La salvadoreña Maira Figueroa sufrió una violación cuando tenía 19 años, quedó embarazada, pero un problema obstétrico le causó un aborto espontáneo. Por este hecho la justicia de su país la condenó a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado.
Después de cumplir 15 años en la cárcel, este martes fue liberada tras recibir la conmutación de la pena por parte del Gobierno de El Salvador, tras un dictamen favorable emitido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La mujer, de 34 años, es la segunda en obtener una sentencia de este tipo en un mes. En su caso, el tribunal determinó que su sentencia fue excesiva e inmoral.
El Salvador tiene una de las leyes más estrictas contra el aborto en el mundo, y decenas de mujeres han sido condenadas por homicidio durante las últimas dos décadas después de experimentar embarazos complicados y perder un bebé.
A las mujeres se les prohíbe buscar un aborto incluso en casos de violación o incesto, o cuando su propia vida podría estar en peligro por el embarazo.
En la actualidad, los grupos de defensa dicen que alrededor de 27 mujeres están en prisión después de ser declaradas culpables bajo la ley de aborto del país. Muchas de las mujeres están acusadas de homicidio agravado, lo que conlleva una sentencia mínima de 30 años en la cárcel.
“Me siento feliz de estar con mi familia”, declaró a la prensa la recién liberada. “Espero que a otras mujeres se les dé la oportunidad de salir en libertad”, dijo.
Figueroa sufrió en 2003 una emergencia obstétrica en la casa en donde trabajaba como empleada doméstica y fue llevada con una hemorragia a un hospital en la ciudad de Chalchuapa, 89 km al oeste de San Salvador, publicó la AFP.
El bebé murió. En el hospital “fue detenida y acusada de haberse provocado un aborto”, explicó este martes en un comunicado el colectivo Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (ACDATEE).
La fiscalía la acusó de homicidio agravado y en 2003 un tribunal de la ciudad occidental de Ahuachapán la condenó a 30 años de prisión.
El 31 de enero de 2017 el colectivo, que agrupa a 15 organizaciones de defensa de los derechos humanos y de la mujer, pidió la conmutación de su pena de prisión ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Casi dos meses después la CSJ, según AFP, resolvió avalar la conmutación de la pena y comunicó la decisión al Ministerio de Justicia y Seguridad, que dio su acuerdo y posteriormente ratificó el presidente Salvador Sánchez Cerén.
Según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, a Figueroa se le “irrespetó la presunción de inocencia”, pues en el juicio no se escuchó su versión de los hechos y “no tuvo una defensa adecuada”, publicó la agencia de noticias.
“Maira sufrió un problema obstétrico y no cometió homicidio”, sostuvo.
Otra mujer, Teodora Vásquez, fue liberada en febrero después de pasar casi 10 años en prisión por una condena similar. Vásquez afirmó que había comenzado a tener dolor abdominal al final de su embarazo y se desmayó. Sin embargo, ella fue acusada de asesinato cuando su bebé murió.
Afuera de la cárcel Teodora Vásquez se fundió en un abrazo con Maira Figueroa, con quien compartió las celdas.
A pesar de su liberación, las condenas de las mujeres seguirán vigentes y seguirán considerándose criminales según las leyes draconianas del país.
Frente a la presión continua de los grupos de defensa y la comunidad internacional, El Salvador parece estar listo para enmendar su severa ley antiaborto.
Se han propuesto dos enmiendas al código penal del país. Las enmiendas permitirían terminar un embarazo legalmente si la salud o la vida de una mujer están en riesgo, en casos de violación y si se detectan deficiencias fetales fatales. El Congreso ahora necesita promulgar las enmiendas.
Sin embargo, se espera que las propuestas reciban una fuerte oposición de la iglesia católica y otros grupos religiosos en el país.
(Con información de Cristina Maza/ Newsweek)
