Con 19 votos a favor, el Congreso de Aguascalientes aprobó un punto de acuerdo propuesto por el diputado Heriberto Gallegos, para solicitar al Congreso de la Unión que no apruebe la reforma a la Ley del ISSSTE.
Durante la primera sesión del segundo periodo ordinario, el diputado perredista Heriberto Gallegos, explicó que la reforma, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aumenta las cuotas de seguridad social de los trabajadores con ingresos superiores a 10 UMA´s, lo que, según él, afectaría sus percepciones salariales.
““El incremento en las cuotas de los trabajadores representa una carga desproporcionada, quienes ya enfrentan otros compromisos financieros”, señaló el diputado.
El 28 de febrero del presente año, representantes del magisterio expresaron su preocupación por un posible recorte de hasta el 30% en sus salarios.
Al respecto, Gallegos destacó que el Congreso local apoyará a los trabajadores del estado, razón por la cual se presentó este punto de acuerdo.
“La seguridad social es un derecho fundamental y cualquier modificación en su esquema de financiamiento debe garantizar el bienestar de los derechohabientes y no representar una carga económica injusta para ellos”, enfatizó.
Finalmente, el diputado subrayó que el problema financiero del ISSSTE no debe resolverse a costa de los trabajadores, sino a través de “una estrategia integral que contemple una mejor administración de los recursos”.
Rechazo en otros estados
Hasta el día de hoy, docentes afiliados al SNTE de Zacatecas, Guerrero y Quintana Roo se sumaron al rechazo contra esta iniciativa, expandiendo las manifestaciones más allá de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que se han posicionado abiertamente contra la reforma.
En Aguascalientes, manifestaciones similares, pero más reducidas, han tenido lugar esta semana.
Mientras tanto, en San Lázaro, la reforma se encuentra frenada: Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso, ha asegurado que no hay prisa por aprobarla y que se votará hasta llegar a un acuerdo con los maestros.
La reforma establece que el 2.7% de la compensación económica otorgada a los servidores públicos de confianza de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se destine a los servicios de salud e instalaciones gestionados por el ISSSTE.