Tras la recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a la Fiscalía General del Estado, en la que se acreditaron actos de tortura y violaciones a los derechos humanos en contra de personas detenidas en la otrora Procuraduría General de Justicia en los años 2011 y 2012, la ex senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Angélica de la Peña Gómez, hizo un llamado al gobierno federal para que se destituya a Felipe Muñoz Vázquez de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Fiscalía General de la República, al menos hasta que concluyan las investigaciones por los casos de tortura cuando encabezó la procuraduría local.
“Lo correcto sería que deje el encargo para ponerse a disposición de la autoridad. Si no lo hace, la autoridad que lo nombró lo conmine a que responda por la recomendación de la CNDH y se deslinden responsabilidades, eso es lo lógico, pero no tendría que llegar a ese nivel sino que sea por una decisión personal que él atienda el caso”.
Comentó que la recomendación no debe minimizarse a pesar de que los hechos ocurrieron hace más de siete años, por lo que la Fiscalía General deberá investigar las responsabilidades que tuvieron las autoridades señaladas para aplicar las sanciones correspondientes, pero sobre todo evitar que se sigan repitiendo los actos de tortura.
“Hoy estamos pidiendo al actual fiscal de la entidad que es necesario que asuma todas las recomendaciones que hace la comisión nacional para que se logre la reparación del daño a las víctimas, no solamente en la parte económica sino con que las autoridades y servidores públicos que en su momento se vieron involucrados en estos hechos, sean sancionados”, destacó.
La ex presidenta de la Comisión de Derechos Humanos afirmó que de todos los casos denunciados, sólo en 25 continuó la investigación de los hechos, los cuales acusaron actos de tortura no sólo por parte de personal de la procuraduría, sino también por parte del sector salud.
“De estas 25 personas, 20 son hombres y cinco mujeres, además de que uno de ellos se desistió en la denuncia después de la ratificación”, comentó la ex legisladora del sol azteca.
Las sanciones para los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia que realizaron actos de tortura podrían ir desde la reparación del daño a la víctima hasta prisión, de acuerdo a la gravedad de cada caso, añadió.
Tras la aprobación en el Senado de la República de la Guardia Nacional, el Congreso de la Unión y los parlamentos estatales deberán vigilar que se armonicen otras leyes para garantizar que con esta nueva figura de seguridad pública se registren más casos de violaciones a los derechos humanos o de tortura.
“En la legislación local se deberá de atender parte de los transitorios de la ley para que no se dé la militarización del país, hay que acatar ciertas leyes en relación a las nuevas que se van a redactar como la del uso legítimo de la fuerza, la ley sobre las personas detenidas y por supuesto que se atienda la ley contra la tortura y de manera importante, la Ley de Ejecución Penal, que norma la operación de los reclusorios estatales y federales, y todo esto se debe tomar en cuenta para garantizar que la Guardia Nacional cumpla con estos preceptos en materia de derechos humanos”, señaló.
Por lo anterior, De la Peña Gómez se pronunció a favor de que se pueda dotar de “más dientes” a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las comisiones de los estados para que sus recomendaciones sean vinculatorias y las autoridades de gobierno señaladas acaten sus disposiciones, sin que se dé la oportunidad de evadirlas o desacatarlas.
“Las comisiones de derechos humanos deberían tener más funciones de autoridad, es decir, que sus recomendaciones fueran vinculantes para que se acaten por las autoridades señaladas. Yo sí creo que las comisiones deberán tener más dientes, como por ejemplo el esquema de Colombia, en donde se tienen más condiciones para que las recomendaciones sean atendidas”, finalizó.
