerar el tema de la demanda de Estados Unidos”.

 

No obstante, Obama se pronunció en contra de legalizar las drogas: “Personalmente, mi posición y la de mi administración es que la legalización no es la respuesta… Sin embargo, creo que hay que sopesar la evidencia, tener un debate”.

 

AL sigue siendo el mayor exportador mundial de
cocaína y marihuana, se ha convertido en creciente
productor de opio y heroína, y se inicia en la producción de drogas sintéticas

 

Sostuvo asimismo que “somos conscientes de nuestras responsabilidades. Creo que es valioso tener una conversación sobre si las leyes actuales están haciendo más daño que bien en algunos lugares”.

 

Las virtudes de lo legal

 

“Creo que la legalización de las drogas como esquema de política pública supone varias ventajas”, diagnostica el doctor Carbonell. Y abunda al respecto:

 

“La primera ventaja sería desinflar el enorme mercado ilegal que hoy existe, que supone unos ingresos verdaderamente exorbitantes para los cárteles. Estos ingresos derivan en buena medida del carácter ilegal de las drogas, es decir, los carteles ganan mucho dinero porque las drogas son una mercancía que, comparada con otro tipo de bienes, generan ganancias impresionantes. Por ejemplo, un kilo de cocaína que se le paga en pocos dólares a un campesino de Bolivia o Colombia es vendido en 100 000 dólares en Chicago, Nueva York o Los Ángeles”.

 

La segunda gran ventaja que supondría la legalización de las drogas, siempre de acuerdo con el jurista, sería terminar con la violencia que deriva de la persecución penal del transporte de las drogas.

 

“Sí, porque las personas que están involucradas en esa actividad corren mucho riesgo, por un lado, y por el otro, los sobornos que tienen que pagar para pasar fronteras incrementan mucho el costo. Si no hubiera una persecución penal en contra de quienes siembran, trafican, venden, etcétera, todo este costo se aminoraría. Es más, les quitarían el negocio porque sería el Estado quien lo administraría en alguna modalidad”.

 

El otro mérito al respecto tiene que ver con una regulación más efectiva por parte del Estado en el tema de las adicciones: “Si el mercado de sustancias hoy calificadas como estupefacientes es administrado por el Estado podemos tener certeza en la calidad del producto para que no se venda adulterado y en un cierto control sanitario de los usuarios para que haya un seguimiento, para que se sepa quién está consumiendo qué”.

 

Las posturas colombiana y salvadoreña

 

Hace cuatro meses, el presidente de Colombia —país considerado como uno de los mayores productores de cocaína—, Juan Manuel Santos, expresó que la despenalización de las drogas es un tema que “no puede seguir siendo tabú… hay que buscar alternativas” porque “el narcotráfico financia a todos los grupos violentos”.

 

El mandatario dejó claro que como presidente despenalizaría las drogas si asimismo lo hace el resto del mundo: “Esa solución sería aceptable para Colombia si el mundo entero la toma”.

 

Sin embargo, por ahora, reconoció Santos, “no podemos hacer nada distinto que combatirlo en toda la cadena, pero esta política está equivocada porque tiene elementos contradictorios”.

 

Un mes después, el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, opinó que la despenalización de las drogas convertiría a Centroamérica “en un paraíso de consumo de esas sustancias”.

 

Medios salvadoreños citaron al gobernante con estas palabras: “En lo particular, yo no estoy de acuerdo en la despenalización ni de la producción, ni del tráfico, ni del consumo de la droga por una sencilla razón: si bien es cierto que manda una señal y golpea la estructura financiera de los cárteles de la droga, en la medida en que se reducen los costos de comercialización de la misma, y por lo tanto al venderla más barata, en esa medida también sus ganancias son menores, pero crea un problema de índole moral a la base. No podemos permitir que nuestros jóvenes y nuestros niños tengan acceso fácil a la droga”.

 

Respeto a la autonomía personal

 

Promover la legalización de las drogas no significa necesariamente alentar su consumo, pues que estas sean legales podría asemejarse a cualquier otro bien de consumo que supone un riesgo para la sociedad, reflexiona Miguel Carbonell.

 

El abogado pone como ejemplo los vehículos automotores y las hamburguesas: “Un auto no es ilegal, pero causa muchos muertos, más que las drogas cada año, y eso no significa promover los atropellamientos. Y que las big macs sean legales no significa que se promueva el consumo de alimentos grasosos o perjudiciales para la salud”.

 

Más bien debe partirse del esquema de que las personas tienen que ser respetadas en su autonomía.

 

“Como decía aquel famoso liberal del siglo XIX John Stuart Mill: ‘Sobre su cuerpo y sobre su espíritu el individuo es soberano’. El Estado no debe decirnos qué sustancias podemos consumir y qué sustancias no, a menos de que pongamos en riesgo los derechos de otras personas. Es decir, quien maneja bajo el influjo de estupefacientes tiene que ser duramente sancionado y castigado porque está poniendo en riesgo a otras personas, pero quien lo hace en la intimidad de su hogar, con motivos recreativos o con los motivos que quiera, pues creo que esa esfera de autonomía personal tiene y debe de ser respetada”.

 

Otros países se suman a la discusión

 

El tema “se aborda con enorme simplismo por alguna gente”, dijo en febrero pasado la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, quien además criticó el “simplismo” con que se discute en algunas esferas internacionales la legalización de las drogas y abogó por un análisis más “profundo” del asunto.

 

“Lo que preocupa es que la legalización se aborda con enorme simplismo por alguna gente, como si fuese una vacuna que va a curar toda la problemática alrededor del narcotráfico y no es así”, declaró la mandataria, y luego identificó al tráfico de estupefacientes como una seria amenaza para su país.

 

Por su parte, el mes pasado el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, reafirmó su postura a favor de la regulación de las drogas en una entrevista con una cadena de televisión mexicana.

 

“Es una regulación muy compleja, no estamos hablando de una sola regulación para todas, sino de que depende del tipo de droga, del daño que causa, la adicción. Yo creo que ahí es donde deberían entrar las diferentes regulaciones”.

 

El mandatario guatemalteco explicó que “no podemos seguir haciendo más de lo mismo cuando vemos que los resultados no son los que hemos esperado”, pues en la lucha contra el narcotráfico no se ha alcanzado el objetivo de encausar una dirección correcta: “Los que han avanzado son ellos [los narcotraficantes], han ido expandiendo sus actividades y se han ido diversificando, lo que genera más violencia”.

 

Para Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, y según sus declaraciones del último mes del año pasado, el narcotráfico en América Latina solamente se acabará cuando EE UU se proponga combatir el consumo de las drogas.

 

“Si se controla el consumo, automáticamente estaría desapareciendo el narcotráfico, y al desaparecer el narcotráfico lógicamente desaparece una fuente de financiamiento del crimen organizado porque el crimen organizado se capitaliza y se arma desde Estados Unidos.

 

Mientras tanto, “nosotros vamos a seguir siendo víctimas”.

 

La batalla perdida

 

Pero ¿en qué medida la propuesta de legalizar las drogas tiene que ver con la lucha actual de las naciones contra el narcotráfico? Responde el doctor Miguel Carbonell Sánchez:

 

“En mucho porque la lucha contra las drogas, que lleva prácticamente 40 años —fue iniciada por la administración de Richard Nixon en Estados Unidos—, ha demostrado un clamoroso fracaso. Si la lucha contra las drogas se proponía abatir el consumo, todos los datos existentes demuestran que no se ha logrado, el consumo ha seguido estable”.

 

No existe un solo indicador de éxito en esta batalla, añade el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, la institución educacional más prestigiosa de América Latina.

 

“No ha bajado el consumo de drogas, se ha incrementado la violencia, se ha dotado de un poder económico impresionante a los carteles, se han generado masivos eventos de corrupción, corporaciones policiacas enteras han sido cooptadas por los cárteles, ha habido muertes de personas que están involucradas y de inocentes, etcétera”.

 

Estos nulos resultados fuerzan la necesidad de explorar la ruta de la legalización de las drogas, “y en el caso de México el problema es aún más severo, pues tenemos un problema muy grave de violencia derivado de los carteles, entonces para México es una cuestión mucho más acuciosa, más urgente, porque nosotros, como se dice coloquialmente, estamos poniendo los muertos y en Estados Unidos están poniendo el dinero”.

 

“Nosotros, como se dice
coloquialmente, estamos poniendo los muertos
y en EE UU están
poniendo el dinero”.

 

No obstante, el presidente mexicano, Felipe Calderón, se ha pronunciado en contra de legitimar los estupefacientes.

 

El año pasado, por ejemplo, de visita en Washington dijo que legalizar las drogas perjudicaría a México y beneficiaría a EE UU, pues “es irrelevante lo que pueda hacer un país como México si este tipo de medidas no se toman globalmente”.

 

Calderón Hinojosa explicó que “si aquí [en Estados Unidos] no se tiene una discusión y una decisión igual, es absolutamente inútil, nos llevamos todas las consecuencias negativas y los problemas, y ninguna de las positivas”.

 

El problema es la violencia, no el consumo

 

—¿Qué ejemplos se tienen o cómo marchan las sociedades en países en donde las drogas sí son legales? —pregunta finalmente Newsweek en Español a Miguel Carbonell Sánchez.

 

“Las experiencias muy puntuales de ciertas drogas, como por ejemplo la mariguana en Holanda, han demostrado que no baja el consumo, legalizar las drogas no es una medida que disminuya la incidencia, incluso hay leves aumentos sobre todo en los primeros años.

 

“Yo creo que en lo que hay que pensar es en una estrategia integral de política pública, una vez que se toma la decisión de legalizar las drogas, partiendo de que hay que tomar cada droga por separado, es decir, no es lo mismo legalizar la mariguana que la cocaína o el crac, que causan un daño y un nivel adictivo mucho más fuerte.

 

“En todo caso, lo que se tiene es un problema fundamentalmente centrado en la violencia, no tanto en el consumo. No es que no se deba combatir las adicciones, pero el problema no es de consumo, sino de transporte, producción de estupefacientes y todo lo que eso genera en términos de represión penal y de incremento a la violencia, y eso es lo que hay que atacar”.