De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) del presidente López Obrador, en el apartado denominado “Migración, soluciones de raíz”, El objetivo de la política migratoria mexicana recae en garantizar a los migrantes los derechos al trabajo, la vivienda, la seguridad, la educación y la salud, y agrega:
“El Ejecutivo federal buscará involucrar en esta solución a Estados Unidos y a los países hermanos de Centroamérica que son origen de flujos migratorios crecientes. Al contrario de lo que se ha afirmado durante décadas, la emigración no es un asunto irresoluble, sino una consecuencia de políticas de saqueo, empobrecimiento de las poblaciones y acentuación de las desigualdades, y sus efectos pueden contrarrestarse con desarrollo y con bienestar. Mediante la negociación y el diálogo franco se buscará involucrar a los gobiernos de Estados Unidos y a los del llamado Triángulo del Nortecentroamericano –Guatemala, Honduras y El Salvador– en la construcción de mecanismos de reactivación económica, bienestar y desarrollo capaces de desactivar el fenómeno migratorio”.
La cristalización de tan buenas intenciones que en la letra se propone el gobierno federal mexicano parece desdibujarse ante la realidad de las circunstancias actuales.
La buena voluntad de constituir a México como un país hospitalario, tierra de asilo e integrador de migraciones, se reduce a meras quimeras cuando la seguridad económica de nuestro propio país se tambalea.
Cuando el PND dice que “el Ejecutivo federal aplicará las medidas necesarias para garantizar que los extranjeros puedan transitar con seguridad por el territorio nacional o afincarse en él”, vemos que la aplicación de tan bondadosos y humanitarios principios, lejos de conseguir sus fines últimos, nos pueden llevar a la ruina, merced las oportunas conveniencias electorales del presidente Trump.
Tres cuartillas bastaron para mencionar en el documento rector de las políticas públicas de este sexenio en materia de migración. Seguramente de haberse vislumbrado la intensidad del conflicto, el asunto se habría abordado de manera más seria y objetiva, más allá de textos y frases políticamente correctas, pero sin sustancia alguna.
Que el gobierno mexicano respete los derechos de los migrantes centroamericanos a su paso por territorio nacional es algo innecesario de destacar, después de todo, no podría ser de otra manera. Por lo tanto, lo verdaderamente importante no era tanto mencionar ese deber del Estado, sino haber delineado una estrategia de políticas públicas para contener y controlar los flujos migratorios que ingresan por la frontera sur.
Desafortunadamente a nadie en el gabinete de López Obrador se le ocurrió una crisis como a la que nos está arrastrando el presidente Trump. Nuestro principal “socio” comercial castiga un tema sociopolítico con severas medidas comerciales que, esas sí, incidirán gravemente en la economía nacional y en los bolsillos de los mexicanos.
A partir de diciembre del año pasado, se dejó prácticamente vía libre a cualquier centroamericano que deseara deambular por territorio nacional hacia la frontera con Estados Unidos, así lo demuestra el sensible incremento de arrestos que están realizando las autoridades norteamericanas en la frontera.
Que Trump decida endurecer unilateralmente sus políticas migratorias es algo que pudiera parecernos execrable, pero, ni hablar, es su país y puede hacer lo que sus propias facultades le permitan al respecto, incluso, vincular temas migratorios con asuntos estrictamente económicos.
No es culpa de López Obrador la actitud de su homólogo norteamericano. Lo que sí es su responsabilidad es la falta de criterio y visión donde no se sopesa el riesgo de que dejar hacer y dejar pasar a los centroamericanos a lo largo del país, como si fuera un simple pasillo, eso incrementaría el flujo de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos, lo cual necesariamente provocaría reacciones al otro lado del Bravo.
Con su conducta negligente, el gobierno mexicano le ha dado al presidente Trump un gran regalo consistente en una inmejorable y oportunísima bandera para emprender la lucha por la reelección en gracia con sus simpatizantes. Esto es culpa de López Obrador, por permitir puertas abiertas a la migración, bajo un entendimiento parcial, execrable y limitado del derecho a la migración.
Nuestro presidente responde a la gravedad de la situación cediendo la responsabilidad a una delegación de segundo nivel y llamando a un mitin por la unidad nacional, aunque de esta no formen parte los derechairos, los fifís ni los de la mafia en el poder, solo sus incondicionales acríticos y aduladores.
Mejor hubiera sido que, con ese mismo envalentonamiento, hubiera viajado a la reunión del G-20 para dialogar directa y personalmente con quien hoy por hoy parece ser el vecino y socio más hostil de México.
