El sociólogo e investigador del Conahcyt, Edgar Guerra Blanco, advirtió que la atención a las deficiencias en los penales de Aguascalientes depende de la voluntad política de la Fiscalía y del Gobierno estatal, ya que los informes y recomendaciones de organismos nacionales e internacionales no tienen un carácter obligatorio.
“Depende de la voluntad política que tenga la Fiscalía para atender ese informe”, señaló Guerra Blanco.
El investigador explicó que en los últimos años se ha debilitado la importancia de los convenios y tratados internacionales que México ha firmado, lo que reduce el impacto de las observaciones emitidas por organismos como la ONU.
“Desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se ha deslegitimado mucho el peso que tienen los tratados y los convenios internacionales que México ha asignado con organizaciones, organismos y otros países”, afirmó.
En este sentido, Guerra Blanco subrayó que aunque los informes pueden evidenciar problemáticas serias en el sistema penitenciario, las autoridades locales no están obligadas a seguir sus recomendaciones.
“Hoy por hoy, no siempre pesan este tipo de informes, este tipo de observaciones o incluso si hubo una recomendación ahí tampoco… no hay algo que obligue, en este caso, a la Fiscalía a acatar la recomendación”, sostuvo.
El informe de la ONU-DH documentó que entre 2010 y 2014 hubo una práctica sistemática de tortura y malos tratos en Aguascalientes, perpetrada por funcionarios de la entonces Procuraduría General de Justicia del estado. Además, la CNDH emitió en enero de 2024 la recomendación 252/2023, en la que señaló deficiencias en la atención médica, revisiones indignas a visitantes y falta de personal en los penales de la entidad.
“Todavía hay muchísimo trabajo que hacer para tratar de dar no solamente mejores condiciones laborales a quienes ahí trabajan, no solamente mejores condiciones a quienes están ahí recluidos, sino también asegurar que no se vayan tejiendo estas redes de complicidad y de criminalidad”, concluyó el experto.
