Un gobernador puede pavimentar calles como prometió el candidato Jaime Martínez Veloz, pero eso evidencia la falta de transparencia en el ejercicio del poder, opinó el académico Adán Castillo Gutiérrez.
“Quiere decir que al final la obra pública depende de las voluntades. Y para eso hay normatividad (…) su deber es cumplir con su trabajo, no prometer que va a cumplir de manera discrecional”, dijo el especialista en Administración Pública.
Por eso considera viable la promesa que el abanderado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) hizo en el foro organizado por el sector industrial y exportador Index, pero tiene observaciones.
En ese panel al que acudieron cinco de los seis aspirantes a la gubernatura, Martínez Veloz ofreció “la pavimentación inmediata de la calle 4 sur, junto con la calle 1, 3 y 4, y la rampa de enfoque de camiones que permita la agilización del tráfico”.
Adán Castillo explicó que aunque el ejecutivo tiene a su cargo la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano Estatal (Sidue), y podría pavimentar esas calles de la zona industrial de Otay en Tijuana, la dependencia no debe obedecer a sus órdenes directas sino a un programa.
El académico en UABC e Ibero Tijuana agregó que un gobernador también puede firmar un convenio con el municipio para realizar la obra, pero seguir rehabilitando esas calles en las que transitan vehículos de carga tampoco es la solución.
De vuelta a la normatividad, el también ex funcionario de Desarrollo Urbano municipal dijo que el Reglamento de tránsito prohíbe a los camiones de carga circular fuera del horario permitido, que es entre once de la noche y siete de la mañana.
Porque con menos vehículos en las calles los camiones pesados desgastan menos el pavimento con su constante arranque y frenado, pero hoy se mueven a todas horas, agregó.
“Por eso ese pavimento dura tan poco. No es mal pavimento, simplemente no se usa como debería”, comentó.
De acuerdo con el reglamento de tránsito, la falta merece una multa de entre 2 mil 534 pesos y 3 mil 802 pesos, pero en otra discrecionalidad, las autoridades lo dejan pasar para evitar conflicto con los industriales, subrayó Adán Castillo.
