El proceso electoral para el Poder Judicial del 1º de junio no resistió ni el 13% del electorado, ¡se derrumbó! La reforma judicial solo fue un abanico de animadversiones, rencores, venganzas, procesadas desde un odio irracional. Fue una pena internacional, que después de 34 años de ser México vanguardia y admirado por países democráticos, con más de 340 procesos electorales en los que de manera civilizada se transitó el poder público, que la construcción colectiva del procedimiento electoral dejó satisfacción política y conformidad jurídica; que casi el 70% fueron alternancias. Con Morena en la disputa la gran mayoría han sido a su favor.
La elección del 1º de junio es una contradicción a la lógica, la coherencia, la política, la Constitución, la ley, la ética, ante evidente fracaso electoral, la irresponsabilidad legislativa, faltas al principio de legalidad, violación al secreto y coacción al voto mediante la vulgaridad del “acordeón judicial”, sepulturero de la democracia, falta de certeza y autenticidad; es incoherente que se celebre en foros gubernamentales como un éxito: “la mejor democracia… ¡del muuundoo!”. Sin duda, no es tiempo de echar al vuelo las campanas cuando la democracia reclama legalidad, sensatez, educación, cultura, coherencia…, calidad, certeza, …, en sus procedimientos. Partamos de dos conceptos, legalidad y legitimidad.
Legalidad. Jurídicamente constituye el cumplimiento cabal de normas del juego democrático que ordena la Constitución y su ley reglamentaria, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, LEGIPE, que NO contiene los procedimientos para la elección judicial, en ese mérito, no engendrará las instituciones que deberían nacer de este proceso electivo. El vacío de derecho positivo no da garantía fundacional. Éticamente, una reforma inacabada puede cuestionarse desde una perspectiva de justicia y valores humanos, aquí ¡no hubo tales virtudes! Moralmente, la legalidad enfrentó a lo correcto, pero ganó lo incorrecto, violación de principios democráticos, construcción de ciudadanía sustituida por “el bandoneón”. Políticamente la legalidad es un instrumento de legitimación del poder. La legalidad consolida la autoridad. Padecimos un efecto inverso, la política no dependió del cumplimiento de la ley.
Legitimidad. Jurídicamente es la validez de la norma o acto dentro del marco legal establecido si se crea conforme a procedimientos y principios del derecho, la LEGIPE, no reguló el proceso electoral judicial. Políticamente, debe tener la aceptación y reconocimiento de la sociedad, pero 9 de cada 10 dijeron NO; el poder público es legítimo cuando cuenta con respaldo de la ciudadanía por elecciones democráticas o por consenso social. Desde la Ética, no se fraguo la coherencia entre acciones y principios morales. El 13% votó, 10% lo hizo coaccionado, del acordeón a la boleta, luego a la urna, sin autonomía ni libertad. La incongruencia: una elección es legal en nuestro sistema electoral de “mayoría relativa”, no importa el porcentaje de participación. La elección judicial no es legítima. La legitimidad Moral de una acción se basa en su aceptación dentro de un sistema de creencias compartido. Una cosa es recibir “bienestar” constitucional y otra dejarse enajenar. La Legitimidad, expresa que la pretensión que acompaña a un orden político debe reconocerse como correcto, justo y con argumentos contundentes de escolta social. Ambos no son conceptos absolutos, dependen del contexto, la circunstancia y la percepción social.
Cuando el 90% dice NO, ¡sencillamente es NO! Participación heterogénea entre el 9 y el 25 % en los estados. 450 Millones de votos emitidos, de ellos 118 millones nulos. La participación mayoritaria fue de baja escolaridad. Lo preocupante: La degradación de los estándares de integridad electoral es un riesgo, aunado a una reforma electoral cantada.
El actual poder público es solipsista, la única realidad tangible es su YO, la comprenden con ese “nosotros” que cancela diálogo y pluralidad, la realidad son solo ellos, los demás “son reaccionarios, conservadores, traidores a la Patria, la derecha…”, pero no existen en el horizonte político. La Legalidad tiene un término simple, que el Estado cumpla lo que la ley ordena, no ocurrencias de mitin conmovedor sin esfínteres políticos; y, la garantía que la ciudadanía haga todo lo que la ley no le prohíbe.
Se encolerizaron las voces que, en antaño, gritaban, ofendían, mentían, simulaban, mercadeaban la agitación…; en hogaño no asumieron virtudes de Estado. Con ello queda demostrada y cierta la observación respetuosa de la Organización de Estados Americanos y la interpretación del Doctor Daniel Zovatto: a.- fue un Proceso Electoral complejo y polarizante; b.- amerita muchas mejoras, sobre todo falta de legislación secundaria; c.- evaluar el modelo electoral de autoridades judiciales, si contribuye a fortalecer la independencia del Poder Judicial; d.- toda reforma se deberá hacer de manera gradual, con diagnóstico, por etapas, con diálogo, creando reglas del juego, con reconocimiento de la ciudadanía y afirmación internacional; e.- “la misión de la OEA no recomienda que este modelo se replique en otros países de la región”.
