Ante la inminente reforma constitucional que transformará los institutos de transparencia estatales, el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA) ha planteado la creación de una sala especializada dentro del Tribunal de Justicia Administrativa.
Jorge Armando García Betancourt, comisionado presidente del ITEA, destacó que esta sala buscaría garantizar que los ciudadanos puedan presentar quejas y resolver disputas relacionadas con el acceso a la información y la protección de datos personales de manera imparcial.
“La reforma centraliza las funciones de transparencia en la Contraloría, lo que podría generar conflictos al convertir al nuevo organismo en juez y parte. Para evitarlo, hemos propuesto que el Tribunal de Justicia Administrativa incorpore una sala especializada que pueda atender estos casos de forma autónoma”, explicó García Betancourt.
El funcionario detalló que la propuesta contempla fusionar esta nueva sala con la Unidad Anticorrupción, que actualmente opera bajo el Tribunal. Esta integración permitiría abordar de manera integral temas relacionados con la transparencia, los datos personales y la lucha contra la corrupción.
“Otros estados ya cuentan con salas especializadas en anticorrupción. Nuestra idea es aprovechar esta estructura para sumar las funciones de transparencia, fortaleciendo la defensa de los derechos ciudadanos”, afirmó.
La reforma, que fue aprobada por más de 17 estados y está pendiente de publicación en el Diario Oficial de la Federación, establece que las funciones de los institutos de transparencia serán asumidas por los órganos internos de control y la Contraloría estatal. Esto ha generado inquietudes sobre la autonomía técnica del nuevo organismo.
“La falta de independencia puede afectar la imparcialidad en la resolución de recursos de acceso a la información. Por eso insistimos en la necesidad de una estructura especializada y autónoma dentro del Tribunal”, subrayó García Betancourt.
El comisionado también manifestó preocupación por el futuro de la Plataforma Nacional de Transparencia, que, según el dictamen de la reforma, sería absorbida por el INEGI. Para garantizar que la ciudadanía siga teniendo acceso a la información, el ITEA ha solicitado formalmente al INAI los datos estatales con el objetivo de desarrollar una plataforma local.
Finalmente, García Betancourt informó que el ITEA cerrará 2023 con un presupuesto autorizado de 29 millones de pesos y un proyectado de 31 millones para 2024. Sin embargo, si el organismo se disuelve, los recursos y parte del personal, que actualmente asciende a 40 trabajadores, serán transferidos al Gobierno del Estado.
“Uno de los objetivos de la reforma es eliminar duplicidades. Por ejemplo, el órgano interno de control del ITEA desaparecerá para evitar redundancias con la Contraloría. Este cambio también implica que no todos los trabajadores serán absorbidos por el nuevo esquema, lo que reduce la plantilla laboral a la mitad”, concluyó el comisionado.
La creación de la sala especializada y la armonización de las leyes locales se discutirán en los próximos meses en el Congreso estatal.
